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Por: Emma Martínez / 22 mayo, 2015
(22 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hasta marzo pasado, en Villa Unión, Sinaloa, había aproximadamente más de 200 jornaleros de la comunidad me’ phaa de San Pedro Acatlán, Tlapa, estado de Guerrero, laborando en distintos campos agrícolas.
A ese grupo pertenecía Arturo de los Santos Catalán, de siete años, quien viajó en diciembre de 2014 junto a sus tres hermanos y sus padres, Faustina Catalán Mateos y Fidel de los Santos González, a Villa Unión, para trabajar en el corte de chile y jitomate.
Como todos los años, la familia rentó una vivienda por mil 500 pesos mensuales, ya que el albergue de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que se ubica en el poblado, les exigía una cuota por dormir en el lugar, la cual resultaba más alta que un cuarto, esto bajo el argumento que es para el mantenimiento, hecho que se repite en varios poblados más.
Tres meses después, el sábado 14 de marzo, Arturo se encontraba jugando con otros niños en la calle, cerca de los cuartos que rentan, cuando un carro de ‘caja grande’, perteneciente a la Cruzada contra el Hambre, de SEDESOL, lo atropelló, matándolo de forma instantánea. En el accidente salió lesionado de la cara y la cabeza otro niño, de nombre Gabriel García Félix, de 5 años de edad.
En aquel momento se detuvo al conductor, pero al acudir a la oficina del síndico, en Villa Unión, los amenazaron con armas y les dijeron ‘que se calmaran’, y cuestionaron que hubieran varias personas en el Ayuntamiento, por lo que ellos respondieron que estaban ahí para exigir castigo por la muerte de su familiar, “aunque allá nos quieren voltear las cosas, a nosotros nos agreden y a otros los protegen y dijeron que eso no paso así, que el niño se metió a la terracería, tienen que darnos justicia”, comentaron los padres.
Faustina y Fidel afirman que de por sí su situación es difícil, ya que como jornaleros, los han hecho menos en los campos y los han acusado de llegar a quitarles el empleo a otros, “nosotros vamos porque en Guerrero no hay nada, no hay trabajo, sólo sembramos en temporal y vamos a trabajar para ganar algo de dinero”, narró el abuelito del niño, el señor Eulogio de los Santos.
Los padres del niño refieren que la persona detenida cubrió los gastos para el traslado del cuerpo de Arturo. El menor fue sepultado el martes 17 de marzo pasado, en el panteón de la comunidad de Guerrero, a un lado de otros cuatro jornaleros que perdieron la vida en Michoacán hace dos años.
La familia de Arturo tiene una relación de parentesco con los familiares de estos jornaleros agrícolas fallecidos, quienes fueron asesinados en Yurécuaro, Michoacán, el 28 de octubre de 2013, al ser levantados, torturados y ejecutados por un grupo delictivo de aquella zona.
El padre de Arturo permaneció en Villa Unión para darle seguimiento al proceso, mientras la madre y demás familiares después de velar y dejar que pasara la ‘levantada de la cruz’, se dirigieron a Michoacán a seguir trabajando, ya que forma parte de sus zonas de trabajo, donde también se incluyen Zacatecas y Jalisco. Un familiar comentó que iba a viajar a Sinaloa para apoyar a Fidel de los Santos. Sin embargo, como el proceso iba muy lento, el padre se quedó sólo.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., que dio seguimiento al caso, explica que después de un tiempo los padres de Arturo ya no toman las llamadas, y el celular manda a buzón. A los demás familiares se ha querido localizar con algunos conocidos que se encuentran trabajando en Michoacán, pero desconocen su paradero porque no saben en qué lugar del estado se encuentran trabajando. Sobre el tema, SEDESOL jamás se pronunció y la cobertura del tema en los medios de comunicación fue casi inexistente.
Margarita Nemecio, Coordinadora del área de migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirma, “la muerte de Arturo de los Santos se suma a 41 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) jornaleros que pierden la vida en los campos agrícolas donde acuden a trabajar, para obtener los recursos necesarios que les permita la manutención de su familia”.
