Hay un claro interés del gobierno de Guerrero por mantener presa a Nestora, con todo y violaciones a DD.HH: abogado

Por: Érika Paz / 13 mayo, 2015

(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Ha quedado probado que las triquiñuelas jurídicas a las que ha recurrido el gobierno de Guerrero están por encima del debido proceso en el caso de Nestora Salgado García, coordinadora de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá, así lo manifestó la Doctora y académica, Aideè Tassinari, del Comité Nestora Libre.

En conferencia de prensa, el abogado defensor de Nestora, Leonel Rivero, afirmó que “hay un claro interés (por parte del gobierno de Guerrero) de mantener de manera indefinida presa a Nestora”.

Como respuesta al fiscal general de la entidad, Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien dijo que “la señora Salgado carece de una defensa que esté accionando el proceso […]. Sabemos que es renuencia del fiscal Godínez. Que, de manera lógica, tiene que defender su trabajo aun recurriendo a cuestiones que no son del todo reales y tratando de justificar el pésimo trabajo que hizo y que hicieron sus antecesores”, enfatizó Leonel Rivero.

Nestora Salgado fue detenida el 21 de agosto a las 16:00 horas. Sin embargo, desde las 10 de la mañana del mismo día, “el secretario de Seguridad Pública de Guerrero (Sergio Javier Lara Montellano) le había pedido al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado (Prevención y Readaptación Social) que permitieran el ingreso de Nestora al Centro Federal de Readaptación Social número 4 de Tepic, Nayarit.

Nestora “fue trasladada sin un mandato judicial y sin una petición expresa del Ministerio Público (de la localidad), el traslado fue meramente por una decisión netamente administrativa, y las consecuencias de ese traslado ilegal se sigue reflejando día a día, no solamente en el atraso de procesos legales, sino en sus condiciones de salud y en el aislamiento en el que se encuentra Nestora”, denunció Leonel Rivero.

El abogado defensor precisó que Nestora Salgado enfrenta tres procesos del fuero común por el delito de secuestro en los juzgados 1ro y 2do del municipio de Tlapa, Guerrero. A lo largo de 20 meses, sólo han establecido dos fechas para audiencias en la que las presuntas víctimas no se han presentado a las comparecencias para ampliar sus declaraciones.

“Lo que contrasta con el discurso de las presuntas víctimas, quienes manifestaron su deseo de justicia”, en el mes de enero, cuando incluso Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, respectivamente, les ofrecieron su respaldo y se opusieron a la liberación de Nestora Salgado.

“Evidentemente las presuntas víctimas no se presentaron”. Además de que  “es imposible que se pueda desahogar una sola prueba si la distancia que separa al juzgado del penal es de más de 500 kilómetros y las presuntas víctimas están regadas a lo largo de toda la sierra guerrerense. Es evidente que esto es una farsa”, lo que evidencia la “total violación del derecho de acceso a la justicia”,  enfatizó Leonel Rivera.

Aunado a que 16 de los 18 distritos judiciales del orden común de Guerrero se fueron a paro laboral del 31 de marzo al 10 de abril, retrasando la apelación de uno de los dos incidentes de sobreseimiento, declarado improcedente, sobre la acusación federal por el delito de secuestro –retirado en abril de 2014–, con los procesos del orden común. Hasta el momento la apelación no ha sido remitida a Chilpancingo, abundó Leonel Rivero.

En la rueda de prensa se informó que Arturo Campos y Gonzalo Molina, también presos políticos de la CRAC-PC, se declararon en huelga de hambre en solidaridad con Nestora Salgado, quien desde el 5 de mayo fue orillada a optar por esta medida extrema para exigir su liberación y el freno a las violaciones a sus derechos humanos.

En videoconferencia, la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle, abundó sobre el incumplimiento del Estado mexicano de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así como inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de la Secretaría de Gobernación para solicitar el cumplimiento de las mismas.

También estuvieron presentes Ausencia Hornato Vázquez, esposa de Gonzalo Molina, y Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos, quien anunció un probable plantón en la ciudad de México previo a las elecciones del 7 de junio. “Para qué hay elecciones si no hay democracia”, subrayó Agustina de origen mixteco.

