Desaparición forzada, marca distintiva de la guerra contra el narcotráfico; jóvenes y menores de edad, principales víctimas

Por: Emma Martínez / 22 junio, 2015

(22 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La Open Society Justice Initiative demandó recientemente al Gobierno Mexicano responder con acciones positivas a la evaluación internacional “altamente crítica de la epidemia” de desapariciones forzadas que ha dejado más de 23 mil 600 personas oficialmente registradas como no localizadas o desaparecidas.

Open Society Justice Initiative, al entregar información al CED, afirmó que “es imperativo que el Estado Mexicano aborde las desapariciones forzadas generalizadas, porque no estamos lidiando con incidentes de criminalidad aislados, sino con fallas profundas del sistema de justicia penal. Éstas sólo pueden ser resueltas con una auténtica rendición de cuentas y reformas de fondo”.

También se aseguró que después de utilizar la desaparición de personas como una estrategia durante la llamada “Guerra Sucia”, en el actual gobierno, se ha transformado en “la marca distintiva de la guerra contra el narcotráfico, una guerra basada en el despliegue nulamente funcional de las fuerzas de seguridad federal, incluyendo al Ejército y la Marina”.

Aunque durante el sexenio de Felipe Calderón las cifras de desaparición forzada se mantuvieron en constante incremento, con Peña Nieto se obtuvo la cifra más alta registrada en 2014, con 5 mil 133 desapariciones, superando así a las 4 mil 539 de 2013. La última información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México contabiliza poco más de 23 mil 600 personas desaparecidas.

Justice Initiative atribuye este incremento a debilidades fundamentales del sistema mexicano de justicia penal, constantes deficiencias en la operación de las instituciones creadas para proteger la seguridad y derechos de los ciudadanos mexicanos, incluyendo la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como “al fracaso del gobierno en el avance de las reformas prometidas, incluyendo el inexistente Plan Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y la no aprobación de reformas a leyes que prohíban las desapariciones forzadas y permitan la investigación y persecución de delitos internacionales en virtud del Estatuto de Roma”.

“Del último año a la fecha, la desaparición forzada ha adquirido nuevas características, ahora la Marina es a quien se le acusa con mayor frecuencias de este hecho y las principales víctimas están siendo menores de edad y jóvenes, la mayoría de las ocasiones”, argumenta el especialista en derecho militar, Luis Castro.

Añade que “la zona norte del país, se ha convertido en uno de los principales focos rojos de desapariciones de estos grupos de personas, los casos aumentan día con día y en todos las denuncias se involucra la Marina; las acciones mantienen, con ligeras variaciones, los mismos pasos en el procedimiento de desaparición”.

Corina Álvarez Gutiérrez, hace un año interpuso una demanda en contra de personal operativo de la Secretaría de Marina (Semar), por la detención, incomunicación y desaparición de su hermano Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Aquel 30 de julio, aproximadamente a las dos de la tarde, Corina recibió una llamada telefónica donde informaron que su hermano había sido detenido por oficiales de la Marina. A partir de ese momento trató de comunicarse con su hermano Raúl a su teléfono celular, pero no le contestó.

Dos testigos dieron a conocer que poco después de mediodía, un grupo de marinos habían detenido a dos personas argumentando una revisión. Uno de ellos, era Raúl. A ambos individuos los subieron a una de las camionetas tipo pickup, color gris, de la secretaría y se los llevaron.

Corina se dirigió a instalaciones de la Marina para preguntar por su hermano, pero dos agentes respondieron que ahí no tenían a ninguna persona detenida. Aunque dejó la fotografía de su hermano y un teléfono para algún aviso, jamás le llamaron.

A decir por especialistas, los menores de edad, con frecuencia son mayormente relacionados con delitos, aun cuando presenten antecedentes de buen comportamiento y conducta.

Hace un año, María Guadalupe Rodríguez denunció al personal operativo de la Secretaría de Marina por el allanamiento de su domicilio y la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, de su hijo Juan Pablo Hernández Rodríguez, de 13 años de edad.

Ella asegura que a su domicilio entraron elementos de la Marina, localizaron a su hijo y pretendían detenerlo; el menor intentó resguardarse con ambos padres, al darse cuenta que las personas venían armadas, vestían uniformes y chalecos antibalas con la leyenda Marina.

