A un año del asesinato de Esteban Cruz, amenazas contra opositores a megaproyectos de Moreno Valle continúan

Por: Edgar Rosas / 24 junio, 2015

(24 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En Puebla la persecución de activistas que se oponen y luchan en contra de los intentos del gobierno estatal de Rafael Moreno Valle por imponer los denominados megaproyectos, ha sido una característica presente en los últimos años, misma que ha dejado detenciones arbitrarias y asesinatos de gente que ha sido opositora al desarrollo de esta clase de “proyectos de muerte”.

Al respecto, el 4 de junio del 2014 el activista poblano Antonio Esteban Cruz fue asesinado con cuatro disparos de arma de fuego en el paraje conocido como El Rincón, ubicado a orillas del río Apulco, en la comunidad de Cuautapanaloyan, en Cuetzalan, Puebla. Este defensor de la naturaleza en la Sierra Norte de la entidad, se había caracterizado por su labor en contra de la imposición de los megaproyectos, principalmente por ser uno de los opositores a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco.

En lo referente, familiares e integrantes del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (MIOCUP)-del cual Esteban Cruz era líder- demandan que a un año del crimen, aún no hay justicia en el caso y por el contrario se ha presentado una actitud negligente por parte de las autoridades para resolver el hecho.

En palabras de Enrique López Hernández, integrante de la Coordinación Estatal del MIOCUP, a más de un año del asesinato del activista, las autoridades encargadas de la pesquisas no han hecho una investigación a profundidad y han intentado fabricar responsables con lo cual se dé carpetazo al tema. Al respecto, agregó que el asesinato de Esteban Cruz fue perpetrado por su labor emprendida en contra de los megaproyectos.

López Hernández explicó que luego del crimen, las autoridades detuvieron a cuatro personas señaladas como responsables intelectuales y materiales del crimen. Sin embargo, detalló que a través de declaraciones manipuladas por la propia autoridad, pretendieron responsabilizar por completo a los detenidos, sin una investigación profesional.

En particular, manifestó que con trampas se obligó a los hijos del activista asesinado a firmar declaraciones que se les adjudicaban sin que ellos las hubieran hecho, pero en donde se señalaba como responsable a los detenidos.

“Francisco Santiago Mora López, José Amador Santos Mora, Miguel Antonio Hernández Mora, y Juan Alberto Hernández fueron presentados como los autores intelectuales y materiales (…) la policía Judicial y el MP manipularon diversas declaraciones para tratar de establecer que los hijos de la víctima no sólo habían presenciado el asesinato de su padre, sino que también habían identificado a los probables responsables, para ello incurrieron en la elaboración de entrevistas y comparecencias redactadas de manera unilateral, sin la intervención de los hijos de Antonio a los cuales sólo les presentaron documentos para que firmarán sin permitirles que se les fueran leídos por un traductor de lengua náhuatl”, manifestó.

En tal sentido, agregó que durante el proceso que se ha llevado, el fiscal encargado del caso ha presionado a la familia, en especial a los hijos de Antonio Esteban, para que en su momento acusaran y señalaran a los cuatro detenidos antes mencionados, como los responsables del crimen; entre otras cosas, pretendieron ejercer presión argumentando que si no se procedía contra los detenidos, su familia corría el riesgo de ser asesinada.

“El fiscal del caso desde el principio presionó a la familia del compañero y en especial a sus hijos, a fin de que acusaran y señalaran que estas personas fueron las que cometieron el asesinato y que incluso fue por motivos personales, dejando de lado la problemática que se vive en la región (con la defensa de la los recursos) (…) no hubo investigación real del caso que permitiera comprobar la culpabilidad de los detenidos, por lo que ante la falta de profesionalismo en las investigaciones y la falta de voluntad de las instancias investigadoras, se ha creado un acto de impunidad”, manifestó.

Aunado a lo anterior, agregó que las autoridades también manipularon las declaraciones de dos testigos, e igual que en el caso de los hijos del activista, con engaños se hizo que firmaran los documentos.

“La policía judicial y el MP también redactaron declaraciones que en ningún momento rindieron los testigos Marcelo Hernández Vásquez y María Asención Mora, a estas personas al igual que los hijos del compañero Antonio Esteban Cruz, por medio de engaños los convencieron de que firmaran las declaraciones sin darles oportunidad a leerlas y a estar asistidos por un traductor”, dijo.

Ante estos hechos, explicó que los hijos del activista, durante el juicio oral celebrado el pasado 12 de junio, rechazaron los testimonios manipulados y manifestaron no tener la certeza de que los cuatro detenidos son los responsables del asesinato, con lo cual se echa para atrás los intentos de cerrar el caso y fabricar culpables.

