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Por: Edgar Rosas / 6 marzo, 2015 REVOLUCIÓN3.0
(06 de marzo, 2015.Revolución TRESPUNTOCERO).- Ante el creciente número de movilizaciones sociales que protestan en contra de los proyectos o lineamientos establecidos por el gobierno para conducir el país, así como en contra de las violaciones a los derechos humanos, el Estado ha perfeccionado sus formas de reprimir esta clase de manifestaciones y ha establecido argumentos legales para hacer valido el método de disuasión.
En tal sentido, Alejandro Pedraza Ramos, maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detalló que la violencia y represión en contra de los movimientos sociales no se puede pensar como algo contemporáneo, ya que dijo ha sido un tema permanente en México. Explicó que esta clase de acciones emprendidas por el Estado se presentan como una respuesta a la crisis existente y además como una medida del Estado para hacerse más fuerte y ampliar su hegemonía o apropiación del poder en todos los espacios.
“Hay tres definiciones de violencia: la primera que es la violencia subjetiva, la del hombre contra el hombre, la visual, la que podemos identificar de manera inmediata. Me parece que esa es en la que nos hemos quedados atrapados al ver la violencia que ejerce el Estado contra la protesta social, sin embargo se identifican otros dos niveles de la violencia: el de la violencia objetiva, que es el de las estructuras del poder; y la ultra objetiva, que es la violencia simbólica, la que hace invisible la violencia; es la más radical de todas”, expuso.
El académico detalló que es necesario analizar al derecho para poder identificar como ha sido la evolución en las maneras de represión. Explicó que las autoridades han utilizado el marco normativo para poder justificar desde el derecho la disolución de las protestas sociales.
“Trataré de explicar con el uso de los derechos humanos. En términos de derechos humanos el sujeto es el que tiene esos derechos, y el que los viola por definición es el gobierno. Recuerdo el caso que se dio en el plantón de los profesores de la CNTE, en el que una comitiva del PAN hace una denuncia de derechos humanos contra los (maestros) ciudadanos que están impidiendo el libre tránsito; entonces, si los derechos humanos eran un instrumento de los ciudadanos frente al gobierno, ahora se convierten en un instrumento del gobierno frente a los ciudadanos que en primera instancia violan también derechos”, explicó.
Detalló que esta clase de artilugios en donde se utilizan los propios derechos humanos en contra de la ciudadanía para disolver la protesta se le puede identificar como la hegemonía del derecho.
En referencia a lo anterior abordó el caso de la ley bala implementada en Puebla, la cual establece normas para disolver la protesta argumentando que esto se hace en aras de defender los derechos humanos tanto de la ciudadanía como de los propios manifestantes. Según se explica, esta clase de ley -además de la ley de actuación de la policía federal- justifica que al usar la fuerza y disolver una manifestación que podría ser violenta, se está protegiendo los derechos de la sociedad.
“La ley bala se llamaba oficialmente ley para defender los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza; uno ve la ley y es una ley de actuación policiaca (…) Lo interesante de todo esto es que en el marco normativo esto queda bien visto y lo que me preocupa es que el gobierno lo sabe perfectamente, pero los manifestantes no lo sabemos; el manifestante que está ejerciendo su derecho a la protesta en realidad no se está dando cuenta que con esta ley está violentando así mismo sus derechos. Qué manera más simbólica de deslegitimar una acción que es llevar o reducir al absurdo la acción misma”, apuntó.
Por otro lado apuntó que a lo largo de la historia han evolucionado los mecanismos para ejercer la violencia en contra de la oposición. Manifestó que antes era posible identificar que los ataques violentos en contra de luchadores sociales se realizaban de una manera “extremadamente sistemática, a tal grado que aquel que podría sufrir violaciones a los derechos humanos casi siempre representaba una figura de poder, de oposición visible y fuerte”.
Aunado a lo anterior declaró que la sistematización de la violencia entró en una etapa de innovación, misma que fue posible apreciar durante la manifestación realizada el 1 de diciembre en San Lázaro, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
“El 1 de diciembre se detiene aleatoriamente sin razón a personas que estaban manifestándose, se rompe la lógica de ir contra luchadores sociales para desmovilizarlos y se impone una nueva estrategia, que no es tan nueva y está contenida en los manuales de la guerra de baja intensidad, la cual es generar conflicto social; o sea la violencia que era sistemática contra movilizaciones sociales se vuelve ilógica e irracional, y eso la hace inasimilable”, explicó.
Asimismo subrayó esta idea de generar conflicto social tiene como objetivo desmovilizar, causando así un control social.
Pedraza Ramos aseguró que la idea de fundamentar un proyecto de nación en común se dirige a identificar a los opositores, es decir a aquellos “que sumen y no resten, los que se comprometan y apoyen”, de tal manera que se polariza; esto bajo la idea de justificar la lucha en contra de los que no se suman a los lineamientos impuestos.
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