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'Si nos denuncian les va a ir peor': #soldados a #familiares de #víctimas #ejecutadas extrajudicialmente
Por: Emma Martínez / 7 mayo, 2015
(07 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente, fueron detenidos por miembros del Ejercito mexicano en Nuevo Laredo. Los tres habían cenado en el domicilio de Gama Habif, a las 10 de la noche salieron en el auto del primero, poco después llamó a su esposa Dulce María López Duarte, y le dijo que unos soldados acababan de darles el alto. Segundos después la comunicación se cortó.
Esa misma noche, más de 50 soldados llegaron a la casa de Dulce María López Duarte y, sin explicaciones ni orden judicial, entraron, catearon el domicilio y se llevaron varias de sus pertenencias, como ordenadores y tarjetas de crédito.
Los días siguientes, Dulce María López Duarte y otros familiares solicitaron a las autoridades militares, la PGR y la policía estatal y municipal, información sobre el paradero de los tres hombres. Además se presentó un recurso de amparo ante un tribunal federal, que pidió a la PGR y al ejército que presentaran a los tres hombres. Pero tanto las autoridades civiles como las militares continuaron negando saber nada de las detenciones.
Pocos días después un periodista dio a los familiares fotos e imágenes de vídeo de los soldados conduciendo el automóvil de Miguel Alejandro Gama Habif tras su desaparición. Un testigo, además, declaró que los hombres habían sido detenidos por miembros del ejército. Las pruebas se presentaron a la PGR.
Aunque el jefe militar de la región negó públicamente cualquier relación con el caso, la evidencia de la implicación del ejército obligó a abrir una investigación. Solamente para que tiempo después, en el municipio de Vallecillo, estado de Nuevo León, se descubrieran tres cadáveres carbonizados, que fueron identificados como los de los hombres desaparecidos, aunque no se permitió nunca a los familiares ver los cuerpos ni el informe de la autopsia oficial. La CNDH no ha formulado ninguna recomendación sobre el caso.
“Si nos denuncian les va ir peor y a nosotros no nos hacen nada porque somos militares.” Es la frase común que elementos del Ejército y la Marina utiliza con frecuencia a la hora de perpetrar un hostigamiento en contra de un civil. Varias regiones de México, entre ellas el estado de Tamaulipas, han sufrido niveles extremadamente altos de violencia criminal a medida que el gobierno ha desplegado fuerzas militares para combatir a las bandas delictivas y los cárteles de la droga que luchan por controlar distintas regiones. En Nuevo Laredo, cada vez son más los informes de graves violaciones a derechos humanos, en donde las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos perpetrados por miembros de las fuerzas armadas han cobrado mayor número de víctimas.
Aunque en junio de 2014 se reformó el Código de Justicia Militar para excluir de la jurisdicción militar los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y marinos en contra de civiles, los procuradores militares siguen interfiriendo en esos casos, dando como resultados que las familias de las víctimas nunca obtengan pruebas que demuestren si realmente existió un juicio y castigo en contra de quienes se imputa el delito.
“Gustavo Ortega traía una granada de fragmentación, una pistola de 9 milímetros marca Taurus, un cargador, varios cartuchos, seis bolsas con ‘hierba verde’ y cinco bolsas con sustancias en forma de piedra color blanco y 34 bolsas con un polvo blanco…”, declararon los militares, a quienes se les acusa de haber asesinado al joven de 23 años en Nuevo Laredo.
Además agregaron que Gustavo disparó primero y que iba acompañado en su camioneta por varias personas que empezaron a disparar con cuernos de chivo, aunque los análisis y los testigos de los hechos, distan de dicha versión.
El 15 de marzo pasado, aproximadamente a las 4 de la tarde, el joven fue perseguido por una patrulla de militares durante 500 o 600 metros, no se le hizo advertencia de detenerse y provocaron que se impactara contra una cisterna. Los militares dispararon por la parte trasera del respaldo del asiento que penetró en la nuca; “un disparo, de acuerdo con peritajes de organismos internacionales y nacionales, a una distancia de 20 metros”, explica Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien asumió la defensa de la víctima.
