Investigadora de 82 años es golpeada y secuestrada por “órdenes” de la madre de Velasco

Por: Redacción Revolución / 31 mayo, 2015

Enviados especiales / Revolución 3.0 

(31 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Tracoma, es un padecimiento infeccioso crónico que afecta los ojos y que conlleva a la ceguera, el germen causal es un parásito que se transmite de persona a persona. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de folículos y lesiones en parpados, y se encuentra íntimamente relacionada con la pobreza extrema, la marginación, la falta de infraestructura sanitaria y por lo tanto de higiene.

En México el Tracoma es endémico y ha afectado principalmente a los Altos de Chiapas, en los municipios Occhuc, Chanal, Tenejapa, Uixtan y Cancuc. En 1966, el médico Javier Torroella Bueno, habiendo escrito unos años antes sobre el grave problema en aquella región, fundó el Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical, en dicho estado, el cual se dedicó a la investigación de esta y otras enfermedades durante poco más de 40 años.

Actualmente en Chiapas, 9 de cada mil personas están ciegas totalmente o a punto de serlo, debido a que no existe cura para la enfermedad, ni siquiera mediante un trasplante corneal; el 3.4% de la población padece la enfermedad en alguna de sus fases, siendo la población indígena la más afectada.

A 47 años de la fundación del Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical (IMOTAC), en San Cristóbal de las Casas, el 27 de agosto del año pasado, fue desmantelado de forma violenta, por sentencia del juzgado décimo octavo de lo civil de la Ciudad de México. “Aquel día la orden fue directa para los policías, debían actuar brutalmente, en contra de una octogenaria, la investigadora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del instituto; se montó un operativo que incluyó más de 200 agentes de seguridad pública, 5 ministerios públicos y 45 agentes de la Policía Judicial, estos últimos con armas ocultas en sus mochilas, fue una inminente violación a los derechos humanos, todo ello era orden de Leticia Coello de Velasco, madre del gobernador chiapaneco”, narra el abogado Carlos Sánchez.

Roberto Domínguez Cortés, afirma “cuando llegué y me presenté como abogado de la señora Carmen Portillo se me impidió el paso. El frívolo y desafortunado argumento de policías, era que nadie podía pasar. Así de simple. Una mujer de más de 80 años a merced de toda la fuerza pública sin asistencia legal. Cuando, por fin, pude pasar apenas se me enteró que se trataba de la sentencia de un juzgado de la Ciudad de México. Hasta ese momento se ignoraba quién demandaba y bajo qué argumento legal, lo que impedía que se interpusieran los medios de defensa necesarios”.

Asegurando que “lo grave después del aparatoso operativo, fue la forma en que desalojaron a las personas que pretendieron ayudar a la señora Carmen Portillo, quien fue golpeada en brazos y hombros”; finalmente la demandada pudo quedarse dentro de la propiedad, pero se calificó al hecho como un secuestro, ya que a nadie se le permitió el acceso, ni siquiera para entregarle comida. Los trabajadores del Instituto denunciaron que uno de los civiles que acompañaron el operativo, ofreció 50 mil pesos a cada uno de ellos a cambio de que dejaran sola a Carmen Portillo.

“El Instituto fue deshecho, se llevaron los muebles y tiraron las puertas que les estorbaron, pocas horas después el lugar estaba completamente vacío. A mí me limitaron a un pequeño espacio, el cual cercaron para que yo no pudiera, mucho menos tener acceso a las instalaciones del instituto. Tampoco pude salir durante días la calle,  pusieron alambrado que me bloqueó la entrada y la salida”, relata Carmen Portillo.

Agregando que, “además de saquear el  Instituto, se llevaron  aparatos frágiles de un alto precio, los aventaron a un tráiler, junto con escritorios. Como a mí me bloquearon el acceso al interior de la clínica, mi pequeña camioneta se quedó en el garaje, y en enero de este año se la llevaron. Durante más de 30 años hicimos oftalmología en Chiapas, no existe motivo para un trato así. Porque a la par de eso, ya tenía en mi poder el borrador del estudio que publicaría una de las universidades chiapanecas. Pero al quedar en uno de los escritorios que se llevaron se perdió el documento, porque aseguraron que ahí no iba nada”.

