Apoyo de #empresarios a #Ejército, 'para sostener a un #gobierno que ellos mismos impusieron': #investigador

Por: Redacción Revolución / 15 febrero, 2015 REVOLUCIÓN3.0

(16 de febrero, 2015).- “Estudiaban para guerrilleros, se ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”, son algunas de las opiniones que empresarios, dueños de compañías reconocidas, emitieron, durante las últimas semanas, en contra del caso Ayotzinapa y que han generado el descontento en diversos círculos de la población.

Según la periodista Lydia Cacho “a cuatro meses de las balaceras y la desaparición, comienza la segunda parte de la Operación Cicatriz Ayotzinapa; consiste primordialmente en convencer a propietarios de los medios de mayor circulación de sacar del espectro el tema, diluirlo, a la vez que circulan la opinión de los que manejan el dinero que son también quienes pagan la publicidad a los tribunales mediáticos, esos que establecen o ignoran los temas socialmente importantes de acuerdo a criterios empresariales, todo bajo la premisa de que eran ciudadanos “difíciles” no deseables, “potenciales guerrilleros”.

Cacho afirma “está claro que los empresarios atacan porque los 43 no eran jóvenes sumisos indígenas, maestros que soñaban con enseñar a leer y escribir a los niños y niñas para que eventualmente tuvieran un trabajo miserable, sino para que puedan trabajar y defender sus derechos y vivir dignamente. Los 43 son, o eran, jóvenes preparados para la vida, para la política, para la batalla contra la opresión, informados, organizados, inteligentes, rebeldes y muy probablemente indignados y rabiosos con la forma en que su estado y su país les han tratado desde que nacieron”.

Por su parte Enrique Solana Sentíes dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco -Servytur), afirmó “por ningún motivo permitiremos que los padres de familia se metan en los cuarteles”. Lo que provocó que la Fundación por la Democracia se pronunciara afirmando “resulta muy grave que empresarios, estén llamando a dar carpetazo al caso Iguala, Ayotzinapa. Sería muy grave que ahora las decisiones políticas del gobierno y sus voceros se ubicaran en la inversión Privada.

Sobre el tema, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPC) declara “es una medida desafortunada y desesperada para ayudar al gobierno federal, pero también como una evidencia de la insensibilidad de las cúpulas empresariales y su creencia de que son dueños del Ejército”.

El investigador Miguel Santiago Reyes sentencia “el cierre de filas de la cúpula empresarial en torno al Ejército Mexicano por el caso de Ayotzinapa no es más que una medida desesperada de los grandes empresarios para sostener a un gobierno que ellos mismos impusieron y cuyas promesas, expresadas en las reformas estructurales aprobadas en los últimos años, todavía están en proceso de ser cumplidas”.

“La desaparición de los 43 normalistas que ha alcanzado niveles internacionales, además de multitudinarias alrededor de mundo, sigue y seguirá generando apoyo e indignación, ante las declaraciones de algunos personajes de los círculos empresariales, lo provocará el desprecio a éstos y a sus empresas”, sentencia Fernando Castro, investigador social.

La antropóloga Eliza Godinez afirma “a estas alturas ya es posible identificar el modo en que un cierto discurso empresarial, según “a título personal”, ha descalificado a la comunidad estudiantil de Ayotzinapa y a los grupos sociales que han acompañado de manera más directa y activa la protesta por la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Este discurso suele ser reproducido y amplificado por el coro en turno de lectores de noticias y comentaristas en radio y televisión, puesto que los intereses de los titulares de las concesiones de las frecuencias del espectro radioeléctrico –mejor conocidos como los dueños de los medios de comunicación– suelen ser los mismos, en términos generales, que los de las cúpulas empresariales”.

Argumentando “no es ninguna novedad que el sector empresarial encabece las demandas de reprimir las protestas sociales que afectan directamente sus bienes e intereses, argumentando el respeto al Estado de derecho. Tampoco lo es que niegue que su llamado a “poner orden” sea, en sí mismo, una expresión de la violencia de clase, del conflicto clasista por medio del cual la burguesía local, nacional y transnacional ejerce su poder y exige que el Estado garantice la protección de sus intereses y la reproducción del capital”.

Hoy, México viola más del 70% de las cláusulas de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contra la Corrupción y más del 50% de la Convención contra la Delincuencia Organizada, ambas ratificadas por el Estado.

Producto de lo anterior se generan tragedias como la de Ayotzinapa, argumenta el Doctor Edgardo Buscaglia y agurmenta “hay que reducir todos y cada uno de los 23 tipos de delitos económicos organizados (tráfico de drogas, armas, personas, lavado de dinero…) y optar por el camino seguido por la Unión Europea desde 1995:

1. Fortalecer la capacidad punitiva de jueces y fiscales.

2. Atacar los bienes de las empresas criminales ligadas a políticos.

3. Imponer más sentencias y penas para la corrupción política.

4. Mejores políticas públicas de prevención social del delito. Sólo así la delincuencia operará en México con menor coste social, como en Alemania y Japón.

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