“En la audiencia final, los hijos del compañero Antonio Esteban y los testigos Marcelo Hernández Vásquez y María Asención Mora, no reconocieron las declaraciones y señalaron que a ellos no les constaban los hechos y que por lo tanto no podían aseverar que los acusados eran culpables. Ante la falta de ratificación de las declaraciones que les fueron atribuidas, el fiscal adoptó una actitud totalmente hostil, intimidándolos y tratando a toda costa de obligarlos a que declararan que la organización MIOCUP los había incitado para que se retractaran de su declaración (…) La familia de Estaban Cruz insistió que es responsabilidad de la Fiscalía hacer las investigaciones y esclarecer profesionalmente las líneas de las mismas, de tal manera que no se fabriquen responsables para dar carpetazo al caso del compañero Antonio Esteban Cruz”, apuntó.

“Esto es una muestra del sistema fallido que tenemos”

De acuerdo con Sandino Rivero, abogado de la familia e integrante de Defensa Estratégica en Derechos Humanos (DEDH), este actuar por parte de las autoridades en Puebla es una muestra de las fallas del sistema de justicia mexicano. Declaró que a pesar del establecimiento de un nuevo sistema de justicia, que supondría otro tipo de principios para la realización de las investigaciones, las cosas se siguen haciendo como antes, “en donde el MP sigue haciendo como que investiga pero al final hay falsos culpables”.

Manifestó el rechazo ante la fabricación de los culpables y enfatizó la necesidad de que las autoridades emprendan una investigación eficaz y profunda para determinar a los responsables del asesinato.

“Pugnamos para que no se procesaran personas a partir de pruebas que no eran verdaderas. El MP lo que hizo en su momento fue recabar algunas entrevistas de los hijos, entrevistas en las que no estuvieron presentes los traductores para asesorar bien a los hijos y  la misma institución generó presión para que hayan firmado las declaraciones”, apuntó.

Asimismo comentó que ante la decisión tomada de no ratificar los testimonios manipulados, “se generó bastante molestia en el MP porque no se lo esperaba, el MP siempre había presionado para que los hijos dijeran lo que se había establecido en la entrevista, que ellos eran testigos de los hechos y que podían identificar a las personas que habían matado a su papá. Lo real es que esto no fue así, el MP, ante la falta de base para investigar, ante la falta de profesionalismo, creó estas entrevistas para favorecer una sentencia”.

Rivero enfatizó que la exigencia es que se realice una investigación profunda, seria e imparcial, con lo cual se pueda determinar a los verdaderos responsables del asesinato.

“Como los hijos dijeron que no les consta quién mató a su papá, esta acusación se cayó, por eso salieron absueltos los cuatro detenidos. Lo que nosotros exigimos a la procuraduría de Puebla es una investigación imparcial y exhaustiva, a lo mejor los detenidos si son responsables, pero no hubo una investigación seria que los pudiera llevar a la sentencia, no ha habido una, y la Fiscalía debe seguir investigando y dar con los autores en caso de ser otros, porque el hecho de que estos cuatro hayan quedado absueltos, no impide que la Fiscalía siga generando investigación”, manifestó.

“Persisten las amenazas de muerte en la región”

Francisco Jiménez Pablo, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) sentenció que luego del asesinato de Antonio Esteban Cruz, las amenazas en contra de quienes se oponen a megaproyectos continúan.

Señaló que el ambiente en la zona nororiental del estado se encuentra tenso, ya que luego de varios intentos del gobierno de Moreno Valle, no ha podido implementar los megaproyectos planeados para la región.

“En la región persisten distintas amenazas de muerte a la propia familia y compañeros de la organización. El ambiente es tenso puesto que el gobierno de Puebla no ha podido implementar un proyecto de construcción de presas hidroeléctricas, de minería a cielo abierto. Hay una resistencia de la comunidad y el ambiente que se vive es tenso, de amenaza, de represión por parte del gobierno de Puebla que no cesa en su actuar”, manifestó.

Sentenció que en los últimos 3 años, 12 integrantes de la CNPA-MN han sido asesinados, sin que hasta el momento haya respuestas en los casos. Detalló que han pedido la intervención de la CNDH, sin embargo, dijo, no ha emitido postura sobre los homicidios.

“Se ha planteado a la CNDH lo que ha sido la investigación y a la fecha no ha emitido recomendaciones. Igualmente se planteó al subsecretario de derechos Humanos, Roberto Campa. Hemos planteado al gobierno federal incluso que ejerza la facultad de presión para que no sean las autoridades de Puebla las que investigan, puesto que son ellos quienes han estado interesados en realizar estos proyectos y la muerte del compañero Esteban Cruz tiene que ver con la lucha contra estos proyectos”, dijo.

Detalló que se ha solicitado al gobierno federal que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga los casos y los investiguen, puesto que los gobiernos locales “no tienen la autoridad moral para indagar los hechos”.

“En la zona nororiental de Puebla se ha dado el asesinato de Esteban y varias amenazas de muerte contra los dirigentes. Hay 80 proyectos mineros en la región y cinco presas hidroeléctricas, pero no se ha implementado ninguno por la resistencia”, dijo.

Cabe recordar que desde que se registró el asesinato, Jiménez Pablo responsabilizó del crimen en contra de Esteban Cruz al gobierno de Puebla. pues aseguró, la administración encabezada por Moreno Valle quiere entregar los recursos.

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