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Por: Redacción Revolución / 25 mayo, 2015
Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(25 de mayo, 2015).- La alcaldesa de Matamoros, Tamaulipas, Leticia Salazar Vázquez, es otro referente de corrupción ya que ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes, entre 2014 y lo que va de 2015.
De acuerdo a un listado que posee el diario Excelsior se puede constatar que Salazar autorizó a 30 empresas dinero de los fondos para infraestructura social municipal, contingencias económicas, pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público, rehabilitación de infraestructura educativa, y rescate de espacios públicos, así como del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
Cabe recordar que su gobierno, mismo que es panista, estuvo ya en la controversia el pasado año cuando se acusó a al Grupo Hércules, corporación de seguridad de élite de Matamoros, de la desaparición y muerte de cuatro personas, entre ellos tres hermanos de origen estadunidense.
Hoy en día el padre de la alcaldesa, Ramiro Salazar, compite por una diputación federal.
Además de que entre 2014, y lo que va de 2015, Leticia Salazar Vázquez ha entregado contratos por al menos 200 millones de pesos del presupuesto federal para programas sociales a empresas que registraron domicilios fiscales en casas particulares o sitios inexistentes.
El diario Excélsior señaló que también tiene copia de la relación de la obra pública contratada a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Ecología y de Servicios Públicos del ayuntamiento de Matamoros, un legajo de contratos y oficios para el pago de facturas a un grupo de empresas sin infraestructura y que fueron beneficiadas por Leticia Salazar con dinero federal.
De acuerdo con el listado de obra, la alcaldesa de Matamoros autorizó a 30 empresas dinero de los presupuestos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Fismun) del Ramo 33; del de Contingencias Económicas, correspondiente al Programa del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas; del Fondo de Pavimentación Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDARIE); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); Hábitat y Rescate de Espacios Públicos (SEDATU) y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
A su vez en el ayuntamiento de Matamoros se negaron a dar una opinión sobre la documentación obtenida a través de un funcionario público del gobierno municipal. Nora González Sánchez, directora de Comunicación Social, dijo a este diario que se trata de un golpe político porque “en la administración de Lety Salazar todo se hace conforme a la ley”.
Sin embargo están comprobados los casos donde el domicilio fiscal es el de una casa habitación y no el de una constructora, por lo que las rupturas hacia la Ley son claras, empero muchos actores políticos atribuyen los descubrimientos de sus abusos a ataques en su contra, principalmente a dos semanas de las que podrían ser las elecciones más turbulentas desde que existe el INE (antes IFE).
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