Grupos encargados del #DesplazamientoForzoso perpetran #MatanzasMasivas y selectivas: #especialistas

Por: Érika Paz / 6 marzo, 2015 REVOLUCIÓN3.0

(06 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos años, 10.5 millones de hectáreas –de 50 millones agrícola-ganaderas–, fueron impactadas por el desplazamiento forzado y hasta la fecha el gobierno colombiano reconoce 6.5 millones de personas desplazadas, señaló Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Invitado al seminario internacional “Colombia-México. Paramilitarismo y despojo territorial”, celebrado el día de ayer en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM); González Posso esbozó la historia reciente de su país en la que los intereses económicos y expansionistas de Estados Unidos son el ingrediente principal en  el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de millones de personas mediante el paramilitarismo como instrumento de represión y terror de Estado.

Actualmente, comentó Camilo González, en Colombia se vive una etapa de “formalización e institucionalización del botín de guerra”, luego de la participación de los paramilitares en la “preparación y limpieza de los territorios”, cuyos habitantes fueron obligados a abandonar; los cuales están siendo “recuperados” legalmente por empresas transnacionales en su mayoría petroleras y mineras.

El profesor colombiano recordó que la “preparación del terreno” para la incursión de British Petroleum (BP) en Cusiana –uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo– “la hicieron los paramilitares, (ellos) se encargaron de confrontar a la guerrilla, de confrontar al campesinado, de confrontar a los colonos. De limpiar el terreno, de preparar  las condiciones y de prestar servicios de seguridad directamente a la multinacional”.

En este periodo de violencia (1958-2015), en Colombia se contabilizaron “más de 3 mil masacres” a manos de los paramilitares. Se registraron 250 asesinatos, de los cuales, el 80 por ciento se concentra de la década de 1990 a la fecha. En México, comparó Camilo González, suman más de 130 mil personas muertas en un lapso de ocho años desde el 2006 al 2014, atribuidas al crimen organizado.

González Posso puntualizó, de 2002 a 2010, el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe “entregó 5.2 millones de hectáreas en títulos mineros”, ubicadas en “zonas protegidas, tierras indígenas o en territorios de desplazados”.

Ahora, en esta etapa de institucionalización, “se pasa del asesinato al registro notarial y en ese proceso de apropiación de control territorial para la obtención de los recursos, la transición a la formalización es muy rápida. Los testaferros le venden a unos segundos, pero ya con una mayor legalización y luego vienen  los terceros que son los decentes: entonces entran los señores empresarios o las grandes multinacionales que ya no se entienden con el matón, con el paramilitar o con el testaferro del paramilitar, sino que entran  en la formalización de tercera generación”.

Camilo González Posso explicó que el Plan Colombia comprendió tres etapas, la primera, “roja”, que consistió en desarrollar la guerra, neutralizar a la guerrilla y desplazar a la gente de sus territorios. La etapa “amarilla” abarca el fortalecimiento de las instituciones para que asuman la representación del Estado a nivel local, y la etapa “verde” encierra la consolidación de funcionamiento del Estado de Derecho.

En este sentido, el paramilitarismo deja paulatinamente de ser funcional para este nuevo orden de cosas, sin embargo, “superar el paramilitarismo requiere más que un pacto en la Habana”, Cuba, donde se llevan los diálogos para la paz, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la opinión del experto colombiano, acabar con el paramilitarismo exige la actuación “de un movimiento popular empoderado,  además del saneamiento de la institucionalidad de depuración de las fuerzas armadas, de modificación del sistema electoral y de los sistemas de inteligencias, que estaban controladas por paramilitares”, concluyó González Posso.

En el mismo seminario también estuvieron los periodistas, el mexicano Luis Hernández Navarro, y el uruguayo Carlos Fazio quienes se enfocaron en la problemática de México. El primero inició recordando que “aún nos faltan 43 estudiantes de Ayotzinapa”, en tanto el segundo se refirió a tres etapas de paramilitarismo en la historia reciente de México

Crece en importancia la economía y la política criminal en México

El coordinador de Opinión y articulista del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro, ofreció algunos datos y cifras para ejemplificar cómo la política y la economía criminal han cobrado relevancia entre los círculos políticos y económicos de México, cuya máxima expresión, hasta el momento, se plasma en la ejecución extrajudicial de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

En 2007, las Naciones Unidas (ONU) “reconocía la existencia de 15.5 millones de armas no legalizadas, en manos de civiles, muchas de ellas de uso exclusivo del ejército, es decir 1 de cada 3 adultos tenía bajo su control un arma no legalizada”.

