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Por: Redacción Revolución / 22 febrero, 2015 REVOLUCIÓN3.0
(22 de enero, 2015).- Dentro de las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el rubro de Seguridad, pidió que los estados devuelvan 458 millones de pesos al erario de los 2 mil 471 millones, que formaron parte del subsidio para la seguridad pública en materia de mando policial.
Señala que la quinta parte de los recursos entregados por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a los gobernadores para equipar a sus policías no fue utilizada debidamente y que por ello se está solicitando a los estados devolver el recurso.
La ASF afirmó que en 2013, también se observaron daños al erario por prácticamente todas las entidades federativas y pidió sancionar a funcionarios de los gobiernos de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Yucatán y Zacatecas por no entregar los rendimientos financieros generados por los recursos del subsidio.
Estados como Durango, Puebla, Sinaloa y Veracruz transfirieron en conjunto 330 millones de pesos a otras cuentas bancarias, lo que provocó que no se identificara cuál fue el destino de dichos recursos. La ASF solicitó a cada uno de esos estados que se inicien las investigaciones administrativas correspondientes y se proceda contra los funcionarios de los consejos de seguridad o de la tesorería local que resulten involucrados, sugiriendo multas e incluso la destitución de los responsables.
En el rubro de Seguridad, la ASF, también afirmó que la lucha del gobierno federal contra el crimen ha sido limitada para alcanzar sus objetivos de mediano y corto plazo, el reporte también señala que la política de seguridad pública ha avanzado “lentamente”, en el logro de sus metas, pero no de forma suficiente.
Afirmando “contrario a lo esperado, la incidencia delictiva se incrementó, la percepción ciudadana de inseguridad aumentó; la confianza en las instituciones de seguridad pública disminuyó; se incrementó la contratación de sistemas e instrumentos de seguridad privada por parte de la ciudadanía, así como las violaciones a los derechos humanos como consecuencia de los operativos de combate de la delincuencia, así como por la inclusión de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública”.
Enrique Peña Nieto reconoció en días pasado, que “la sociedad mexicana está ‘enojada’ por la situación de violencia e inseguridad en el país”. Al mismo tiempo admitió que casos como el de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, lastiman a la población y demuestran la debilidad en los gobiernos locales.
Sin embargo la ASF, observa el problema de nivel federal y ni solamente local, ya que “pese a que el presupuesto para seguridad se ha incrementado de 69,227 millones de pesos programados para 2007, a 110,617 millones en 2013, los resultados no han sido satisfactorios pues de 2007 a 2013, las extorsiones se incrementaron 146.4%; los secuestros 250%, y los homicidios dolosos en 66.7%; mientras que el mercado de la seguridad privada creció en 58.1%.
Según el reporte de la ASF “los factores identificados como causa de esta problemática son la poca o nula prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, ineficacia del sistema de justicia penal, ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno”.
Además se afirma “La falta de una definición clara y precisa de los componentes causales del problema propició generar medidas reactivas, dejando en segundo término la atención de los factores causales de esta problemática, relativos a las acciones de prevención, de procuración e impartición de justicia, de reinserción social y de coordinación”.
La ASF reiteró que detectó “triangulaciones” de dinero en 17 gobiernos estatales por más 394 millones de pesos, que correspondieron al mando único policial, pero que fueron utilizado por algunos gobernadores para pagar las deudas de sus estados o adquirir bienes que no correspondieron al objetivo de crear policías acreditables.
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