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Por: Redacción Revolución / 11 mayo, 2015
Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(11 de mayo, 2015).- Los jornaleros de San Quintín, agrupados en la Alianza e Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, han llevado a cabo una nueva petición; la renuncia del gobernador de Baja California Francisco Vega de Lamadrid.
Lo anterior después de que el sábado pasado ocurriera el operativo contra familias de cuatro colonias, en la delegación Vicente Guerrero, donde hubo agresiones por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva que irrumpieron en sus viviendas.
Por su parte los voceros de la alianza, Fidel Sánchez Gabriel, Juan Hernández y Bonifacio Martínez, expresaron que será al Senado a quien pidan la renuncia del panista “por los actos represivos que ordenó contra los jornaleros y sus familias”.
A su vez las organizaciones que conforman al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social también manifestaron su preocupación “ante los hechos recientes de represión en contra de las y los jornaleros en San Quintín, Baja California, los cuales se enmarcan entre las protestas que han realizado en los últimos meses para exigir condiciones laborales dignas”.
““Frente a la zozobra en la que se encuentran hombres, mujeres, niños y las niñas en San Quintín, hemos tenido conocimiento del uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos en los acontecimientos que tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de dialogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo”, se remarcó.
Además se indicó: “Ante los sucesos del día 9 de mayo, reprobamos el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial. Estas acciones en su conjunto dieron como resultado varias decenas de personas heridas, siete de ellas de gravedad, y al menos cinco personas detenidas”.
“Señalamos que dichos acontecimientos se dan en un contexto de criminalización y represión de la protesta social existente en el país y que incluso fue evidenciado por la CIDH en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión recientemente publicado”, se abundó.
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