Militar denuncia persecución “siento que Cienfuegos me quiere matar”; operación contra Luz y Fuerza usó militares disfrazados

Por: Cecilia Balderas / 23 mayo, 2015

Parte 2 de 2

(23 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Teniente Zapador del Ejército mexicano, Marcos Gerardo Mendoza Pérez, teme por su vida, pero teme aún más no volver a ver a su pequeño hijo de 10 años de edad, con quien no pasa un día completo desde hace tres años, cuando lo acusaron de insubordinación y lo recluyeron en la prisión militar.

Su agresor, desde entonces pareja sentimental de la madre de su pequeño, vive con el niño y todo parece indicar que lo ha aleccionado para que se distancie cada vez más de su padre. El teniente ha solicitado su baja del Ejército, pero el trámite que debería tomar días no ha podido ser concluido en meses.

Mendoza pasó más de dos años en la prisión del Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, por presuntamente haber agredido “a cabezazos” al coronel de justicia militar, José Raúl Celedón Lamas, quien le disparó en cinco ocasiones por la espalda, logrando impactarlo en dos, dejándolo gravemente herido del pulmón derecho.

Dos años, dos meses, cuatro días en la cárcel…

El pasado 24 de enero el teniente Mendoza fue puesto en libertad después de dos años, dos meses y cuatro días de estar recluido en prisión. La disposición fue dictada por un juez que declaró el desvanecimiento de pruebas en su contra.

Mendoza recuerda que los primeros días de reclusión fueron muy difíciles. Cuando iba a ser dado de alta, elementos de la Policía Judicial Federal Militar lo arrestaron en instalaciones del mismo Hospital General Militar, y lo condujeron a la prisión.

Su caso quedó asentado en la causa penal número 462/2012 y el Juzgado Primero Militar, adscrito a la primera región, dictó su formal prisión.

Todavía convaleciente ingresó a la cárcel. Era delicado su estado de salud, a consecuencia de las lesiones sufridas por los dos impactos de bala que el coronel le propinó. La lesión en el pulmón derecho necesitaba de cuidados; para reponerse, el teniente debía tener buena alimentación y medicamentos, condiciones que en la prisión no tuvo.

“En la prisión los alimentos son muy malos. Se ha reportado al Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) y a la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) pero no han hecho nada. La ley marca que la ración de comida, desde el Secretario de la Defensa, hasta el soldado, debe ser de $35, pero a los soldados nos dan lo que ellos quieren y a los generales, directivos y magistrados, que no pagan raciones, les dan unos banquetes enormes…es una discriminación descarada”, dice Mendoza sobre su arribo a la cárcel.

Durante su estancia en el penal, el militar conoció a dos colegas que habían sido encarcelados acusados de ser los responsables del asesinato de Jorge Cantú Cantú, un joven médico acribillado el 18 de abril de 2011 en Monterrey, Nuevo León.

En un primer momento se difundió que Cantú había fallecido a consecuencia del “fuego cruzado” en un enfrentamiento entre un grupo de criminales y elementos de la policía estatal; sin embargo, las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, determinaron que un grupo de militares había disparado en su contra, por lo que el Ejército atrajo el caso para juzgar a sus elementos.

La familia del joven Cantú pidió que éste fuera turnado a un juzgado civil, por considerar que la aplicación de la justicia en los tribunales militares es lenta.

Diversos reportes en medios de comunicación locales afirman que los militares habrían sembrado un arma a Jorge Cantú para hacerlo pasar como delincuente y generar una justificación razonable para haber disparado en su contra.

Sin embargo, en prisión Mendoza pudo hablar con dos de los supuestos culpables y considera que hay un entramado de fondo en su acusación: “escuchando a los jóvenes, considero que pues sí, hay dos culpables, pero no (le dispararon a Jorge Cantú) porque tuvieran algo en contra de él, le dispararon porque recibieron órdenes, como en Tlatlaya, Cananea o el 68, para ‘estabilizar al país’”, sostiene.

Intervención legislativa

A iniciativa de María Dolores Martínez Hernández, defensora y promotora de derechos humanos, el caso del teniente Mendoza llegó al Poder Legislativo.

La activista se entrevistó, el pasado ocho de abril, con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Arroyo Vieira, ante quien expuso las violaciones a derechos humanos de que ha sido víctima el militar.

