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Por: Redacción Revolución / 22 marzo, 2015
(22 de marzo, 2015).- Aunque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) suspendió los derechos como militante de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, solamente lo hizo de forma temporal, en espera del veredicto que dé a conocer la sentencia definitiva por las acusaciones que enfrenta de encabezar una red de prostitución en el interior del instituto político.
Con la mayoría de votos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) del partido tomó este viernes dicha determinación en contra del ex dirigente del PRI en el Distrito Federal, quien tenía una solicitud de expulsión.
“No se acreditan en el procedimiento sancionador iniciado contra Gutiérrez de la Torre las causales de expulsión a que se refiere el artículo 227 del Partido Revolucionario institucional”, señaló el PRI en un comunicado.
Aunque en menos de 48 horas renunciaron las dos presidentas de la comisión, Italy Ciani Sotomayor y Reyna Araceli Tirado, el PRI informó que la resolución fue “por unanimidad”, aunque de cuatro y no de los siete miembros, al no acreditarse las acusaciones contra el ex dirigente del PRI del DF.
Armando Barajas, quien promovió el recurso contra Gutiérrez de la Torre y consejero nacional del PRI, advirtió que impugnará la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser ilegal y violar el estatuto y reglamento del PRI, ya que al no existir presidente de la comisión, el CEN priista debió realizar un nuevo nombramiento.
Sobre el tema el dirigente nacional del PRI, César Camacho, externó “no hay ni exoneración ni inculpación por determinación de nadie, lo que hay es un análisis sosegado de los elementos probatorios que obran en el expediente y así se resuelve”,
Esto pese a que más de 18 mil personas firmaron una petición abierta, por la organización Justicia, Derechos Humanos y Género para pedir la expulsión del PRI, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
La petición citó el reportaje publicado por la periodista Carmen Aristegui, el cual afirma la existencia de una red de prostitución pagada con recursos públicos al servicio de Gutiérrez de la Torre. Donde se sentenció “de no expulsar a Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI, el partido estaríaconsintiendo estos actos y sentaría un terrible precedente”.
“Por supuesto que Cuauhtémoc Gutiérrez debe ser llevado a juicio para que rinda cuentas, pero la sanción política es un primer paso que no se puede negar, el PRI debe expulsarlo”, dijo Justicia, Derechos Humanos y Género.
Sin embargo, siendo un hecho la no expulsión del priísta Gutiérrez de la Torre, resta esperar que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), emita el siguiente paso del proceso penal, aunque la instancia asegura que hasta la fecha no hay ningún testimonio que lo responsabilice de manera directa, aunque el proceso tiene un año abierto, y cuenta con más de 300 declaraciones y varias diligencias.
Sobre la problemática de Gutiérrez de la Torre, acusado de cometer los delitos de trata de personas y de desvío de recursos públicos para financiar una red de prostitución en el Distrito Federal, una encuesta de Parametría revela que para ocho de cada diez entrevistados en la capital del país (77 %), las acusaciones en contra del ex presidente del PRI son ciertas, un 10 % señaló que eran falsas y 13 % no emitió opinión.
A nivel nacional son también mayoría quienes consideran que Gutiérrez de la Torre es culpable del delito de manejo de una red de prostitución (80 %). Sobre la cuestión de qué pasará, si se demuestra que Gutiérrez de la Torre es culpable de los delitos que se le imputan. En el Distrito Federal, siete de cada diez entrevistados (69%), dijo que aun cuando se demuestre que las acusaciones de prostitución en contra del ex presidente del PRI son ciertas no pasará nada. En contraste, 26% señaló que de encontrarse culpable, Cuauhtémoc Gutiérrez sería castigado.
A nivel nacional, el 58% de los entrevistados tampoco cree que aun encontrándose culpable, Gutiérrez de la Torre será castigado. Permitiendo observar el grado de credibilidad que tienen los ciudadanos sobre la impartición de justicia en el país.
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