Felícitas Martínez, representante de la CRAC-PC, dio anuncio del volanteo informativo en diferentes puntos de la sierra de Guerrero, así como la escalada en las acciones para exigir la liberación de Nestora y de los presos políticos de la CRAC, como retenes y bloqueos carreteros.

También asistieron Clothilde Salgado García y Giovanni Torres Salgado, hermana y sobrino de Nestora Salgado, respectivamente. Giovanni denunció que el presidente municipal Eusebio González Rodríguez, uno de los responsables de la “detención ilegal de Nestora”, ahora busca el cargo de diputado local en el distrito 27 de Tlapa, por el PRI. Por último, Juan Manuel Ramírez habló en nombre de los autodefensas presos en el estado de Michoacán.

El abogado defensor precisó que Nestora Salgado enfrenta tres procesos del fuero común por el delito de secuestro en los juzgados 1ro y 2do del municipio de Tlapa, Guerrero. A lo largo de 20 meses, sólo han establecido dos fechas para audiencias en la que las presuntas víctimas no se han presentado a las comparecencias para ampliar sus declaraciones.

“Lo que contrasta con el discurso de las presuntas víctimas, quienes manifestaron su deseo de justicia”, en el mes de enero, cuando incluso Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, presidentes de las organizaciones Alto al Secuestro y México SOS, respectivamente, les ofrecieron su respaldo y se opusieron a la liberación de Nestora Salgado.

“Evidentemente las presuntas víctimas no se presentaron”. Además de que  “es imposible que se pueda desahogar una sola prueba si la distancia que separa al juzgado del penal es de más de 500 kilómetros y las presuntas víctimas están regadas a lo largo de toda la sierra guerrerense. Es evidente que esto es una farsa”, lo que evidencia la “total violación del derecho de acceso a la justicia”,  enfatizó Leonel Rivera.

Aunado a que 16 de los 18 distritos judiciales del orden común de Guerrero se fueron a paro laboral del 31 de marzo al 10 de abril, retrasando la apelación de uno de los dos incidentes de sobreseimiento, declarado improcedente, sobre la acusación federal por el delito de secuestro –retirado en abril de 2014–, con los procesos del orden común. Hasta el momento la apelación no ha sido remitida a Chilpancingo, abundó Leonel Rivero.

En la rueda de prensa se informó que Arturo Campos y Gonzalo Molina, también presos políticos de la CRAC-PC, se declararon en huelga de hambre en solidaridad con Nestora Salgado, quien desde el 5 de mayo fue orillada a optar por esta medida extrema para exigir su liberación y el freno a las violaciones a sus derechos humanos.

En videoconferencia, la abogada Alejandra Gonza, de la Clínica de derechos humanos de la Universidad de Seattle, abundó sobre el incumplimiento del Estado mexicano de las Medidas Cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así como inacción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de la Secretaría de Gobernación para solicitar el cumplimiento de las mismas.

También estuvieron presentes Ausencia Hornato Vázquez, esposa de Gonzalo Molina, y Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos, quien anunció un probable plantón en la ciudad de México previo a las elecciones del 7 de junio. “Para qué hay elecciones si no hay democracia”, subrayó Agustina de origen mixteco.

Felícitas Martínez, representante de la CRAC-PC, dio anuncio del volanteo informativo en diferentes puntos de la sierra de Guerrero, así como la escalada en las acciones para exigir la liberación de Nestora y de los presos políticos de la CRAC, como retenes y bloqueos carreteros.

También asistieron Clothilde Salgado García y Giovanni Torres Salgado, hermana y sobrino de Nestora Salgado, respectivamente. Giovanni denunció que el presidente municipal Eusebio González Rodríguez, uno de los responsables de la “detención ilegal de Nestora”, ahora busca el cargo de diputado local en el distrito 27 de Tlapa, por el PRI. Por último, Juan Manuel Ramírez habló en nombre de los autodefensas presos en el estado de Michoacán.

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