Arroyo Vieira se comprometió a enterar del caso al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda y a pedir la revisión del mismo. Así lo hizo el legislador guanajuatense en una carta enviada al titular de la SEDENA, un día después de la reunión con Martínez Hernández, de la que Revolución TRESPUNTOCERO tiene una copia.

El legislador se comprometió también a dar seguimiento al caso y comunicar a la activista cualquier respuesta que tuviera del general Cienfuegos, pero hasta el pasado 14 de mayo no se había registrado ninguna contestación. Así se lo hizo saber Beatriz Vázquez Moreno, secretaria particular de Arroyo a María Dolores.

Irregularidades en el servicio: 2009, LyFC

La primera diferencia que el teniente Mendoza tuvo con sus superiores data de 2009, cuando denunció que elementos del Ejército mexicano, disfrazados como policías federales, fueron los encargados de tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) la noche del 10 de octubre de 2009.

Al primer minuto del día siguiente, el entonces presidente, el panista Felipe Calderón, anunció la extinción de la paraestatal e informó que sería la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que se encargaría de brindar el servicio eléctrico a partir de ese momento.

“Era una huelga y no había motivos legales para que nosotros, como Ejército, interviniéramos, además de que nos pidieron que nos disfrazáramos y yo protesté, le dije que no podía ser, que estaba mal disfrazarnos. Di mis puntos de vista y se molestaron. Aun así, a fuerza, me mandaron”, señala el todavía militar.

Esa noche, los militares disfrazados se desplegaron de manera simultánea en las instalaciones ubicadas en puntos estratégicos del centro del país. Un nutrido grupo hizo lo propio para apoderarse del edificio ubicado en Marina Nacional y Circuito Interior, en el Distrito Federal, el Centro de Operación y Control de Luz y Fuerza; desalojaron a los trabajadores que todavía se encontraban en el lugar e inmediatamente desplegaron un cerco para evitar que los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) intentaran recuperar las instalaciones.

El teniente Mendoza, quien en ese entonces se desempeñaba como comandante del Tercer Batallón de Ingenieros de Combate en Santa Lucía del Camino, en el estado de México, hizo público que participó en el resguardo de instalaciones de Luz y Fuerza ubicada en Valle de México y también en otras en el estado de Hidalgo.

Los militares disfrazados de policías federales mantuvieron el resguardo por varios meses y mantuvieron a Mendoza a la raya.

Sobre el General Cienfuegos

“Siento que me mandó a matar el secretario (Cienfuegos Zepeda) porque él fue el que organizó lo de Luz y Fuerza en la primera región militar. En esos tiempos, él era el comandante de la primera región. El señor con el que me mandó a matar está libre, estuvo en la prisión un ratito, a pesar de que me disparó en frente de mi hijo y de otros niños, en cinco ocasiones y por la espalda”, declaró el teniente Mendoza el 24 de enero pasado, en entrevista con Fernanda Tapia, en el programa Triple W.

Mendoza sabe bien quién es el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda.

Lo conoce desde que fue comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar, donde murió un cadete “porque él fomentaba los golpes”, asegura el teniente en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO; como director de la misma institución, el militar recuerda haber vivido “la situación de un cadete que se suicidó” porque no aguantó la presión.

Al teniente zapador le tocó estar bajo sus órdenes en la primera región, cuando Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (CyFE) y cuando los militares quedaron a cargo de las reparaciones del equipo y del mantenimiento que las plantas generadoras de energía necesitaran.

“Lo que se está viviendo en el Ejército es muy grave, porque (Cienfuegos) quiere quitar (el ascenso a) los grados inmediatos, cosa que los militares se han ganado por todo lo que uno hace. Le pido a los demás generales que tengan conciencia y que de verdad amen al Ejército y que luchen por servir al país”, comentó el teniente, poco antes de tener que cortar la comunicación para reintegrarse a sus labores en el Campo Militar 39-A, en Ocosingo, Chiapas.

“Lo único que pido es que se repare el daño que me han hecho y que me permitan ver a mi hijo, que se haga justicia, pues José Raúl Celedón Lamas sigue violando la ley a costa del nombre del Ejército. A mí me gusta el Ejército, pero no las personas corruptas que hay, siguen manchando el nombre de una institución que representa mucho para el país”, sentenció.

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