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Por: Cecilia Balderas / 30 mayo, 2015
(30 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Omar Esparza Zárate, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), denunció la existencia de un grupo armado, contratado por Antonio Cruz alias “Toño Pájaro”, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), en contubernio con integrantes de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), expresamente para asesinarlo.
Esparza Zárate –viudo de Bety Cariño, defensora de derechos humanos asesinada en 2010 por un grupo paramilitar- responsabilizó al gobierno federal y al de Oaxaca, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, de cualquier agresión en su contra y en contra de su familia, por no haber detenido a todos los responsables del asesinato de su esposa y madre de sus hijos, a cinco años del atentado que sufrió y que provocó también la muerte de Jyri Jaakkola, activista de origen finlandés.
“Están preparando mi ejecución. Hay un grupo contratado por un sector del MULT y de la Ubisort; alguien escuchó la conversación y nos informó, para que yo tomara las medidas de seguridad necesarias. Ya no es sólo una amenaza, existe un grupo contratado para ejecutarme”, dijo Omar Esparza en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
El activista narró que una vez que recibió la información se dio a la tarea de verificarla y un funcionario del gobierno de Oaxaca, del que prefirió no revelar su nombre por seguridad, le confirmó que tenían conocimiento de dicha amenaza. “Creemos que esto no es sólo una intimidación, el grupo de profesionales ya tiene recursos y tiene como orden buscarme para asesinarme por la presión que hemos mantenido en el caso del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola”, argumentó el dirigente de MAIZ.
Ante la gravedad del tema, Omar Esparza hizo del conocimiento sobre las amenazas a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a cargo de Arturo Peimbert, sin que éste ofreciera protección o seguridad.
Informó que también entabló diálogo con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para evaluar la posibilidad de que él y su familia sean respaldados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, pero aún no cuentan con su respaldo.
“Me reuní con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, les comenté sobre la situación y el tamaño del riesgo que estamos corriendo, que es muy evidente”, señaló Esparza quien hasta ahora sigue sin contar con algún tipo de seguridad formal más que las precauciones que su círculo cercano ha implementado.
“Si algo nos llega a pasar es responsabilidad del Estado mexicano, en este caso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto”, sentenció.
Agresión extendida
Omar Esparza no ha sido el único blanco de amenazas, también las organizaciones en las que colabora -MAIZ y el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS)- y sus simpatizantes, se han visto afectados por la persecución que desde distintos frentes se mantiene desde el asesinato de Bety y Jyri Jaakkola.
“A partir de la detención de Elías Cruz Merino (el pasado enero) las amenazas hacia los testigos de la agresión a la caravana se han vuelto un foco rojo que también hemos denunciado, pero no ha habido protección hacia ellos y sus familias, que son amedrentados todo el tiempo para que no declaren, lo que también ha provocado retraso en el juicio”, argumenta Esparza, y añade que aunque Antonio Cruz tiene girada una orden de aprehensión por su presunta participación en la emboscada a la caravana comunitaria, ha sostenido diversas reuniones con funcionarios del gobierno de Gabino Cué sin que ninguna autoridad intente siquiera detenerlo.
“El Estado no está actuando como debería, no está brindando protección, no está aplicando las medidas de protección a los testigos, no existe ningún mecanismo que les garantice su seguridad, ni del gobierno federal ni del estado, aunque digan lo contrario; no hay nada, ya no confiamos en las instituciones. En la Procuraduría General de la República hay dos averiguaciones previas por la muerte de Bety y Jyri. Llevamos cinco años exigiendo justicia y nada”, dijo.
Esparza informó que en los próximos días buscará exponer su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante Amnistía Internacional, aunque tiene la certeza de que al Estado mexicano es al que le corresponde garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Presión internacional
La reciente visita del presidente de Finlandia, Sauli Niinistö a nuestro país, resultó benéfica para los familiares de Bety.
En una reunión sostenida con el mandatario, Omar recordó que el asesinato de Bety y Jyri, a cinco años de haber ocurrido, permanece en la impunidad, pues aunque hay varios detenidos acusados de haber participado en la agresión –incluido Rufino Juárez Hernández, exdirigente de la Ubisort- ninguno de ellos ha sido sentenciado.
Niinistö se comprometió a mantener el tema en la agenda bilateral con México para continuar con la exigencia de que a la brevedad se detenga al resto de los involucrados en la emboscada en la que participaban ambos activistas y que pretendía hacer llegar alimentos y medicinas al municipio de San Juan Copala, en la zona triqui de Oaxaca.
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