Los elementos obligaron al menor a que saliera de su casa para una revisión y después les dijeron que lo detendrían para realizar una investigación, arrebatándole así al menor de los brazos de la madre.

A salir los uniformados de la vivienda, el padre del menor Jesús Hernández Salazar, salió detrás de ellos y les pidió acompañar a su hijo, pero no le hicieron caso y se llevaron al chico.

El padre los intentó seguir en su automóvil, pero metros adelante lo detuvieron los agentes; le quitaron las llaves y no amenazaron con las armas, él acudió a la Ciudad Deportiva, donde elementos de la Marina tienen un campamento provisiona. Dos oficiales de guardia que estaba en el lugar le aseguraron que no tenían personas detenidas y que fuera a la Procuraduría General de la República (PGR) a pedir información.

Horas más tarde, la Procuraduría General de Justicia del estado, llamó a los padres de familia para informarles que habían encontrado el cuerpo de su hijo muerto, con huellas de tortura y aunque todos los vecinos testificaron que se trataba de un caso en el que hubo intervención de la Marina, los elementos lo negaron sin rendir una explicación familia.

“En México, un obstáculo más para las víctimas menores de edad, desparecidas forzadamente, es la estigmatización en contra su contra, aunque podría considerarse que es igual en cada caso, se recrudece más tratándose de quienes han sido desaparecidos por fuerzas federales y son jóvenes, porque el gobierno ha trabajado arduamente en crear un patrón que coloque a estos grupos de personas en potenciales delincuentes”, asegura Castro.

El especialista explica que se suma la falta de investigaciones frente a este tipo de desapariciones, ya que el Ministerio Público omite procedimientos elementales, como el interrogatorio a los funcionarios presuntamente responsables, y no adopta medidas básicas, porque desde que conocen el caso, estigmatizan al menor o joven, al predisponerse y atribuirle una culpabilidad, en un juicio personal.

“La primera acción, por parte de las autoridades, es en automático, la afirmación que se trata de ‘levantones’, o secuestros perpetrados por el crimen organizado; reiterando que a quien le pasa, se debe a su participación en actividades ilícitas. Es así como se obtiene una visión intrínsecamente sesgada del problema y en muchos casos, terminan revictimizando a los familiares; muchas veces sin posibilidades de obtener justicia, ya que son las autoridades gubernamentales los segundos actores, que contribuyen al éxito de la desaparición forzada”, sentencia María Concepción Salvador, defensora de Derechos Humanos y víctimas de desaparición forzada.

Salvador asegura que las desapariciones se viven siempre de la misma manera, ya que las familias que buscan a sus hijos desaparecidos en el contexto de la violencia armada, son parecidas en el coraje y cansancio, a quienes antes buscaron a sus hijos desaparecidos, en el contexto de la política represiva contra disidentes políticos”.

“En México, menores de edad y jóvenes viven una devaluación de su persona, catalogándolos como delincuentes o potenciales delincuentes, idea que ha colaborado muy de cerca con el gobierno y fuerzas armadas, en su lucha por demostrar que su estrategia ha funcionado, como en épocas, tales como el 68, cualquier joven que ha padecido desaparición, es nombrado automáticamente, miembro de grupos delictivos, pero antes de que el aparato gubernamental lo diga abiertamente, tiene a esa gran parte de la sociedad vocera, que condena, sin conocer, critica sin padecerlo y estigmatiza, sin ganar o perder algo”, puntualiza Salvador.

Open Society Justice Initiative, concluye que México se sitúa en “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”, al mismo tiempo se da a conocer que existe un “ambiente de impunidad creado por la casi inexistencia de condenas por desaparición forzada, a pesar de la numerosa cantidad de casos reportados”.

Asegura que en las desapariciones forzadas, las principales inconsistencias en los casos perpetrados por las fuerzas de seguridad federales y estatales, incluyen:

Falta de estadísticas oficiales confiables sobre desapariciones forzadas; intimidación y amenazas a familiares de víctimas de desaparición forzada, así como defensores de derechos humanos y defensores de víctimas; la falta de investigaciones efectivas con la debida celeridad; fracaso en la identificación de casos de desaparición forzada; la no remisión de casos de desaparición forzada con involucramiento de militares a la jurisdicción civil; falta de registros confiables de las personas que se encuentran bajo la custodia del Estado.

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