Un año antes de la fundación del IMOTAC, un profesor alemán, de nombre José Weber Biesinguer, ofreció un amplio terreno para la construcción de la clínica, pero debido a su nacionalidad, sus propiedades se encontraban a nombre de su esposa Carmen Velasco Suárez, “quien finalmente se dignó a firmar de muy mala manera”, relata Carmen Portillo.

Así fue como el investigador Javier Torroella, obtuvo el predio La Almolonga, con una superficie de 3.2 hectáreas. Y dio inicio a la edificación de un centro médico que se ocupara del estudio del Tracoma y la investigación de una posible cura. La idea del proyecto surgió a raíz de que el padre de Torroella Bueno, fuera quien descubriera, años atrás las microfilarias que provocan dicha enfermedad.

A lo largo de los años, conforme se desarrollaba el análisis del Tracoma, el Instituto siempre desmintió a todos los gobernadores que presumían haber erradicado la enfermedad. Dicho centro quedó en poder de la asociación civil formada por los señores Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, Alfonso Vázquez Cabrera y José Torres Torija. Las principal clausula de la donación fue: “…si este inmueble donado no fuere utilizado, exclusivamente, para dicho fin, de Oftalmología Tropical, en un plazo no mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos y el predio pasará a beneficio de otra institución similar”.

“No hay manera de entablar una demanda para apropiarse legalmente del inmueble cuando no sólo se cumplió con los cinco años establecidos en la donación, sino que lleva 47 años funcionando ininterrumpidamente, aun cuando el doctor Torroella haya fallecido hace 10 años. Lo grave es que el despojo del inmueble es un atentado a la ciencia. Desde hace medio siglo hay, en los archivos del IMOTAC, miles de expedientes de pacientes tratados con tracoma, que constituyen verdaderas investigaciones para prevenir la ceguera en el medio indígena rural”, afirma Domínguez Cortés.

Días más tarde, se dio a conocer de manera amplia y concisa que fue David Garcés García, apoderado legal del Instituto de Investigación y Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C., cuya presidenta es Leticia Coello, quien demandó penalmente a Carmen Portillo, acusándola de “invasora de la casa habitación y terreno”, donde está ubicado el IMOTAC.

Carmen Portillo asegura que se realizó una investigación sobre el Instituto de Desarrollo de los pueblos indígenas, y aunque para interponer la demanda se necesitó hacerse de al menos una dirección fiscal, al llegar al domicilio citado solamente se encontró una casa en estado de abandono y ninguna persona que diera razón acerca del tema.

“La estrategia del abogado de Leticia Coello en contra de la señora Carmen Portillo y Cruz González, es una maniobra legaloide que se basa en la intimidación para obligarla a renunciar a sus derechos de posesión, donde ha permanecido 40 años y pueda la señora Leticia Coello disponer del terreno de IMOTAC, cuyas instalaciones fueron saqueadas el pasado agosto; destruyendo laboratorios y archivos en donde estaba registrado el trabajo de 40 años de investigación, para argumentar que nunca existió la institución y demandar la nulidad de la escritura de donación; así consta en el juicio ordinario civil número 664/2012, radicado en el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de México, Distrito Federal”, declara la periodista Concepción Villafuerte.

Agregando que “hoy bajo el pretexto de que los terrenos del IMOTAC, serán las nuevas instalaciones de una supuesta organización para indígenas, denominada Instituto de Investigación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, A.C. que es ‘presidido’ por la señora Leticia Coello, se busca desmantelar el IMOTAC. Las trampas de la madre del gobernador iniciaron, desde el momento en que el juicio se llevó a cabo en la ciudad de México y durante dos años, nadie notificó a Carmen Portillo, que estaba en proceso el juicio de desalojo en su contra. Ella lo supo un día a mediados del año pasado, cuando un conocido de ella, Hernán Pedrero Villanueva bajo engaños, la llevó ante el Juez Guillermo Ramos, para pretender que firmara un documento, en el cual constaba que ella, aceptaba entregar el predio con todos los bienes a la supuesta institución de Leticia Coello”.

