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Por: Redacción Revolución / 11 marzo, 2015
(11 de marzo, 2015).- Puebla a través de la censura. El Congreso del estado aprobó la reforma al Código de Procedimientos Penales, conocida como Ley Antigrafiti, la cual permitirá el encarcelamiento por hasta seis años de quien dañe la propiedad pública y privada.
Eukid Castañón Herrera –cercano al gobierno de Rafael Moreno Valle–, quien impulsó dicha reforma, indicó que ésta no es contra el grafiti sino contra quien dañe la propiedad y agregó que en la discusión se tomaron en cuenta todos los puntos de vista sobre el tema; no obstante, diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como Socorro Quezada Tiempo, Lizeth Sánchez García, Mariano Hernández Reyes, Julián Peña Hidalgo.
Esta situación representa el recrudecimiento de las políticas represivas delmorenovallismo, pues esto también daría paso a encarcelar a los manifestantes que realicen pintas, en el marco de las protestas contra tal gobierno.
Por ello, la diputada Quezada, sostiene que mientras la pena máxima para este delito era hasta dos años, ahora serán de “cuatro años y ahora se señala que quien de manera dolosa afecte el patrimonio de la ciudad o del estado puede tener un castigo hasta de seis años ya que es considerado como delito grave”.
En ese sentido, señaló que debido a estas circunstancias decidió votar en contra porque con base en la reforma, grafittear es ya, un delito grave. Pero lo más grave, según apuntó, es que el graffitti es equiparable con un homicidio.
“Vale más un monumento que la vida humana, por eso se vota en contra, no es posible que se quiera criminalizar algún tipo de protesta porque realmente el país no está para bollos y los jóvenes que se quieran manifestar si en estos momentos lo hacen de manera ‘dolosa’ que es ambiguo determinar cuándo lo hace, pues si les acaban de desaparecer a su hijo o hija, van a reaccionar de otra manera”, agregó.
A pesar de la oposición a dicha reforma, los acuerdos a los que llegaron a los legisladores, restringieron el delito a todo aquel que dañe inmuebles históricos o arqueológicos, con una pena de tres a seis años de prisión.
Por su parte, Castañón Herrera dijo que con esta reforma jamás se pretendió violentar los Derechos Humanos. No obstante, precisó que nunca habría razón para creer que el objetivo es violentar los derechos humanos.
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