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Por: Emma Martínez / 17 febrero, 2015 REVOLUCIÓN3.0
(17 de febrero, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Cerca de una de las principales calles de Puebla, se encuentra una persona repartiendo volantes, que al mismo tiempo son cupones para la entrega gratuita de lentes.
María Luisa, quien asiste con frecuencia a una iglesia cercana comenta: “el Partido Verde Ecologista (PVEM) está ampliado su programa de beneficencia, al repartir los papales, nos dicen que “tendremos mejor vista para el culto cristiano”.
En el cupón se encuentra el logotipo del partido y para hacer válido dicho servicio, se piden los datos de la credencial de elector y una firma que autoriza al PVEM, el envío de propaganda e información del partido.
Según la lay, este tipo de actos quedaría prohibido, de lo contrario se estaría incurriendo en la violación del artículo 15 de la Ley general en materia de delitos electorales, en donde se especifica que “se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión al que realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Aumentando la pena, hasta en una mitad cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.
A finales de enero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció al PVEM, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), por inducción y coacción al voto, aduciendo delitos electorales. Esto, debido a que un grupo de militantes perredistas renunció a cambio de ser incluidos en el programa de despensas de la “Fundación Niños Verdes por Amor a México”.
La Fundación Verde reparte a decenas de miles de familias, sin embargo, en diversas partes de la república se han suscitado inconformidades, debido a que los beneficiarios, esperan durante varias horas dicho beneficio y productos caducados.
Leonardo Kumul Salazar, representante electoral del PRD en Quintana Roo, afirmó que “la denuncia se basa en los artículos 443 y 459 de la Ley General de acciones en materia electoral, donde se explica que este tipo de acciones, vulneran el principio de equidad e imparcialidad, porque estos actos de campaña buscan adelantarse a los tiempos electorales buscando una ventaja y la entrega de despensas que significa la coacción de los ciudadanos”.
Por su parte, el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) por la nueva campaña del PVEM, en la que asegura que el próximo 15 de marzo será una realidad su promesa de vales de medicina.
Horacio Duarte representante de M ORENA, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró: “es otra violación más a la ley. En este caso puede constituir en un delito electoral. Vamos a presentar denuncia hoy en el INE y una denuncia penal por uso de recursos públicos en la Fepade”.
“Es el colmo que las instancias gubernamentales, como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se presten a este tipo de delitos. Hay una colusión de funcionarios con el tema”. Duarte aseveró “el PVEM está siendo impulsado desde la Presidencia de la República, es así como recibe ayuda de Enrique Peña Nieto”.
Sobre el tema, el politólogo Alejandro Arizmendi comenta “de cara a las elecciones de 2015 Peña Nieto impulsa la campaña política del PVEM, la implementación del programa de vales para medicinas a dos años de su gobierno, en plena época electoral es solamente un acto cínico y tramposo para atrapar votos. Peña Nieto está violando la constitución al influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, sin embargo, su gobierno se ha caracterizado por actos descarados en contra del país (a nivel económico, político, social, en materia de seguridad), que éste sólo es parte de la lista”.
A esto agrega que “al analizar el modus operandi del PVEM y se exploran las raíces de la familia dueña del partido, se podría decir que no es raro que la propaganda principal de éste se ha centrado en la demanda de que el IMSS y el ISSSTE, le den a sus derechohabientes vales para adquirir medicamentos, ‘si la clínica no lo tiene que el gobierno lo pague’, la idea debería ser ‘el gobierno debe abastecer las clínicas’, pero eso no reditúa”.
Asegurando que “lo que sigue es que sean las farmacias privadas, específicamente las de genéricos, quienes proporcionen estos medicamentos faltantes (que son la mayoría) y siendo la familia González, los administradores del PVEM y propietarios de cadenas de farmacias Similares y Farmacias del Ahorro, sería una obviedad deducir que al hacerse efectivos los vales de medicinas, se recurría a dichas farmacias, consiguiendo con ello grandes sumas de dinero por dichas ventas, incluso con precios aún más altos que los del IMSS y el ISSSTE pagan en compras al mayoreo”.
Hoy en día el multimillonario negocio de las medicinas sería tan efectivo, que una multa por un delito electoral no tendría valor alguno, en comparación a las ganancias.”, comenta Arizmendi.
Al mismo tiempo comenta que la Fepade es un organismo que intenta demostrar que existe equidad a la hora de juzgar a los partidos políticos, en materia de delitos electorales, pero no es así. El 99% de las denuncias que recibe en tiempos electorales la Fepade a nivel nacional, no proceden y a nivel local cuando se han creado fiscalías especiales, no han sancionado a servidor público alguno, incluso si son denunciados por un actor político.
El abogado José Barragán opina: “En provincia la Fepade no existe, ya que ante la denuncia de los ciudadanos, cuando son en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el PVEM, jamás son recibidas, por el contrario, de insistir es posible te imputen un delito, tal es el caso de Cancún, en donde un grupo de ciudadanos denunció a jóvenes que repartían propaganda del PVEM y PRI, aunque se hizo del conocimiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), también hizo caso omiso. Este tipo de acciones demuestran que el gobierno federal pone a disposición de su partido y sus aliados a las instituciones y a su personal, con tal de facilitarles el cometer cualquier delito que atentan contra la ya tan desmejorada democracia”.
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