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Por: Redacción Revolución / 13 marzo, 2015
Ilustración por PeAguilar
(13 de marzo, 2015).- El gobierno de Veracruz criminaliza las protestas en contra de la privatización del río La Antigua presionando insistentemente a los manifestantes, informaron integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca del Río la Antigua.
Mencionaron que anteriormente el delegado estatal de la Procuraduría Agraria, Cirilo Rincón Aguilar orquestó las denuncias penales interpuestas por ejidatarios de la zona, acusados de despojo del edificio ejidal, daños, injurias y amenazas así como asociación delictiva.
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) declaró que las denuncias “forman parte de una campaña que tiene el gobierno de Peña Nieto y de Duarte de criminalizar a los movimientos que estamos exigiendo concretamente el derecho al agua”.
Son cuatro ejidatarios los que asesorados por Cirilo Rincón demandaron a cuatro habitantes de Jalcomulco y a siete ejidatarios por las causas mencionadas.
Hace un año –detalló- LAVIDA denunció que el gobierno de Duarte ocupaba a la Procuraduría Agraria y a la Secretaría de Gobierno para intimad y presionar a los campesinos a que vendan sus tierras a la empresa Odebretch, una estrategia usada también en los poblados de Filobobos y la zona de Amatlán.
“Los que se han convertido en la punta de la lanza para agredir la resistencia es la procuraduría agraria vía Cirilo Rincón, lo decimos con todas sus letras porque lo hemos visto, lo hemos enfrentado y él nos dice que es un soldado de Peña Nieto y que está ahí para hacer cumplir las instrucciones del gobierno para privatizar los ríos”, continúa Rodríguez Curiel.
Según el activista detrás de Cirilo Rincón está el gobierno estatal ya que los delegados federales los propone dicha administración.
El pretexto para agredir a los compañeros –afirma- es la demanda, pero las instalaciones ejidales están tomadas por los mismos ejidatarios, evitando así que Rincón imponga a un “títere” para negociar y continuar la construcción de la presa.
“Acusan de despojo porque está actualmente el edificio ejidal en manos de los ejidatarios que se oponen a la privatización y a la construcción de la presa y los cuatro que demandan están a favor de que se construya la presa”, declaró.
A pesar de ello, la defensa del Río La Antigua no se detendrá hasta que las empresas se vayan de la zona definitivamente, aseguró Curiel.
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