“Leticia Coello se adjudicó el predio donde se encuentra el IMOTAC, de manera tramposa, ejerciendo de forma vil, el poder que tiene al ser la madre del gobernador Manuel Velasco Coello”, declara Sánchez.

Por su parte Carmen Portillo asegura “desde hace 11 años, tiempo que lleva  mi fallecido mi esposo, por convicción he continuado con el trabajo gratuito y altruista de investigación y atención de personas con problemas oftálmicos, sin percibir salario alguno, en pro de esta labor por la humanidad, especialmente de las personas más vulnerables; el daño hacia mí es que no siga ayudando a la gente que tanto lo necesita, sin el equipo adecuado, destruido el día del despojo, fui agredida como mujer, también tomando en cuenta mi edad, y la pérdida de mi libertad puesto que me quedé secuestrada en mi propia casa”.

A contraposición de esto, el médico Francisco Millán Velasco, albacea del IMOTAC, explicó que “el predio donde su ubica el instituto, no desaparecerá, seguirá siendo de los chiapanecos, por contrario se reforzará creando el Hospital de la Luz, un centro médico con tecnología de punta que conservará el carácter de centro de asistencia social”.

Asegurando que “el IMOTAC había funcionado bajo la tutela de un médico encargado, pero desde su muerte, hace unos 10 años, el Centro Oftalmológico perdió organización y se ha deteriorado día con día, al grado de incumplir los requisitos descritos en el Acta de Donación, que se refiere la necesidad de tener una asamblea general, patronato, tesorero e información periódica”.

En una entrevista para una radiofusora local, Millán Velasco negó que Leticia Coello tenga interés en obtener el terreno, pues el acta de donación es clara cuando señala que es y será un predio para el servicio de toda la población. Sin embargo afirmó que, “los 31 mil metros cuadrados, deben tener un uso adecuado, por lo que Leticia Coello, quien tiene el espíritu de la donación, está en la mejor disposición, colaborando, tocando las puertas, para hacer un hospital nuevo para San Cristóbal y traer a todos los especialistas”.

Además afirmó que “a la señora nunca se le violaron sus derechos constitucionales, ni tampoco se le lastimó de manera personal. Siguiendo las normas jurídicas, es que se hace el desalojo, no un despojo”, esto aún cuando varios vecinos vieron el operativo que se montó.

Sobre el tema, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé́ de Las Casas, se pronunció aseverando que “independientemente de la acción judicial, existió uso excesivo de la fuerza pública, así́ como tratos crueles e inhumanos y degradantes por elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas, así como otros funcionarios municipales y judiciales que participaron en la injerencia arbitraria del domicilio del IMOTAC, violando derechos humanos de quienes estaban en el lugar, entre ellas mujeres y dos personas de la tercera edad”.

Además señalaron que “un día después del operativo, se presentó al domicilio de la Investigadora el Licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por tratarse de un ‘asunto relevante’, aunque expresó que lo sucedido era una orden judicial y que ante eso la Comisión no podía hacer nada. El Presidente de la CEDH sugirió a Carmen Portillo que no realizara ningún tipo de acción y se abstuviera de hacer uso de los medios de comunicación”.

“Resulta inadmisible que este tipo de comportamientos, y a la par que el poder judicial use todo el peso de su fuerza, para intentar un desalojo dañando a quienes han dedicado toda una vida y todos sus recursos humanos, intelectuales y físicos, a descubrimientos relevantes en el campo de la salud visual con los pocos medios que tienen a su alcance y tengan como respuesta gubernamental un trato de esta naturaleza”, añaden.

Y se exige “el respeto al derecho de acceso a la justicia, a recursos efectivos, a que los jueces actúen de manera imparcial e independiente y que en el caso se respeten las garantías judiciales de Carmen Portillo, así como también, es imprescindible se garantice su derecho a la protección frente al abuso de poder”.