La prueba del rodisonato resultó negativa. “No hay evidencia de una agresión de la víctima hacia los militares, porque no tienen un solo vehículo dañado con impactos de arma de fuego y no hay un solo militar herido, se está considerando que se trata de una ejecución extrajudicial”, señala Ramos.
Aunque Gustavo logró llegar al hospital con vida, los militares “obstaculizaron la ayuda médica”, se menciona en el expediente abierto por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, al poco tiempo, falleció por heridas de bala.
Para la diputada Elena Tapia Fonllem, “en México se ha desatado un problema severo en las últimas tres décadas de crisis de seguridad, que ha llevado a una crisis humanitaria, cuyos resultados han sido miles de personas desaparecidas, asesinadas, torturadas, desplazadas y heridas, en ese escenario el Estado como garante de los derechos fundamentales ha sido prácticamente anulado, y por si esto no es ya grave, muchos de sus agentes han actuado como cómplices de esta criminalidad organizada”.
Y enfatiza que “los órganos encargados de realizar las encomiendas precisas para ejercer castigo sobre las autoridades cómplices, carecen de facultades o se imponen obstáculos para que no se dé paso a la denuncia de los actos de un sistema tan autoritario, como a fines de los años sesenta y setenta”.
Además de la muerte de las víctimas, los familiares padecen el acoso y hostigamiento de las fuerzas armadas. Tal es el caso de Dafne Alejandra de la Cruz, quien denunció que fueron los militares quienes habían asesinado a Gustavo, su esposo.
Amnistía Internacional relata en un informe que la joven corre peligro, pues ha padecido represalias por parte de los soldados en Nuevo Laredo. El 23 de febrero, un grupo de soldados llegó a su casa e intimidaron a ella y a sus familiares, incluidos sus hijos y su madre, con gritos y mostrando sus armas interrogaron agresivamente a Dafne respecto a una denuncia que había presentado días antes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acusando a los soldados de haber disparado contra su pareja. Los soldados insistieron en el interrogatorio sobre esta denuncia. Además, amenazaron con abusar sexualmente de una de las amigas de Dafne que estaba presente, la arrojaron contra la pared y la insultaron. Después huyeron llevándose 30 mil pesos en efectivo que Dafne Alejandra de la Cruz había dejado en su vehículo, producto de un empeño que realizó para poder pagar los funerales de Gustavo.
Posteriormente, el 6 de marzo cuatro vehículos militares llegaron a la casa de la suegra de Dafne, donde ésta se alojaba temporalmente. Unos representantes de la procuraduría militar vestidos de civil pidieron hablar con ella respecto a la denuncia en torno a la muerte de su esposo. La interrogaron e insistieron en tomarle testimonio sobre el caso de su esposo. Cuando ella se negó a hablar con ellos, los militares regresaron en diversas ocasiones durante los dos días siguientes, incluso en plena noche.
Amnistía Internacional afirma que “Enrique Peña Nieto se comprometió a poner fin a las violaciones de derechos humanos, incluida la tortura, pero aún no ha demostrado que esos abusos no se tolerarán, propiciando ejecuciones”.
Algunas más de las víctimas por asesinato extrajudicial a manos de elementos de la Marina y el Ejército, han sido:
Los niños, Martin y Bryan Almanza Salazar, victimas del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Juan Manuel Esqueda Nieto, muerto por personal de Sedena; Francisco Agustín Sánchez Montes, victimado por agentes de la Policía Federal Preventiva; Raúl Eduardo Romero Vedia, asesinado por elementos de Sedena; Alfredo Ruiz Rojas, muerto el 19 de mayo de 2013 por personal de Sedena; Josué David Vélez Leija, muerto el 8 de abril de 2013 por agentes de la Secretaria de Marina (SEMAR); Armando Humberto del Bosque Villarreal, muerto el 3 de agosto de 2013, por personal de SEMAR; el menor Juan Pablo Hernández Rodríguez, victimado el 8 de agosto de 2013 por elementos de SEMAR; Jesús Alberto Castro Quintero, victimado por Policías Militares el pasado 17 de octubre de 2014.
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