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Por: Redacción Revolución / 5 abril, 2015
Ilustración: Pe Aguilar /@elesepe1
(05 de abril, 2015).- Se está creando un nuevo “Fobaproa”, por medio del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), en donde se viene presentando un uso discrecional, ilegal y falto de transparencia en el ejercicio de recursos públicos a través de la figura jurídica de los fideicomisos, sentencia el diputado de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
En una reunión sostenida con diputados y el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, para analizar el informe de resultado de la Cuenta Pública 2013, Manuel Huerta explicó que el FONADIN tiene como objetivo ser un vehículo de coordinación para el desarrollo de infraestructura en sectores tales como comunicaciones, transporte, medio ambiente, entre otros, los cuales son apoyados con recursos públicos a través del Fideicomiso 1936, como es el caso de los proyectos que administra BANOBRAS.
Sobre el tema, el Auditor Superior de la Federación, resaltó los casos del Acueducto Monterrey VI, el Museo Nacional del Barroco y la Autopista Toluca Naucalpan, proyectos asignados al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, empresario que ha sido vinculado con el Presidente Enrique Peña Nieto por posibles conflictos de interés.
El legislador de Morena, comenta “la ASF, al cierre de 2013, presumió insuficiente la capacidad financiera del FONADIN para: 1) solventar sus compromisos actuales a fondo perdido y recuperables; 2) continuar cubriendo erogaciones para la construcción de tramos carreteros que se encuentran en proceso; 3) pagar gastos de mantenimiento y conservación de los que actualmente tienen concesionados y, lo más importante, 4) hacer frente al pasivo de su deuda por más 201 mil millones de pesos”.
Con respecto a lo anterior, Manuel Huerta apunta que no es de sorprender, entonces, que la Auditoría Superior de la Federación “sugiera a la Cámara de Diputados que, con base en sus facultades evalúe la conveniencia de que se promueva lo conducente ante el Ejecutivo Federal, a efecto de que se extinga el FONADIN”.
Pues, según el diputado, los recursos que da el Fondo Nacional para la Infraestructura se esfumarán en el momento en que desaparezca éste. “Va a desaparecer todo. Por eso estoy hablando de un Fobaproa de alrededor de ese déficit de 200 mil millones.
“Es un esquema de defraudación que inauguró Peña Nieto; le llaman PPP, Proyectos Público-Privados, en asociación público-privada donde un supuesto privado realiza una obra con dinero público”, señaló Huerta.
El diputado sentencia que el supuesto inversionista privado no pone nada, la federación le da dinero que puede desvanecerse en cualquier momento y no habrá reclamo porque el fondo se concibió justamente para eso; para perderse.
El vicecoordinador del Morena entregó un documento personalmente al Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Martínez en donde, entre otras cosas, planteó las interrogantes: ¿Qué costo tendría para las finanzas públicas extinguir el FONADIN, habida cuenta el pasivo que arrastra hasta la fecha?; ¿quién pagaría dicho costo?; ¿estamos ante un nuevo FOBAPROA?; ¿podrá el FONADIN, dada su situación financiera, hacer frente a sus compromisos adquiridos en los proyectos Acueducto Monterrey VI, Museo del Barroco de Puebla y autopista Toluca Naucalpan, entre otros?
Al mismo tiempo, Manuel Huerta comenta, “es raro que a diferencia de las licitaciones públicas comunes, en las que los proyectos se realizan con el capital privado de los empresarios participantes, ahora es el gobierno el que invierte y los concursantes no arriesgan nada. Antes se justificaba que los privados entraran era porque traían lana. Ahora no, ahora el estado les da dinero, les presta como le prestó 300 millones de pesos a Hinojosa para el Hospital de Zumpango, empezar obras, comprar terrenos.”.
Y afirma, “es un robo descarado. Ahora la novedad es que el gobierno les da dinero; el dinero del pueblo lo está robando con la desaparición de este fondo, de uno de tantos ejemplos de lo que está ocurriendo”.
Sobre el tema de los los fideicomisos, el legislador mencionó que la propia Auditoría Superior de la Federación ha reconocido que los denominados fideicomisos, mandatos u otras figuras no paraestatales “no se sujetan al marco jurídico y presupuestal que regula la Administración Pública Federal, como tampoco al control legislativo, vía el Ejecutivo, en materia de deuda, ingreso o gasto público”.
Además, apuntó, “los fideicomisos contratan deuda e, incluso, emiten títulos de deuda, la cual que no es considerada parte de la propia deuda pública federal e incluso, con los recursos de su patrimonio se efectúan erogaciones que no son consideradas como gasto público”.
En este sentido, expresó que dado el carácter de Fideicomiso Público que tiene el FONADIN, resulta necesario que el Poder Legislativo conozca “la estrategia a seguir para hacer frente a los pasivos del FONADIN en el periodo 2014 a 2033”.
“Los recursos que obtendrá por la explotación de los tramos carreteros que tiene concesionados, así como los compromisos de apoyos recuperables y no recuperables ya adquiridos, y los que pudiera asumir en el futuro dentro del marco del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018”, afirmó Manuel Huerta.
Y agrega que la “ASF efectuó una proyección de la viabilidad financiera del fideicomiso en dicho periodo, de la que se concluyó que a partir de 2014, registrará un déficit que podría alcanzar un monto acumulado de recursos por más 182 mil millones de pesos al finalizar 2033”.
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