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Por: Redacción Revolución / 13 mayo, 2015
Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(12 de mayo, 2015).- A casi ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas, en Iguala, Guerrero, el día de hoy ha trascendido que el portal The Intercept, junto con la revisión de la periodista Marcela Turati del semanario Proceso, ha dictaminado que hay pruebas contundentes de desaparición forzada esa noche en Iguala, además de señalar que las declaraciones oficiales son contradictorias y no acordes a la realidad.
Durante casi ocho meses The Intercept ha llevado a cabo una investigación basada en una parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR). Los expedientes incluyen declaraciones de policías además de algunos partícipes de organizaciones criminales que presuntamente tuvieron relación a los eventos de aquella fatídica noche.
Pero eso no fue lo único que examinó The Intercept también se los informes que dieron las fuerzas de seguridad del área, además de llevar a cabo varias entrevistas con estudiantes sobrevivientes al ataque. No dejó a un lado los reportajes de investigación que, durante meses, reporteros publicaron en México.
La investigación dio como frutos descubrir que el gobierno federal quiere enfocar la culpabilidad a los actores municipales, sin embargo hay un gran círculo de responsabilidades.
Se comprobó que oficiales de alto rango, en la Ciudad de México, han presentado un manipulado escenario de un secuestro masivo, que fue orquestado por oficiales locales y ejecutado por sicarios del área de Iguala. Empero incluso en los archivos del gobierno hay un claro caso de desaparición forzada el cual se constituye por la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad donde el estado cargaría responsabilidad.
Los archivos de la PGR se conforman más por declaraciones de sospechosos, que por evidencia física y en ellas queda claro la selección específica de evidencia distorsionada que el gobierno ha presentado en su versión de lo ocurrido; las declaraciones que apoyan esos argumentos han sido presentadas públicamente, las que no, minimizadas.
Cabe recordar que The Intercept presentó una lista extensa de preguntas a la PGR y a la Embajada de México en Washington, D.C. A pesar de pedirlo, de manera reiterada, ninguna de las instituciones ha dado respuesta oficial vía electrónica o a través de sus funcionarios.
A pesar de los esclarecimientos conseguidos dudas persisten; el paradero de los estudiantes o los motivos para haberlos desaparecido, sin embargo quedó claro que organizaciones criminales se han hecho con el control de la zona mostrando cómo la corrupción se ha permeado en gran parte del engranaje gubernamental de Guerrero.
Entre las declaraciones se pueden encontrar indicaciones para llegar a sitios donde se pueden arrojar a los cuerpos y ser usados como fosas comunes. Entre esos sitios se encuentra “La Laguna”, “Los Naranjos” y en la comunidad de Pueblo Viejo, donde presuntamente se enterraron a algunos de los estudiantes normalistas, sin embargo al inspeccionar la zona había 28 cuerpos pero ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa.
De esta manera la desaparición de los normalistas se convirtió en un símbolo de la crisis de la nación; desapariciones no resueltas, crimen, fosas clandestinas, corrupción e integración del crimen con la policía y el gobierno.
En enero de este año el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, dio a conocer la “verdad histórica” del caso; los estudiantes fueron detenidos para que no irrumpieran en el compromiso que tenía la esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, posterior a su detención fueron entregados, por las autoridades, al grupo criminal de “Guerreros Unidos” quienes los acusaron de ser parte de su competencia “Los Rojos”, por lo que los asesinaron, quemaron en un basurero, pulverizaron sus restos y, tras meterlos en bolsas de plástico, los tiraron a un río.
Estas explicaciones sólo generaron más dudas, no sólo para los familiares de las víctimas también para los expertos forenses y científicos, quienes dudaban de la viabilidad de que el fuego pudiera ocasionar ese daño, y periodistas que se encargaron de indagar en detalles que el gobierno parecía omitir.
Debido a esas extrañas, y científicamente imposibles, declaraciones empezaron a surgir premisas que apuntaban a que los estudiantes sí habían sido incinerados… pero en un crematorio del ejército en una base militar.
Sin embargo el gobierno mantenía su postura: “No hay una sola evidencia de que haya intervenido el Ejército, no hay una sola evidencia, una sola, la participación del Ejército”, espetaba en su momento el cansado Murillo Karam.
Esa no es para nada una verdad histórica: Reportes, dados a la prensa entre febrero y marzo, indican que el ejército sabía de los movimientos de los normalistas incluso antes de llegar a Iguala además en ellos se demuestra que militares se comunicaron directamente con la policía municipal, encargados de atacar y detener a los estudiantes.
Entre esos archivos existe uno titulado “Arribo de Normalistas”, fechado el 26 de septiembre, donde se contradice al coronel José Rodríguez Pérez, quien dijo a la prensa “nos enteramos al último”, en referencia a los eventos de esa noche.
