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Con #EPN saldo histórico de la #DeudaNacional: 7.4 billones de pesos igual al 41.8% del #PIB

Por:  / 21 marzo, 2015
DEUDA
(21 de marzo, 2015).- La deuda de los estados y municipios en México, tuvo un incremento del 8.8% en 2013, respecto al 2012, según el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, quien advirtió “al cierre de 2013, la deuda de las entidades federativas registrada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ascendió a 482 mil millones de pesos (mdp), saldo acumulado superior en 48 mil mdp, 8.8 por ciento real respecto de 2012”.
Esto sumado a 2014, ha provocado un saldo histórico de la deuda nacional, la cual creció 1.6 billones de pesos más; siendo Chihuahua y Oaxaca, los estados con mayor incremento real anual, con un 75.8% (18 mil mdp y cuatro mil mdp, respectivamente); siguiendo Morelos, con el 58.8% (mil 782 mdp), y Baja California Sur, con el 44.2% (796 mdp).
Portal Martínez recomendó a los legisladores proponer y discutir reformas para evitar que siga el crecimiento acelerado de requerimientos financieros y exista más prudencia por parte del Congreso a la hora de fijar el déficit fiscal de cada año. Al mismo tiempo advirtió sobre los riesgos del manejo discrecional de recursos por parte de Hacienda, como se vio al cierre del 2013.
Señalando que el país concluyó el 2014 con una deuda de 7.4 billones de pesos, igual al 41.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Explicando que “de manera específica, entre 2012 y 2013, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que es el indicador más amplio de la deuda, se incrementó de 36.4% a 38.9% del PIB, de 5.8 billones de pesos a 6.49 billones de pesos, y en 2014 llegó a 41.8%, 7.4 billones de pesos”.
“La legislación debe precisar que los indicadores publicados por Inegi sirvan al Legislativo y al Ejecutivo para definir la meta anual del balance presupuestario, manteniendo el objetivo de dar certeza a la capacidad financiera del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo nacional y cumplir con sus compromisos financieros actuales y previsibles, además de responder a las fluctuaciones de la economía causadas por factores internos y externos que trastocan la posición fiscal”, afirmó Portal Martínez.
Asimismo instó a que de manera urgente “se considere prioritario la conclusión e implementación de un nuevo marco jurídico y mecanismos para regular la deuda pública local, así como el registro transparente de todas las obligaciones financieras y de los pasivos de las entidades federativas y municipios”; puntualizando que es necesario “establecer un sólido marco institucional de responsabilidad y disciplina para el manejo de las finanzas y de la deuda pública”.
Según un informe de la organización México Evalúa, “el problema de la deuda nacional podría agravarse, si no existe claridad en el destino final de la bolsa de recursos; si no se transparenta el gasto y se comienzan a utilizar criterios efectivos de evaluación de las políticas públicas para eficientar el gasto público y si no existen reglas claras, transparentes y públicas de los acuerdos de coordinación entre la federación y los estados y municipios para la garantía federal de la deuda nacional y local, además de ello se debe impedir la politización en dicho proceso de aprobación: evitar el SÍ a los aliados políticos y el NO a los contrincantes”.
Aunado a lo anterior, propone un contrapeso del órgano de fiscalización superior (ASF); el fortalecimiento de sus capacidades para fiscalizar la deuda de estados y municipios y garantizar la misma con transferencias federales, de manera que exista un equilibro al momento al momento de aprobar presupuestos de deuda, estableciendo topes de endeudamiento, así como auditar ingresos y egresos.
Según the Working Group for Partnerships in Decentralization (WGPD), el gobierno de México debe tratar de conseguir que tanto el nivel como la tasa de crecimiento de la deuda pública sean fundamentalmente sostenibles y pueda atenderse su servicio, al tiempo que se satisfacen los objetivos de costo y riesgo. Ya que “una deuda mal estructurada, como la existente, ya sea en términos de vencimiento, moneda, instrumentos, tasas de interés o pasivos contingentes, es lo que ha provocado a lo largo de la historia, las crisis económicas”.
Según el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ‘‘debido a la magnitud de la deuda nacional, los años subsecuentes estarían marcados por continuas renegociaciones y la contratación de nuevos préstamos bajo condiciones cada vez más desfavorables para el país’’.
Explicando que “el gobierno mexicano, ha aceptado préstamos bajo cláusulas demasiado onerosas, que incluyen la modificación de su política económica y social, que impactan en la deuda interna nacional, esto junto con la aceptación de las directrices impuestas desde el exterior por los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos. A la postre, las modificaciones realizadas en México por los gobiernos en turno se reflejarían, desde entonces y hasta ahora, en grandes costos económicos, políticos y sociales. Ejemplo de ello es el histórico crecimiento mediocre del país, la cada vez mayor incapacidad para generar empleos y la progresiva precarización del nivel de vida de la población en general”.
Puntualizando “el análisis de fondo nos muestra que tanto el PAN, el PRI, PVEM y otros representan estatales, mantienen máscaras de diferente color, pero su verdadero rostro e intereses son los mismos, es decir, representan el mismo proyecto histórico en el aspecto político-económico del gran capital”.
“La impotencia de la política económica mexicana ante la crisis ha creado problemas inéditos e irreductibles, que han pasado prácticamente desapercibidos, entre ellos la deuda interna, pesadilla para el desarrollo del país y sueño placentero de los inversionistas. Lo que ha impedido el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la política económica, como el abatimiento de la inflación y reducción del déficit fiscal, pero sí ha hecho que los bancos extranjeros y la burguesía mexicana sean los más beneficiados”, explica un documento de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
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