Inseguridad rebasó a todos en Chilapa, ante desapariciones edil pide ayuda a EPN para que 'caiga bien'

Por: Redacción Revolución / 19 mayo, 2015

Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1

(19 de mayo, 2015).- Guerrero es un punto en el país que está en ebullición y que, muy pronto, estallará y el catalizador podría ser el proceso electoral del próximo mes de junio. Prácticamente en todo el estado no hay garantía alguna de seguridad, para muestra lo ocurrido en Chilapa donde al menos 200 personas han desaparecido, desde el 8 de julio al día de hoy, coincidiendo con el inicio de la agudización del conflicto entre Los Rojos y Los Ardillos, grupos que se disputan ese importante corredor de droga ubicado en la zona de la Montaña baja.

Esos actos delictivos han aumentado; del sábado 9 al día 14 se reportó la privación de la libertad a 30 jóvenes , durante los cinco días que los “narco comunitarios”, que trabajan para Los Ardillos, mantuvieron el lugar sitiado, colocaron retenes, además de realizar cateos y detenciones con la muy posible ayuda del Ejército y las policías federales y estatales.

Sin embargo sólo 16 de esas víctimas han sido denunciadas, de manera formal, ante autoridades ministeriales y personal de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad. Así lo dio a conocer el profesor José Díaz Navarro, familiar de cinco profesionistas desaparecidos desde noviembre en la zona rural del municipio de Chilapa.

Por su parte el alcalde de la entidad, Francisco García González, hizo una reaparición pública y exigió al gobernador, Rogelio Ortega Martínez, y al gobierno federal que se intervenga de una vez por todas para culminar con la inseguridad y violencia latente de ese lugar.

“Cualquier omisión que haya cometido, con todo el respeto, ofrezco una disculpa pero he estado al pendiente de la problemática que nunca he descuidado”, justificó el alcalde, quien prácticamente huyó del municipio cuando los “narco comunitarios” tomaron el control de la cabecera municipal”, señaló.

Y advirtió: “Independientemente de una diferencia o mal entendido con el gobernador, el bienestar y tranquilidad de los ciudadanos está por encima de cualquier situación personal, no podemos caer ni en capricho y egocentrismo, aunque este problema no se debe minimizar y se tiene que resolver de fondo para evitar que se extienda a otros municipios”.

Además de contradecir lo dicho por el gobernador sustituto, quien aseguró que el conflicto de la comunidad estaba resuelto tras negociar para que el grupo delictivo saliera de la cabecera.

Sin embargo los “narco comunitarios” advirtieron que van a regresar en una semana en caso de que las autoridades estatal y federal no detengan a Zenén Nava Sánchez “El Chaparro”, señalado como líder de Los Rojos.

García aceptó que esta problemática lo ha rebasado y pidió a Enrique Peña Nieto y que lleve a cabo una investigación para que “caiga bien” y haga justicia.

Solicitó además al Grupo Coordinación Guerrero (GCG), instancia gubernamental encargada de analizar el tema de seguridad conformada por autoridades militares y civiles en la entidad, sesione en Chilapa para definir las estrategias que se van a implementar.

Antes de todo ello los familiares, de los jóvenes desaparecidos, se reunieron en la plaza central para exigir la intervención de autoridades federales y estatales.

Al respecto, el profesor José Díaz afirmó que en Chilapa no hay tranquilidad como afirma el gobernador, sino terror y zozobra de los ciudadanos que están en medio de una guerra entre grupos criminales.

Sobre el operativo federal y estatal que se mantiene desde hace meses en este lugar, los manifestantes señalan que de nada sirve la presencia policiaca porque las autoridades no intervienen para revertir los efectos de la narcoviolencia.

Por ello, exigieron la presencia de autoridades estatales y federales que resuelvan el conflicto y atiendan los casos de la desaparición de personas.

El grupo fue atendido por el alcalde priista, quien dijo a los inconformes que la situación de Chilapa rebasa su competencia, y se limitó a decir que se sumaba a su exigencia para que autoridades federales y estatales intervengan.

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