Villafuerte asegura que, “por medio del pretexto que la Fundación que preside Leticia Coello, busca contribuir con el IMOTAC, ella se ha apoderado del predio. Además de esto, Millán Velasco se equivoca en sus declaraciones, ya que el albacea no tiene facultades para llevar un juicio en contra de una donación que se hizo hace 49 años, puesto que esos bienes ya no entraron en un testamento; intenta confundir cuando dice que el juicio se llevó a cabo en la ciudad de México, porque ahí se fundó el IMOTAC, pero en el terreno, objeto de la controversia, se encuentra ubicado en esta ciudad y los documentos están en el Registro Público de la Propiedad de este distrito judicial, por lo que no compete a ninguna otra autoridad juzgar fuera de su jurisdicción, por eso el juicio está viciado de origen”.

“Millán Velasco busca deslindar a Leticia Coello del conflicto, porque se han enterado que existe un medio de comunicación que está investigando el caso, por eso sacaron de nuevo el tema que ya estaba guardado desde el mes de febrero” agrega Villafuerte.

“Se conoce que Leticia Coello, gusta por obtener propiedades, en los primeros 9 meses de la administración de Manuel Velasco, se dedicó a comprar propiedades en ese municipio, pero sobre todo en la zona Centro donde tiene mayor plusvalía. Hoy más de 31 mil metros cuadrados no podría dejar de desaprovecharlos, porque no es por bondad que ha ‘tocado puertas’, para la consolidación de un hospital de la luz, sin duda alguna, ese podría ser su próxima meta, crear un elefante blanco, del cual obtenga donaciones, que diversas organizaciones y sociedad civil aporte, como se maneja este tipo de centros médicos oftalmológicos, nada más que lejos de ayudar al necesitado, será su modus vivendi, y de llegarse a concretar, en los siguientes años, al menos la simpatía por un plan como ese, podría dar inicio a la obtención de fondos, que ayuden en la campaña política de Velasco Coello, una especie de caja chica”, sentencia Sánchez.

“Leticia Coello se ha hecho nombrar ‘investigadora para el desarrollo de los pueblos indígenas’, cuando la señora no tiene una participación mínimamente relevante en zonas indígenas, es una farsante que nadie se atreve a denunciarla, por ser la madre del gobernador y como todos los funcionarios conocen el control que ella tiene sobre su hijo, a quien obedecen es a ella”, puntualiza Villafuerte.

“El Instituto de Investigación y Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C. es una farsa de Leticia Coello, no existen actividades del órgano, ni oficinas en San Cristóbal, es necesario tener una dirección fiscal para que hubiera podido demandar, siguiendo la lógica, esta institución fue creada con el único propósito: servir como pantalla, para hacer creer que realmente se busca crear un hospital y tener una figura demandante. Ya que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es la única encargada de las problemáticas indígenas, el ‘instituto’ de Leticia Coello, fácilmente puede ser catalogado como ficticio”, afirma Sánchez.

Carmen Portillo, comenta que hoy tanto en medios locales, como a través de amistades, la familia Velasco asegura que Millán Velasco es el albacea del instituto oftalmológico tropical, dando por hecho, que ya les pertenece el IMOTAC, “si quieren el terreno que lo tomen, esperando sí hagan algo por la población, porque quieren ganar tramposamente, ya que argumentaron que es una institución abandonada, cuando los pacientes llegan a diario.  El gobierno del Estado habla de la protección de los adultos mayores, sin embargo yo  sufrí violencia desmedida por sus elementos, a mis 82 años”.

Al mismo tiempo aseguró, que debido a su edad, quieren usar eso en su contra, argumentando que no toma decisiones propias y se deja manipular, sin embargo, “yo mantengo mis facultades mentales intactas y no soy víctima de nadie, excepto de una familia que aprovechando el poder, me ataca de todas las maneras posibles”.

Finalmente el Centro Frayba, ha comentado que realizaron una investigación al Instituto de Investigación y Desarrollo de los pueblos indígenas, A.C., el cual se dice preside Leticia Coello, primeramente para corroborar su dirección, la cual en los documentos que conforman la demanda, aparece con ubicación en Tuxtla Gutiérrez, y después sus acciones, sin embargo, dicho órgano no mantiene oficina alguna, en la dirección que se indica.

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