En 2011 este número se elevó a 20 millones, en contraposición con los 3 millones 10 mil armas de uso legal en México.

Asimismo, Hernández Navarro recordó “un estudio  de la Cámara de Diputados, que señala que el 10 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) se contabiliza a actividades criminales, y de ese 10 por ciento del PIB , el 45% corresponde al tráfico de drogas. Es decir, estamos hablando de entre 50 y 65 mil millones de dólares al año que se blanquean en los circuitos financieros legales”.

Mediante la adquisición de propiedades, tierras o empresas, o la inversión en desarrollos turísticos y en la industria minera. Estas economías y políticas criminales “acaban empleando alrededor de 750 mil personas, es decir, se emplean en el crimen organizado, más personas de las que se emplean en Petróleos Mexicanos (Pemex)y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Sin embargo, a diferencia de lo expuesto por Camilo González Posso, Luis Hernández Navarro dijo que en México “hasta el momento no hay evidencia que los grupos de narco hayan funcionado como grupos violentos para desplazar a los campesinos”. Sin olvidar que estos, “cobran renta a las empresas, a los ejidatarios, a los empleadores; no tenemos evidencia de que actúen limpiando el terreno”.

Toda vez que “no podemos hablar que desde hace 7 u 8 años, cuando no estaba el marco legal establecido [reforma energética] ellos [clase política] ya estaban pensando  en que había que limpiar  Tamaulipas o había que limpiar Veracruz para que llegaran las empresas”, sentenció Hernández Navarro.

No obstante, el académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Fazio, enfatizó que desde la década de 1990 “se sabía de la existencia de hidrocarburos en esa zona que comprende la cuenca de Burgos y la cuenca de Sabinas” en los estados de Tamaulipas y Coahuila respectivamente.

En el contexto de expansión de capitales extranjeros hacia zonas rurales en el interior del país, Carlos Fazio se refirió al término acuñado por el teórico David Harvey, acumulación por despojo, para enmarcar su explicación sobre los tres momentos históricos en que los grupos paramilitares en México han tenido presencia.

El primero se localiza en la década de 1970 cuando tuvo lugar la Guerra Sucia en Guerrero, se crearon la Brigada Blanca, encargada de identificar a los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y el grupo represivo Los Halcones. El segundo momento de la historia del paramilitarismo en México comprende la actuación del general Mario Renán Castillo Fernández quien se encargó de la creación de grupos paramilitares en Chiapas, “contra la insurgencia zapatista” cuya cúspide fue la Matanza de Acteal en 1997.

Por último, durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) “entramos a esta última generación de paramilitarismo que engloba a escuadrones de la muerte, a grupos de limpieza social”, a la par de la aparición de grupos delictivos, “como los Zetas, la Familia Michoacana, luego, Caballeros Templarios que recibieron amplia difusión mediática”.

Con esta última “generación de paramilitares”, los medios cumplieron el papel de proyectar la imagen de criminalidad conveniente a la administración calderonista, que apartó “a los políticos, a los banqueros, a los empresarios, es decir a toda una red criminal que incorpora agentes del Estado, que sirven en la cadena para el lavado de dinero”, describió el periodista y académico, naturalizado mexicano.

En este último decenio se originaron diversos grupos encargados de generar el desplazamiento forzoso, perpetrar “matanzas de carácter masivo” y “muertes selectivas” en contra de la población más desprotegida y menos privilegiada.

Carlos Fazio mencionó, por un lado, el caso de los 18 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el centro de rehabilitación para adictos “Aliviane”, por parte de encapuchados vestidos de negro, en 2009, uno entre decenas de sucesos parecidos de los que se tiene conocimiento.

Por otro lado, el descubrimiento de fosas clandestinas “lo mismo en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Guerrero, en Michoacán. Dentro de esto se encontraría también el patrullaje conjunto entre militares y civiles armados, y el control poblacional con propósitos contrainsurgentes en zonas de producción agroindustrial, maderera, petrolera o minera que remite a este neocolonialismo de principio de siglo XXI de la acumulación por despojo”, acentuó Carlos Fazio.

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