INCONSISTENCIAS. JUZGUE USTED.

Francisco Castro Trenti

En ocasión del informe presidencial escribí (“La verdad”, “Así fue”, septiembre 2009): “Siempre que en temas de seguridad y justicia se proporcionan cifras y datos estadísticos, se debe tener cuidado en extremo para que el origen de la información sea veraz y transparente, porque de lo contrario, se da margen a la manipulación conveniente de cifras, según lo que se pretende informar; la numeralia debe reflejar, con certeza, tanto los índices de criminalidad como de eficiencia gubernamental en el combate a ésta, de manera transparente, ágil y sencilla, sin rebuscamientos y sin enredos.”

“No es algo que deba considerarse complicado si se cuenta, claro, con los mecanismos adecuados de medición, puesto que habrán de arrojar los datos ‘duros’ para establecer las acciones a seguir...”…

“Hacer un análisis objetivo y crítico de los datos que resultan de llevar los controles adecuados, permite a la autoridad determinar, con realidad y en pocas palabras, si las cosas se están haciendo bien o no, para reforzar o replantear estrategias, según sea el caso.”…

“No se trata de buscar en dónde están los errores, sino corroborar que la información esté sustentada en datos ciertos, porque es bien sabido que cuando los saldos no son favorables al quehacer gubernamental, se tiende al maquillaje de números para demostrar una eficiencia que, simplemente, no existe…no están las cosas para considerar como cierto, todo lo que se dice.”…

Viene a colación lo anterior porque en el segundo informe del gobernador de Baja California José Guadalupe Osuna Millán, se han presentado cifras inconsistentes e incorrectas, en aras de mostrar la Procuraduría General de Justicia una eficiencia y efectividad que, simplemente, no existe, presentándole al gobernador -y este a los ciudadanos- números convenientemente manipulados.

Vea usted; en principio, cinco rubros fundamentales presentan serias inconsistencias: actas de averiguación previa iniciadas; actas consignadas, sentencias condenatorias, vehículos robados, y armas decomisadas.

Analizando los dos primeros puntos, por lo que se refiere a actas iniciadas, datos del primer informe de gobierno indican que en 2008 se iniciaron 123,714 y en 2009, según el segundo informe, se iniciaron 133,753. Por otra parte, en cuanto a actas consignadas, el primer informe señala 25,724 y el segundo informe 18,088.

Ahora bien; el incremento en denuncias presentadas de un año a otro fue de 7.5%, y el decremento en consignaciones fue de 25.7%, lo que significa que, primero, hubo un aumento en la criminalidad y, segundo, un trabajar lento y deficiente en la integración de las averiguaciones previas. Aquí se debe ser muy cuidadoso en el manejo de cifras, pues casi siempre la tendencia es buscar el mejor ‘manejo y acomodo’ de éstas para no salir ‘raspados’, debiendo precisar que todas las denuncias que se inician en un año, no necesariamente se resuelven en ese mismo año, sino que conforme se dilate su integración, por las causas que sean -algunas veces fundadas, muchas otras, no-, se acumulan al siguiente y pasan a formar parte del rezago; por lo tanto, las actas consignadas pueden ser, también, de años anteriores. Pero si en 2009 se consignaron 7 mil actas menos que en 2008, la causa que lo explica es, únicamente, la deficiencia y lentitud del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa. Incluso, fueron 5,633 consignaciones menos que en el último informe de Eugenio Elorduy, dado que en 2007 se consignaron 23,721 actas. Y nada tiene que ver en esto, la transición al nuevo sistema de justicia.

En cuanto a sentencias condenatorias, compare: el sexto informe de Eugenio Elorduy informó que se obtuvieron 13,904; el primer informe de Osuna Millán informó 13,713, y el segundo informe 12,427. El decremento entre 2008 y 2009 fue del 9.4% en este rubro, lo que habla de efectividad deficiente en el proceso penal, derivada de una mala integración o de una equivocada estrategia acusatoria, porque está claro que no puede dictarse una sentencia condenatoria cuando no existen los elementos suficientes para ello, los que son aportados, en todo caso, por el Ministerio Público. O cuando los que existen son desarticulados por una adecuada defensa.

Así, determinar la efectividad real, no simulada, sería a partir de cruzar datos de actas iniciadas en 2009 y consignadas en 2009, contra sentencias condenatorias de esas causas y no de años pasados -lo que sería materia de otra comparativa-, porque, por una parte, permitiría establecer parámetros reales de eficiencia y efectividad, y por otra, permitiría dar con las razones de la lentitud con que los tribunales dictan sus sentencias. Y que conste: esa lentitud puede ser por causas no atribuibles a éstos -en muchos casos-, sino a los mecanismos de defensa de los procesados.

Pero esta transparencia no existe, porque no es conveniente. Es mejor meter los datos en una licuadora, revolver año vigente con años pasados, hablar de ‘abatimiento del rezago’, y buscar en dónde quedó la bolita.

De igual forma, en cuanto a vehículos robados, dice el reciente informe que “4,607 actas iniciadas -2009- representan una disminución del 20% en el delito de robo de vehículos en comparación con el año anterior”, pero las cifras de vehículos robados y personas consignadas, demuestran, por el contrario, un incremento de cuando menos un 17.26% en robo de vehículos. Veamos.

El primer informe de Osuna Millán señala 48 bandas desarticuladas, 7,785 unidades recuperadas, y 2,474 procesados. El segundo informe señala 43 bandas desarticuladas, 11,666 unidades recuperadas, y 2,106 consignados -que no necesariamente procesados-, de 4,607 actas iniciadas. No hay parámetro para medir la ‘disminución del 20%’ a que alude el informe, pero sí para acreditar incremento de 17.26% en robo de vehículos. Ahora que de esas actas iniciadas no se consignó, siquiera, la mitad. ¿Dónde quedó la bolita?

En cuanto a armas decomisadas, el primer informe dice fueron 36 en ese período, y el segundo informe dice 228. Sin embargo, este último también precisa “se ha realizado el cotejo de dos mil armas decomisadas y encontradas en el lugar de los hechos”. Entonces, si en dos años se han decomisado 264, ¿de dónde salieron las 1,772 adicionales?

De logros periciales es preferible callar la miseria -los datos informados son incongruentes-, porque los peritos continúan, lamentablemente, sumergidos en la mediocridad e ineficacia, en tanto su titular sigue paseando en España con recursos públicos. No en balde en Televisa Baja California se tildó de ‘cochinero’ en la dependencia, al haber olvidado, en el reciente suceso dónde murieron tres policías, casquillos y otros indicios en plena escena del crimen. Pero ¿qué se puede esperar, si olvidan cadáveres y extremidades en el lugar de los hechos?. Continuará.