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#SEGOB, #GabinoCué y funcionarios de #SEP demandados por #AcuerdosIlegales con #CNTE y #Sección22

Por:  / 15 abril, 2015
OSORIOJUICIO
(15 de abril, 2015).- El brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero, Aprender Primero, presentó una demanda de amparo contra funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por haber hecho válidos acuerdos que van en contra de las leyes educativas que están en vigencia, principalmente las que están en contra del servicio profesional docente y la evaluación educativa.
En dicho amparo se demanda a que el Poder Judicial de la Federación (PJF) intervenga para salvaguardar la educación de niños, niñas y jóvenes de Oaxaca.
Además de que también se establezca la respuesta, de manera adecuada, de la petición que se hizo en torno a los integrantes de la Sección 22 que participaron en negociaciones y marchas del pasado mes de febrero.
“Como hicimos del conocimiento público, el 19 de febrero de este año solicitamos información puntual para conocer los fundamentos de derecho, motivos, términos, condiciones y costos al erario público de las negociaciones con la CNTE”.
“Se solicitó el nombre del personal en funciones docentes que participaron en las manifestaciones del 9 al 11 de febrero; nombre de quienes participaron en la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, copia de las minutas, acuerdos firmados, entre otros temas”, informó a través de un comunicado de prensa Mexicanos Primero.
Agregaron que la petición a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) iba acompañada de una epístola, misma que cuenta con el respaldo de 10 líderes de opinión, para el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
La misiva solicita que se deje sin efecto cualquier acuerdo llevado a cabo entre esa dependencia, la SEP, el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 ya que, consideran, que esos pactos son ilegales.
También se indica que la SEGOB respondió, a través de un oficio firmado por el subsecretario de gobernación Luis Enrique Miranda, a lo que se le cuestionaba.
“Dicho documento afirma que la SEGOB no tiene conocimiento ni registro alguno de las personas que participaron en las negociaciones y en las marchas de la Sección 22 en la Ciudad de México, de febrero pasado”.
“También expresa que no hay costo alguno para el erario público ni para los mexicanos derivado de dichas negociaciones, y afirma que no hay incumplimiento o violación de la ley vigente”, aseveró Mexicanos Primero.
Esa respuesta los llevó a presentar el amparo puesto que, es ridículo que la autoridad no sepa con quién se reúne.
Agregaron que es una obligación para las autoridades fundar y motivar a las respuestas con hechos reales y verídicos.
“También señalamos al juez que en la minuta de la reunión sostenida el 10 de febrero pasado, firmada por el Subsecretario Miranda, el Gobernador de Oaxaca, el director del IEEPO y el director general de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP con integrantes de la CNTE  indebidamente se avalan y hacen vigentes acuerdos previos que son ilegales”.
“Dichos acuerdos incluyen que los docentes puedan ser promovidos en sus puestos ‘por buen desempeño’, según los criterios de la Sección 22 y no por evaluaciones definidas por el INEE; que el diseño de la evaluación sea realizada por los maestros y no por el INEE; permitir que no se despida a maestros que no se evalúen o que obtengan resultados insatisfactorios después de tres evaluaciones y cursos de capacitación, o bien, la determinación de que ningún profesor en Oaxaca pueda ser removido ni cambiado de lugar o funciones a consecuencia de las evaluaciones o de los perfiles requeridos en las escuelas”, señala la organización.
Todo lo anterior, ratificado en 2015, es un incumplimiento de las leyes en vigor según la organización.
A su vez se mostraron confiados en que el Poder Judicial actuará de manera imparcial.
“Exhortamos de nuevo a las autoridades a meditar en su responsabilidad de transparencia y eficacia en la defensa e implementación de la reforma educativa y del Estado de Derecho”, señalaron.
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