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Por: Cecilia Balderas / 16 mayo, 2015
(16 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes del Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales (MAOS) denunciaron la política de represión sufrida por asociaciones civiles a manos de diversos instrumentos del Estado y se manifestaron en contra de lo que llamaron “las reformas estructurales de corte neoliberal” aplicadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Como algunos casos significativos de dicha acción criminal “lanzada por el Estado militar policíaco”, recordaron la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero; el asesinato de seis personas en los mismos hechos; el asesinato de Gustavo Salgado, militante del Frente Popular Revolucionario en Morelos; la detención de Rubén Sarabia Sánchez, asesor de la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre de Puebla; el encarcelamiento de defensores del pueblo Yaqui; la intimidación en contra de los campesinos opositores a la construcción de megaproyectos en Morelos, Tlaxcala y Puebla, así como las amenazas contra los dirigentes de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.
Denunciaron que organizaciones simpatizantes del MAOS han sufrido diversas formas de provocación, hostigamiento y represión, por ejemplo, la persecución a Agustín Gómez, miembro del Frente Popular Ricardo Flores Magón del estado de Chiapas, quien decidió prenderse fuego para exigir a las autoridades federales y estatales la liberación del dirigente campesino Florentino Gómez.
En San Luis Potosí, integrantes de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (CMAP) han sido agredidos por autoridades estatales y varios de sus integrantes fueron amenazados de muerte, en particular su dirigente, Miguel Ángel Wong Soto. A pesar de que han solicitado la intervención de las dependencias de justicia, no ha habido respuesta alguna.
El estado de México no se queda atrás, pues integrantes del Frente Educativo Popular Revolucionario (FEPR), organización que ha trabajado en la fundación de escuelas en comunidades indígenas de la zona de Toluca, Valle de Bravo y Villa Victoria, han sido objeto de intimidación por organizaciones priístas, sólo por reclamar que sus demandas de corte académico y social sean atendidas.
Entre las agresiones que han sufrido, destaca el bloqueo de los ayuntamientos y “la amenaza latente de que los compañeros sean despojados de sus fuentes de empleo, además de la amenaza de cerrar las escuelas si no se apegan a la reforma educativa impulsada por el gobierno federal”.
La Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre, con presencia en Puebla, denunció el hostigamiento del que han sido víctimas sus simpatizantes del Mercado Hidalgo, ubicado en la capital poblana, donde se registró una agresión la tarde del pasado jueves con armas de fuego que dejó dos heridos.
Las agresiones se han extendido hasta los simpatizantes del Frente Popular Ricardo Flores Magón, de Chiapas y Oaxaca, quienes han sido reprimidos en varias ocasiones.
Integrantes de la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR) en el estado de Guanajuato y Veracruz han sido objeto, en reiteradas ocasiones, de despojo de tierras ejidales, generando incluso, enfrentamientos con elementos de las policías estatales.
“Estamos conscientes de que no se trata de casos aislados, es más bien, la expresión de una política sistemática contra las organizaciones que de una u otra forma, realizamos esfuerzos por impulsar y coordinar la resistencia popular contra las políticas neoliberales y el capitalismo depredador…estamos trabajando con nuestras bases para, cuando sea necesario –sobre todo si continúa este clima de represión- movilizarnos de manera contundente para demandar una respuesta satisfactoria a nuestras peticiones”, argumentó Arturo Jacinto Jiménez Pérez, integrante del movimiento.
Llamado a boicot
Informó que después de una amplia discusión, el MAOS tomó la determinación de llamar a boicotear las elecciones del próximo siete de junio a escala nacional, por la “deslegitimación del sistema político autoritario al servicio del gran capital trasnacional, el favoritismo desmedido de las instituciones electorales hacia la fórmula PRI-PVEM, el costo descomunal de las elecciones en una situación de constante crecimiento de la pobreza, el alejamiento de los partidos políticos de las necesidades básicas del pueblo, la falta de seriedad, propuestas y principios éticos de los candidatos, la vinculación descarnada entre los partidos y candidatos con el crimen organizado, el uso indiscriminado de los programas asistenciales del gobierno con propósitos electorales y la preparación de diversos dispositivos de defraudación de la voluntad popular”.
Para lograr el boicot, el MAOS propone crear un frente nacional con todas las organizaciones populares, una dirección centralizada y democrática, elaborar un programa de lucha, definir las estrategias para lograr su cometido, la realización de diversos tipos de acciones antes y durante la jornada electoral, forjar una conciencia entre la mayoría popular sobre el significado de las elecciones, llamar a que la ciudadanía no salga a votar y educar política e ideológicamente a “las masas populares” para su lucha decisiva contra el sistema capitalista y su “máscara neoliberal”.
Represión burocrática
En las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) Teófilo Cárdenas, coordinador de la ACR, denunció que además de la represión física de que son objeto en Guanajuato, también existe una “represión burocrática, pues nuestros asuntos agrarios, productivos y de agua no prosperan, tenemos años planteando estos asuntos, por ejemplo en municipios como San Felipe, en donde los compañeros fueron desalojados de sus tierras a pesar de que ya tenían escrituras”.
En el caso del ejido San Carlos, constituido legalmente en el municipio de León, varios de sus propietarios fueron encarcelados al tratar de impedir que los despojen de sus tierras; en San Miguel Allende, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se ha negado a regularizar los terrenos constituidos como ejido.
“Nos parece muy serio que los gobiernos, en distintos niveles, no hagan caso ni solucionen los problemas… estamos tejiendo una red de solidaridad entre nosotros, pero también estamos preparando una movilización, pues no nos queda de otra, e inclusive la toma de algunas instalaciones federales en aras de que el gobierno cese la represión en contra de nuestros compañeros”, concluyó Jiménez Pérez.
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