“Sin embargo, decir, que van 41 NNA muertos en estas condiciones, pareciera que no significa nada para las autoridades, no les resulta alarmante, ni trascendental, parecieran más bien estadísticas para la nota roja de lo que acontece a diario en nuestro país. No debemos acostúmbranos a verlo como algo normal o común: han muerto 41, solo los contabilizados por Tlachinollan y originarios de comunidades indígenas de la región Montaña, pero ¿cuántos NNA más han muerto? ¿Cuántos de ellos han sido sepultados en esas zonas? ¿Cuántos más tienen que seguir muriendo en estas condiciones de riesgo, de falta de seguridad y de protección de acuerdo a la normatividad vigente en nuestro país en materia de los derechos de NNA?”, cuestiona Nemesio.
Y asevera que, la muerte de los menores en dichas condiciones es un tema que ha estado endeble, “el Estado mexicano presenta datos generales sobre la erradicación de la mano de obra infantil y se pronuncia sobre los retos que faltan por cumplir, sin embargo, el tema de la erradicación de la mano de obra infantil en los campos agrícolas no recae sólo en la idea de ‘sacar’ a las NNA de las zonas agrícolas, o adjudicar que la responsabilidad es enteramente entre particulares (exclusivamente de los agricultores o patrones), cuando en realidad son responsabilidades compartidas”.
En días pasados, a través de organizaciones de la sociedad civil que participaron en la Asamblea de Ginebra, Suiza, se presentó un informe ante el Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al tema de las NNA, jornaleros agrícolas y sobre la falta de una atención integral y la generación de políticas avocadas a atender primariamente el interés superior de NNA.
En dicha reunión se expusieron los padecimientos de menores, hijos de padres jornaleros indígenas, en donde no existen derechos en materia de educación, salud, alimentación y principalmente se adolece de una atención integral en los campos agrícolas. Se denunció que las autoridades no investigan si los padres tienen los medios o recursos para llevarlos a una guardería o escuela porque en el campo no los hay y nadie se los garantiza.
“Existe una normatividad vigente y reformada, existen mecanismos internacionales de respeto y garantías a los derechos humanos de NNA, el problema es que no se respetan, los agricultores y la autoridad no dan cumplimiento a lo que ya está escrito, sólo se presentan datos y resoluciones parciales, pero son acciones mediáticas, no preventivas, ni basadas en los procesos migratorios y contextos de donde parten las familias jornaleras indígenas”, sentencia Nemecio.
La investigadora social, Mercedes López Limón, afirma: “el aporte del trabajo infantil es fundamental para la supervivencia del conjunto familiar. Los menores jornaleros, el 24.6 % iniciaron su vida laboral entre los cinco y nueve años; 75.3 % a los diez años y 76.6 % tiene una trayectoria laboral que va de uno a cuatro años. Niños y niñas realizan actividades agrícolas minuciosas, rutinarias y con gran frecuencia riesgosas, que les exigen gran esfuerzo físico, concentración y disciplina”.
“Entre los accidentes figuran las caídas de vehículos de transporte, heridas y golpes, al mediodía dolor de cabeza cansancio y mareos. En cuanto al problema de las intoxicación, algunas veces se propicia por comer productos fumigados o porque un avión fumigador roció a los niños. Y es que no se les dota de equipo protector, tampoco existe el cuidado del baño y el cambio de ropa a pesar que se utilizan productos de los más peligrosos”, explica López Limón.
Y argumenta: “es un problema de salud pública que ameritaría imponer regulaciones y mayor control en uso de agroquímicos, lo que afectaría los altos niveles de rentabilidad de los empresarios agrícolas. Un trabajador de SEDESOL comentó: ‘si la gente conociera los riesgos de los agroquímicos no le entraría el trabajo’; no, hay mucha gente que sí, aunque lo sepan de todas maneras tienen que trabajar”.
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