PGR ignoró nexos de hermanos de esposa de Abarca con narco; no hay línea de investigación contra exalcalde

Por: Cecilia Balderas / 8 mayo, 2015

(08 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El perredista Pablo Gómez Álvarez denunció lo que llamó la “captura del Estado” por bandas del crimen organizado y aseveró que dichos grupos manipulan la esfera pública y las instituciones como parte de su negocio, las ponen a su servicio logrando así que hagan lo que los criminales quieren o bien, que dejen de cumplir con sus responsabilidades.

El político afirmó que el Estado debe trabajar con inteligencia, honradez y convicción para revertir esta situación, pues ni una persona en particular, ni los partidos políticos, tienen la capacidad para resolver la problemática.

Al encabezar una conferencia de prensa para referirse a las conclusiones de la comisión especial del Partido de la Revolución Democrática (PRD) – cuyo objetivo central era rendir un informe sobre la postulación de José Luis Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala- Gómez declaró que en el texto “hay una crítica a la falta de atención que puso la dirección nacional en las postulaciones de Guerrero, a su falta de participación”.

Añadió que aunque era comprensible que Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, fueran vistos con desconfianza a consecuencia de los nexos familiares directos de ella con presuntos miembros de un grupo de la delincuencia organizada, no se contaba con información precisa sobre esos posibles vínculos.

Pablo Franco, miembro de la comisión, señaló que aunque Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, declaró que Abarca ordenó la detención de los normalistas y “eventualmente que los ejecutaran”, no hay ninguna línea de averiguación en el proceso penal que se le sigue al expresidente municipal de Iguala sobre ese tema.

“El uso político de la información tiene que ayudarnos a que, eventualmente, se pueda esclarecer qué pasó realmente con los muchachos, si el señor Abarca nos dijo a nosotros, por ejemplo, que durante la noche de los hechos violentos él no tuvo ni siquiera acceso a la información”, señaló.

Octavio Cortés, también integrante de la comisión, sostuvo que ésta no tiene atribuciones para formular sanciones contra quienes promovieron la candidatura de José Luis Abarca, pero que el PRD sí cuenta con instancias como la Comisión Jurisdiccional para desahogar, en su caso, dichos procedimientos sancionatorios.

El informe

En el documento titulado “Informe de la Comisión Especial. Contribuciones al estudio y combate del fenómeno de la captura del Estado por parte de bandas de la delincuencia organizada, a la luz de la tragedia de Iguala”, los integrantes de la comisión narran que “Jesús Zambrano afirmó ante esta Comisión, que antes de la postulación de Abarca solicitó en forma verbal al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, que le informara si éste y su esposa tenían vínculos con uno de los grupos que procedían de los Beltrán Leyva o de cualquier otro de la delincuencia organizada. De la Rosa afirma que recibió el informe de Zambrano en el sentido de que ninguno de los dos (Abarca y Pineda) estaba siendo investigado con motivo de posibles vínculos con el referido grupo delincuencial a pesar de la pertenencia al mismo de los hermanos de la esposa de Abarca”.

Sin embargo, en el texto también se afirma que el secretario de Gobernación no informó a Zambrano que el Ministerio Público de la Federación había recibido una denuncia anónima el primero de junio de 2010 contra José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, por la que se abrió la averiguación previa PGR/GRO/IGU/M-I/64/2010, en la que se señalaba que ambos se habrían enriquecido con recursos procedentes del crimen organizado por ser sus operadores.

En dicha denuncia se concluyó que era “procedente el no ejercicio de la acción penal”, mediante la resolución de 31 de diciembre de 2010 emitida por el agente del Ministerio Público Rubén Casanova, auxiliar del Procurador General de la República, y con la autorización de la doctora Estela Cadena Azcona, delegada estatal de la PGR.

En el documento, la comisión señala que “tal parece que esa actitud de omisión o de ignorancia de parte de las autoridades federales es generalizada. No existe, en síntesis, un sistema de alerta política sobre el fenómeno de infiltración y captura del Estado por parte de la delincuencia organizada”.

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