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Por: Redacción Revolución / 18 abril, 2015
(18 de abril, 2015).- El Viacrucis migrante, que partió desde Ixtepec, Oaxaca, y recorrió 760 kilómetros, llegó cerca de las 3 de la madrugada, el padre junto con decenas de migrantes arribaron a bordo de cuatro autobuses a las inmediaciones del deportivo Ajusco, ubicado en la delegación Coyocán escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina.
Tras su traslado a la Basílica de Guadalupe, además de los indocumentados que fallecieron en tierras mexicanas, el sacerdote Alejandro Solalinde exigió al gobierno federal el cese del Programa Frontera Sur y la salida del Grupo Beta de los operativos de seguridad e inteligencia implementados en la Frontera, tras su llegada con la caravana de migrantes a la Ciudad de México.
Y reprochó que se ha implementado un operativo contra un enemigo de Estado pero no resultó; denunció que ante el intento de detener su paso en la caravana lesionaron a muchos migrantes, por lo que interpondrán 138 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 30 denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de policías y elementos de migración.
“Los policías no estuvieron para defender, fue para golpear a los migrantes en el pecho, además de que con toda su fuerza les reventaron en los pies, hubo moretones y golpes, pero finalmente las organizaciones y Dios, nos ayudaron a pasar”, señaló el padre Solalinde.
Con él llegaron aproximadamente 250 migrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, e integrantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y sociedad en general, Solalinde sostuvo que está abierto al diálogo pero con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, no con la policía y no en un monólogo o en un acto para tomarse la foto, sino para que sus demandas sean atendidas.
Agregando que los ciudadanos no deben votar por el mismo gobierno en el próximo proceso electoral, ni hacer sostenimiento del mismo sistema corrupto “que no tiene remedio y hagan un voto de conciencia”.
La causa principal de esta movilización es rechazar el Programa Frontera Sur y hacer conciencia en las autoridades mexicanas por los constantes abusos que sufren los migrantes por parte de los criminales cuando estos atraviesan la República con la intención de llegar a la frontera norte.
Después de la misa, anunciaron que se dirigían a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y anunciaron que este domingo partirán de regreso a Ixtepec, en el estado de Oaxaca.
En julio pasado, Enrique Peña Nieto, ante el Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, puso en marcha el Programa Frontera Sur, que ha decir por él, tiene los propósitos de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.
Enfatizando, “en México estamos convencidos de que el fenómeno migratorio debe ser atendido desde una perspectiva regional, corresponsable, y sobre todo humana; pero también somos conscientes de que cada nación tiene que hacer su parte”.
El pasado 18 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en la Ciudad de México su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México”. En el documento se expresó la preocupación por la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, “una de las principales tragedias humanitarias en la región”.
En tanto, la estrategia propuesta recientemente por el gobierno en relación con la frontera sur, muestra un contraste alarmante con las recomendaciones que hace la CIDH a México.
En las 39 recomendaciones que realizó la CIDH, destaca la urgencia de garantizar los derechos de migrantes como víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Frente a las diversas formas de violencia que afectan a los migrantes (robos, extorsiones, secuestros, trata, asesinatos, desapariciones, entre otros), recalca la importancia de una política de seguridad ciudadana para la población migrante y en el contexto de la movilidad humana.
Sobre la “Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur” (Programa Frontera Sur) se cuestionó la poca claridad de cómo el gobierno subsanará la corrupción en los distintos niveles del mismo. Puntualizando que el enfoque de la colaboración policial, si “ya hemos visto que el mayor despliegue de fuerzas policiales y militares no disminuye la violencia”.
También se habló que la intensificación de la colaboración entre autoridades migratorias y fuerzas de seguridad es un error, si son instancias con problemas estructurales de corrupción y falta de controles que requieren reformas de fondo.
“En este sentido, la estrategia para la frontera sur parece ser un reflejo del doble discurso frente al fenómeno migratorio que incluso la CIDH esperaba que ya se hubiera superado”, afirmaron.
Diversas organizaciones han declarado que se trata de una política reactiva que dice regirse por principios de derechos humanos, mientras de facto prioriza el control y en la práctica implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano.
Por su parte, Amnistía Internacional reprobó al programa Frontera Sur como estrategia para proteger y salvaguardar los derechos de los migrantes. El director de la oficina en México de esta organización mundial, Perseo Quiroz, denunció que la política migratoria en el país no tiene perspectiva de derechos humanos.
“La política migratoria mexicana es una política que privilegia la seguridad nacional frente a otro concepto que es la seguridad humana. No es una política que tenga perspectiva de derechos humanos”, afirmó el director ejecutivo de AI México durante la presentación del caso de Ángel Amílcar, activista hondureño detenido en Nayarit .
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