Con aval del Estado, empresas que participan en sector energético anularán derechos de las personas: especialistas

Por: Érika Paz / 11 marzo, 2015

(11 de marzo, 2014. Revolución TRESPUNTOCERO).- Entre enero de 2013 y abril de 2014 se registraron 82 casos de agresiones contra defensores de la tierra y el agua en México, ante la instalación de megaproyectos en su mayoría mineros, hidroeléctricos y eólicos, es decir, “la violencia es parte de la negociación sobre los derechos humanos y sobre los intereses de la población del país”, indicó Phil Bloomer del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

En el marco del “Conversatorio sobre escenarios en México, derechos humanos, empresas y reforma energética”, Phil Bloomer indicó que la inequidad de poder y riqueza es “quizás el estorbo más grande para asegurar los derechos humanos, sean laborales, de salud, educación, de participación o de seguridad personal y comunitaria”.

México tiene muchos desafíos en materia de derechos humanos y empresas, toda vez que la inequidad social y económica de la población es “extrema, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que una persona –del 10 por ciento de la población más rica– gana 30 veces más que una persona del 10 por ciento de la población más pobre”.

Asimismo, el salario mínimo en México es de los más bajos en el mundo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refirió Bloomer, lo que “no es algo natural o inocuo sino que ha sido creado por los que tienen el poder” y cuya expresión “se manifiesta en los casos de intimidación y violencia contra los que buscan legalizar sus derechos humanos”, subrayó.

En este orden económico “hemos creado un mundo con enormes contradicciones. Vivimos en un mundo con una híper inequidad, donde 85 personas tienen la misma riqueza que la población mundial. No obstante, tenemos la riqueza tecnológica para resolver la pobreza y el problema del hambre, y la relación entre las empresas y los derechos humanos está en el centro de estos desafíos”, afirmó Bloomer.

Los reglamentos y los incentivos del Estado hacia las empresas determinan en gran parte si la riqueza acumulada es en beneficio común o es en beneficio de los particulares. En el caso mexicano tan solo en el 2014 hubo una inversión en el sector minero de 6 mil millones de dólares en donde se privilegiaron los intereses económicos de las empresas por encima de los derechos de los pueblos.

Sin embargo los pueblos y comunidades indígenas y mestizas del país tienen el poder de “alzar enormemente el costo a estas inversiones mediante la resistencia y por el apoyo que tienen a nivel nacional, regional e internacional”, indicó Bloomer.

Por otro lado, el especialista señaló que las empresas deben salvaguardar los derechos humanos no sólo de las comunidades donde tienen presencia, también de sus trabajadores y de sus consumidores, en este sentido, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos contabiliza una gran cantidad de abusos cometidos por las compañías, y son menos las que contemplan en sus estrategias de inversión los derechos humanos.

Fernanda Hopenhaym, subdirectora de Poder (Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación), indicó que en el año 2011 se incorporaron los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, en la Organización de las Naciones Unidas, que contempla que es deber del Estado proteger los derechos humanos, es responsabilidad de las empresas cumplir con todas las leyes aplicables para respetarlos, así como la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento, dicha resolución es de carácter voluntario.

En junio de 2014 el Consejo de Derechos humanos de las Naciones Unidas emitió una resolución de carácter obligatorio, impulsada por Ecuador y Sudáfrica, para la creación de un grupo de trabajo hacia la creación de un tratado vinculante entre empresas –con especial atención en las transnacionales– y derechos humanos. Sin embargo en esa convención México votó en abstención “y en palabras de la propia delegación en Ginebra lo hizo porque los principios rectores aún no estaban agotados”, recordó Fernanda Hopenhaym.

Dicho tratado vinculante de carácter internacional está enfocado para que las empresas rindan cuentas sobre sus acciones y posibles violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir abusos y asegurar la reparación de daños. De ser ratificado por México, formaría parte de la legislación nacional, pero para su consecución es “fundamental la participación de la sociedad civil”, explicó Hopenhaym.

En el contexto de la Reforma Energética, es importante contemplar que el interés principal del gobierno mexicano es posicionarse a nivel económico internacionalmente, asegurando los intereses de la inversión privada por encima de los intereses de la población.

