#Confabulaciones contra la #juventud y #movimientos se dan entre lo #político y el #CrimenOrganizado: #MarioPatrón

Por: Edgar Rosas / 17 marzo, 2015

(17 de marzo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El estado de Guerrero se ha posicionado en el contexto nacional, por ser una entidad caracterizada por los movimientos y las constantes luchas sociales emprendidas por la población con el fin de que el gobierno respete sus derechos; esta situación ha llevado a que algunos estudiosos del tema definen a la demarcación como “Guerrero bronco”.

En palabras de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Guerrero tiene un tejido social que por código genético ha luchado por sus derechos de distintas maneras. En tal sentido, enfatizó que a finales de los 60 y principios de los 70 este estado tuvo movimientos armados, identificados por ser de los más subversivos del país.

“No hay que olvidar las luchas armadas de los 60 y 70. Tampoco hay que dejar de lado lo generado en los 90 con el EPR y ERPI, es decir distintas expresiones de orden más subversivo armado, que a diferencia del movimiento Zapatista, no tuvieron la legitimidad del acompañamiento social y eso fue lo que permitió una estrategia de represión mucho más a manos libres por parte del Estado al no ser la guerrilla legitimada socialmente”, dijo.

Las agresiones y abusos contra los movimientos guerrerense se han convertido en una práctica común del gobierno, misma que ha quedado visibilizada en los últimos meses, por un lado con el ataque a los 43 normalistas de Ayotzinapa y por otro, en fechas más recientes, con el desalojo a los profesores en Acapulco, en donde se presentaron golpes, violaciones sexuales contra maestras, y la muerte de uno de los profesores.

En este sentido María Patrón explicó que esta situación de violaciones a las garantías en Guerrero es significativa ya que explicó, de los 6 casos de abusos presentados por México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 4 pertenecen a luchadores sociales de esta entidad colindante con el pacífico.  “En estos casos  hay dos factores comunes. las graves violaciones a los derechos humanos y el ejército como autoridad responsable de los agravios”, apuntó.

De acuerdo a Patrón Sánchez, Guerrero, además de la lucha, se ha distinguido por tener una historia de impunidad. Al respecto recordó que acontecimientos como El Charco y Aguas Blancas no han tenido respuesta y la justicia sigue sin castigar a los culpables.

“Están todos los desaparecidos de la guerra sucia, pero no podemos olvidar el Charco, la masacre en la escuela Caritino Maldonado en Ayutla de los Libres. No podemos olvidar Aguas Blancas, en la sierra de Atoyac; pareciera que las únicas consecuencias de estos hechos sólo son del orden político, no del orden de verdad, de justicia. En aguas blancas lo único que se logró fue la salida el gobernador Rubén Figueroa Alcocer; con Ayotzinapa se repitió la historia. Eso es impunidad”, detalló.

Por otro lado, comentó que desde la década de los 70 se presentaba el contubernio del poder político, con el económico y militar, cuestión que, explicó, ha sufrido una mutación y ahora estas confabulaciones se dan entre lo político y el crimen organizado.

“Estos contubernios se dan con quiescencia y pasividad de muchas autoridades alrededor (…)No por nada una de las denuncias de los padres y madres de los normalistas desaparecidos es que  se investigue al ejército. En el expediente hay declaraciones de policías que refieren que el ejército sabía desde 2013 lo que pasaba en Iguala”, detalló.

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Mario Patrón abordó el contexto histórico de la escuela normal de Ayotzinapa y dijo que desde los 60 y 70 marcan un símbolo dentro de la lucha social guerrerense.

Explicó que hoy en día, el movimiento que se ha formado en torno a la exigencia de justicia en el caso de los normalistas, es un movimiento que aglutina diversas causas, el cual ha encontrado en la juventud la capacidad organizativa, que va de la denuncia a la acción.

“En el caso Ayotzinapa tuvimos a unos padres de familia con capacidad de organización. A diferencia de otras tragedias, hubo capacidad de la organización civil de documentar y acompañar la lucha. Ayotzinapa ha roto la narrativa nacional e internacional; México ante la comunidad internacional era la economía emergente, era quienes habían impulsado cambios estructurales en derechos humanos: reforma constitucional, ley de víctimas, programa de protección a defensores y periodistas. Ayotzinapa rompe esa paradigma. “ comentó.

Añadió que la preocupación del gobierno sobre el caso de los desaparecidos del 26 y 27 de septiembre se centra en que se trata de jóvenes. En tal sentido señala que después del movimiento #YoSoy132, el caso de los normalistas vuelve a generar una articulación de la sociedad joven.

“Ahí es donde esta la preocupación: los jóvenes organizados de casas de estudios que salen a las calles, que suman, que se solidarizan, que denuncian: por eso es que Ayotzinapa representa la agenda de las juventudes”, comentó.

En lo referente dijo que el gobierno ha emprendido una campaña de desprestigio en donde se intenta estigmatizar a los estudiantes, a los padres y madres de familia, así como a la sociedad que se ha sumado a la lucha. “Es muy fácil estigmatizar, decir que lo desaparecieron porque andaba en algo con el crimen organizado. Esto lo han intentado hacer la PGR”, dijo.

El director del Centro Prodh enfatizó que desde la organización a la que representa se mantiene la idea que el caso Ayotzinapa debe ser un punto de inflexión y no retorno. Dijo que en este punto se vuelve importante romper los círculos de impunidad, pues ya que de no hacerlo, “se corre el riesgo de que Ayotzinapa se vuelva una tragedia más, como lo fue Aguas Blancas, y como lo esta siendo Tlatlaya”.

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