PRI-PVEM obvian irregularidades sobre “enfrentamiento” en Tanhuato; oposición exige cuentas a 3 secretarías de Estado

Por: Cecilia Balderas / 28 mayo, 2015

(28 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Para los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el “enfrentamiento” entre “presuntos criminales” -supuestos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)- y elementos de la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, que dejó como saldo 42 civiles y un uniformado asesinados, no genera dudas, ni tendría porqué ser objeto de análisis. No así para cuatro grupos parlamentarios con representación en el Congreso de la Unión.

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, realizada este miércoles en el Senado de la República, se inscribieron cuatro puntos de acuerdo que tuvieron en común la necesidad de solicitar a las dependencias federales, amplíen la información, a detalle, sobre lo que pasó el 22 de mayo en los límites de los estados de Michoacán y Jalisco.

La senadora Mónica Arreola Gordillo, del Partido Nueva Alianza (NA) solicitó que la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) remitan a la Comisión Permanente un informe detallado sobre los hechos en Tanhuato.

“Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja con motivo de los hechos ocurridos en el municipio de Tanhuato, Michoacán, y solicitó a las autoridades que estarían involucradas a rendir informes pormenorizados de su actuación. Así también lo consideramos necesario en esta Comisión Permanente”, argumentó la legisladora en el punto de acuerdo, y agregó que “la gravedad y trascendencia de las imputaciones que se han vertido entre instituciones de seguridad y sociedad civil, exigen que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor transparencia y con la supervisión de otro Poder de la Unión”.

En tanto, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), propuso que la Comisión Nacional de Seguridad, la PF y el Mando Especial de Seguridad en Michoacán, acudan a una reunión de trabajo con la Permanente para abordar el tema del enfrentamiento, al considerar que hay serias dudas de que el asesinato de los supuestos delincuentes se haya dado según consta en las versiones de las dependencias de seguridad.

“La versión oficial es similar a la que se dio para referirse a los hechos acaecidos el 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, cuando el Ejército dijo que en un supuesto enfrentamiento habían muerto 22 presuntos delincuentes y sólo un soldado había quedado herido. Posteriormente quedó probado que varios de los sospechosos fueron ejecutados extrajudicialmente después de que se rindieran”, argumentó la diputada.

Aguilar sostuvo que permanece en duda si el ataque al racho “El Sol” fue un operativo planeado o, como se señala oficialmente, producto de una persecución, pues es improbable que un enfrentamiento dejara como saldo sólo un fallecido en el lado de las fuerzas federales, frente a 42 civiles.

“Medios de comunicación han circulado fotografías que revelan que algunos cuerpos se movieron de lugar, y muchos han dudado respecto a si las armas fueron plantadas o no, como en el caso de Apatzingan”, dijo la legisladora.

La diputada del PT consideró que es importante tomar en cuenta los testimonios de familiares de los civiles abatidos en relación al estado físico de los cuerpos que les fueron entregados de sus seres queridos, pues ha habido señalamientos de que uno de ellos tenía un tiro en la parte de arriba de la cabeza, fuertes golpes y huesos rotos, mientras que a otro le faltaba un ojo, y ocho cuerpos más presentaban signos de haber sido quemados.

“Un familiar de Juan Enrique Romero Caudillo, una de las víctimas, comentó que luego de haber visto el cuerpo en la morgue y las fotografías que han circulado en medios y redes sociales piensa que ‘fue una masacre’, porque no hubo un número equilibrado de muertos de ambos lados”, expuso la diputada en el documento.

Aguilar Gil sostuvo que es importante que se investigue a fondo el hecho, tomando como base los principios de imparcialidad, independencia, celeridad y sobre todo, transparencia, pues esta es indispensable, “si las fuerzas federales desean recuperar su legitimidad; nuevos casos como Tlatlaya, Apatzingan y Ayotzinapa no serán tolerados”.

La postura partidista

Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también inscribieron solicitudes sobre el tema.

Legisladores del sol azteca propusieron integrar un grupo de trabajo en la Comisión Permanente, para “coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán”, con el objetivo de “presentar una versión sobre la verdad histórica de lo acontecido que resulte creíble y aceptable para la población”, según se argumenta en el documento.

En el punto de acuerdo suscrito por ocho diputados del PRD, se señala que como parte de la Operación Jalisco, la violencia en dicha entidad y en lugares colindantes, ha aumentado de manera preocupante “después de la lamentable exhibición de poderío que dieron los cárteles organizados al establecer múltiples bloqueos en diversos puntos del estado y derribar un helicóptero militar, lo cual denota un poderío de fuerza que, abiertamente, reta al Estado”.

En el documento, los legisladores también exponen el argumento de la diputada Lilia Aguilar, al considerar que “han corrido diversas versiones, principalmente de los familiares, que apuntarían a que en este caso, como en los acontecimientos del municipio de Tlatlaya, se trataría de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los integrantes de la Policía Federal, el Ejército y la propia Procuraduría General de la República”.

Pero a los diputados del PRD no sólo les preocupa coadyuvar para presentar una versión que resulte creíble para la población mexicana sobre el enfrentamiento en Tanhuato, sino que considera que “los hechos se producen en medio del desarrollo de un proceso electoral que debe garantizar a candidatos y ciudadanos, las condiciones de normalidad democrática indispensables para ejercer con libertad el derecho a votar y ser votados, obligando a diversos candidatos a establecer una autocensura en el desarrollo de sus actos proselitistas para salvaguardar la vida e integridad propias y de sus conciudadanos”.

De aprobarse la propuesta del PRD, dicho grupo de trabajo únicamente tendría vigencia por tres meses, al extinguirse sus facultades al término de la presente legislatura, el 31 de agosto próximo.

Por su parte, legisladores del PAN pidieron que la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, sea la que rinda cuentas al Congreso sobre los hechos sucedidos en Michoacán.

En su propuesta, los panistas sostienen que hechos como el ocurrido en Michoacán, ponen de manifiesto la brutalidad de las bandas de narcotraficantes, pero también el fracaso de la política del actual gobierno para diseñar y ejecutar una estrategia eficiente y contundente para combatir a la delincuencia y establecer un verdadero Estado de derecho en el país.

“La política gubernamental ha fracasado en todos los niveles. No se ha ejecutado una verdadera estrategia de seguridad que detenga el crecimiento de la delincuencia organizada, y en particular, de los cárteles de la droga. No hay una política de comunicación eficiente, objetiva y confiable hacia la sociedad y, por esto, instituciones mucho muy importantes como el Ejercito Mexicano son constantemente cuestionadas en su trabajo”, se lee en el documento.

Los legisladores del blanquiazul sostienen que la información presentada por las autoridades federales ha sido duramente cuestionada y la disparidad entre las bajas de ambos bandos genera suspicacias, sobre todo tras casos como el de Tlatlaya, en el que elementos del Ejército asesinaron a 22 presuntos delincuentes cuando estos ya se habían rendido.

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