“Con la reforma energética se agudizará el despojo a través de la ocupación temporal de tierras, la servidumbre legal de hidrocarburos entre otros recursos legales, en este sentido conocer quiénes son estas empresas se torna más importante, porque sin la información precisa, la defensa de la tierra y otros derechos podría tornarse infructuosa”, aseveró la maestra en Estudios Latinoamericanos.

Como representante de PODER, Hopenhaym advirtió que las empresas que pretenden ingresar o que ya tienen participación en el sector energético en México ya cuentan con “un historial de violaciones a derechos humanos, como lo son Shell, Chevron, Exxon Mobile o las mexicanas como Grupo Carso o Grupo México”.

Por su parte Juan Antonio López de PRODESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) afirmó que la preponderancia de la actividad energética por encima de cualquier otra actividad humana, así como las triquiñuelas legales contenidas en las leyes secundarias y generales de la Reforma Energética, derivan en la anulación de derechos legales de las personas, comunidades y pueblos.

En este sentido Aroa de la Fuente de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, mencionó algunas de las irregularidades y violaciones a derechos humanos de la Reforma Energética desde su formulación, dictaminación, discusión y votación.

Por ejemplo, el hecho de que se ponderen los intereses privados por encima de los derechos humanos, mediante la creación de las servidumbres legales, para asegurar la incursión de las transnacionales en territorio comunal o ejidal destinado en su mayoría a la actividad ganadera y agrícola, con el apoyo del Estado, obliga a las comunidades a entregar sus tierras.

Además de que las concesiones contemplan arrendamientos por corto y mediano plazo. A las empresas “no les interesa expropiar las tierras, les interesan contratos por pocos años, para más tarde dejar que los costos de la contaminación sean asumidos por las comunidades o la población”.

Asimismo la creación del fondo para las entidades federativas y municipios es un mecanismo de control para la sociedad, para impedir cualquier tipo de oposición a la actividad de las empresas. La creación de la gendarmería, tan solo 10 días después de la promulgación de la Reforma Energética, confirma un mecanismo más de control a la sociedad, dado que su objetivo es proteger a las entidades privadas y sus actividades.

Bettina Cruz de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, alertó que, en esta región del estado de Oaxaca, existen 24 parques eólicos que generan alrededor de mil 700 megawatts de energía eléctrica, cuyas ganancias ascienden a más de 8 mil millones de pesos en beneficio de las empresas.

“El beneficio para nosotros (pueblo) no existe, nos quedamos con la ruptura social, con el desplazamiento, con la modificación de las actividades económicas, nos quedamos con la contaminación de los suelos, del mar, nos quedamos con un crecimiento limitado de las poblaciones”, afirmó la defensora de derechos humanos.

Además del despojo, a raíz de la instalación de los parques eólicos, también se obstruye el libre tránsito de la gente, toda vez que comunidades como La Venta, La Ventosa e Ingenio Santo Domingo quedaron “encerradas, lo que limita el crecimiento geográfico de la población”.
Bettina Cruz denunció que el recurso de la consulta previa, libre e informada que ha sido la base legal de la defensa de muchos pueblos y comunidades a lo largo de todo el territorio mexicano, “el gobierno empieza por echarla para atrás porque representa otro requisito”.

Manifestó que en Oaxaca se contemplan, además de los proyectos eólicos, megaproyectos “de minería, de metales de materia para cemento, de mineras de sal. Toda la región del Istmo está concesionada sin que la población tenga conocimiento, además se instalará el gaseoducto, que Peña Nieto anunció hace unas semanas en Salina Cruz, así como el corredor TransÍstmico”.

De igual manera alertó sobre el posible trasvase de ríos que corren por la zona de los parque eólicos, en donde la actividad pesquera de la región también podría verse seriamente afectada, si se aprueba “la nueva Ley General de Aguas”, respaldada en comisiones unidas de la Cámara de Diputados el pasado 4 de marzo.

“Esta es una región estratégica para el desarrollo del proyecto neoliberal y de entrega del país a los intereses mercantiles de las empresas”, subrayó Bettina Cruz.

Por último, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar Centro de Análisis e Investigación; la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Greenpeace Méxic​o dieron a conocer que el próximo 20 de marzo a las 12 horas se realizará una audiencia en la ​Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Reforma energética y derechos económicos, sociales y culturales en México​, en el marco del 154 periodo de sesiones de dicha instancia. ​

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