En el documento puede leerse:
“La presencia de estudiantes en el tramo carretero Iguala-Chilpancingo a las 19:40 horas, describe sus esfuerzos de tomar autobuses en la caseta del tramo carretero puente de Ixtla-Iguala, entre las 20:00 y 20:50 horas. Además nota la llegada de los estudiantes a las 21:20 horas a la terminal de autobuses en Iguala. Estos fueron seguidos por la policía municipal mientras transitaban por las calles congestionadas. Cuando los autobuses llegaron a la intersección de las calles Hermenegildo Galeana con Melchor Ocampo en el centro de la ciudad de Iguala, los normalistas descendieron de los mismos y agredieron con piedras a los elementos policíacos, por los que estos últimos respondieron la agresión, efectuando detonaciones de arma de fuego”.
Posterior a ello se dio a conocer que Aproximadamente a las 22:15 horas, los militares establecieron comunicación con Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública de Iguala en aquel entonces. Quien “manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos”, según el documento. Dijo que su personal “no tenían ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego”.
Sin embargo, en los documentos que revisó, The Intercept sólo se nombra a un militar; el Cap. 2 d/o José Martínez Crespo, quien, según los reportes, pasó la noche patrullando y estuvo presente en una clínica privada donde los estudiantes heridos llegaron a buscar apoyo. Los soldados tomaron fotos dentro de la clínica y en una de ellas se puede ver a uno de los estudiantes sangrando por la cara mientras su compañero lo consuela. Según los reportes militares, los estudiantes “agradecieron al Cap. 2/o. Inf. Jose Martínez Crespo el apoyo brindado” y dijeron que iban a salir para recibir atención médica en otro lugar.
Empero otro normalista sobreviviente, Omar García, que también estaba en la clínica esa noche, recuerda el encuentro de manera diferente:
“El Ejército nos sometieron. Nos dijo muchas cosas feas. Que habíamos buscado [esto]. Que eso nos pasaba por andar haciendo lo que hacíamos. Por ser revoltosos”.
Cabe recalcar que ninguno de los jóvenes recibió atención médica una vez que los soldados llegaron.
Los documentos militares sugieren que oficiales superiores en la ciudad de México habían tomado cuenta de la severidad de la situación mucho antes que ésta fuera reconocida de manera pública. Por su parte Enrique Peña Nieto se distanció de las desapariciones, cancelando un viaje a Guerrero alegando “malas condiciones climatológicas”.
Pero, un documento en poder de la periodista Turati, demuestra que a las 9:45 a.m. del 27 de septiembre (un día después de que los estudiantes fueron atacados) un visitante a la 27 Batallón en Iguala fue listado como residente en “Los Pinos”, la residencia oficial del presidente en la ciudad de México. El registro declara que el visitante, identificado como un capitán, vino a Iguala de “vacaciones”.
El chivo expiatorio para ese aparente laberinto sin salida lo encontró el gobierno en el matrimonio de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa. En noviembre, la PGR aseguró que Abarca dio la orden de “contener” a los estudiantes después de que entraron a Iguala. La orden, supuestamente se dio a través de un radio policial usando el código A5, misma que fue escuchada por David Hernández Cruz, al cual los fiscales identificaron como un operador de radio. La declaración de Hernández Cruz ha sido citada en conferencias de prensa realizando avances en el caso.
Este tinglado, de acusar a los Abarca como autores intelectuales, le sirvió a Murillo por un tiempo valiéndose de declaraciones de un testigo dudoso: Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de “Guerreros Unidos”. En su declaración afirmó que su grupo recibía aproximadamente 2 a 3 millones de pesos de manera regular de la oficina del alcalde de Iguala, manejado por Pineda Villa, su esposa.
Sin embargo esas palabras, viniendo de un líder criminal, deben ser tratadas con escepticismo. Aún no queda claro cómo es qué la PGR determinó que ciertas declaraciones (aquellas que implican el ex alcalde y su esposa) recibieron extensa publicidad, mientras que otras que sugieren un amplio nivel de corrupción no fueron expuestas.
Todo el montaje se ha caído, el gobierno debe contestar preguntas que no sólo tienen ocho meses en el aire, tienen décadas, la diferencia es que la sociedad se ha levantado y no tolera más las mentiras, engaños, abusos y nexos corruptos que existe entre los “líderes” de una sociedad que va camino a una pútrida consumación.
De nuevo el periodismo tuvo que dar la cara ante la ineficiencia de un sistema político podrido, no se debe olvidar que esa labor es una de las más peligrosas de llevar a cabo en el país, empero alguien la debe hacer y si con él no se puede cambiar al mundo, al menos desenmascara a aquél que lo quiere para él solo y, a partir de eso, iniciar la lucha para buscar justicia, misma que se espera esté pronta a aparecer.
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