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En Guanajuato, una juez demostró que el Poder Judicial sí puede tomar un rol más activo para combatir la desaparición forzada en México, “sin esperar a que las autoridades ministeriales actúen”.
Karla Macías, del noveno juzgado de distrito en aquel estado, ordenó diversas diligencias con las que estimó demostrado que “militares desaparecieron a un hombre en el Municipio de Pénjamo el 25 de noviembre de 2015”.
“Javier” estaba a punto de bañarse por la noche cuando un militar saltó la barda de su patio trasero y le abrió la puerta a cinco elementos más. En la casa estaban su esposa y su nuera, pero sólo se lo llevaron a él.
Dos horas y media más tarde lo presentaron en los separos municipales, acusado de haber insultado a los militares en la calle, por lo que un policía, y no un juez, le dictó una pena administrativa de seis horas de arresto. La pista de “Javier” se perdió cuando salió de los separos.
Por lo que para resolver el juicio, Karla Macías solicitó las cámaras de vigilancia. En una toma se veía a “Javier” caminar hacia la central de autobuses, seguido por tres uniformados y una camioneta militar. En el siguiente encuadre solo pasó el vehículo.
Con esa evidencia, la juez pidió un informe a la comandancia del Octavo Regimiento, que inesperadamente reveló el número del vehículo y los nombres de los militares que realizaron el operativo en esa zona.
La versión oficial fue que “realizaron un operativo conjunto por reporte de personas armadas y que al final detuvieron a ‘Javier’ porque los insultó, lo que de todos modos sería una detención arbitraria porque los militares no están facultados para sancionar delitos administrativos”.
Pero, las autoridades municipales negaron haber participado en algún operativo y las estatales confirmaron que “no presenciaron ninguna detención”. En cambio, vecinos de “Javier” aseguraron que vieron a un militar saltando la barda.
Durante 2017, se han presentado 114 demandas de amparo por desaparición forzada y sólo en cinco casos ha habido sentencia de fondo, señaló Karla Macias al exponer su caso en la Suprema Corte de Justicia.
“¿Por qué?, porque los expedientes están en el limbo jurídico, esperando a que aparezca el desaparecido para que ratifique la demanda”, reprochó la juez. Invocó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para considerar a la esposa de “Javier” como víctima, por lo que no fue necesaria la ratificación.
Además en otros casos, “el juicio de amparo se sobresee sin sentencia de fondo porque aparece muerta la persona, o se archiva porque la sentencia sólo ordena que se investiguen los hechos”.
“Ahí nos pusimos el listón muy alto, dijimos: el fallo no se considerará cumplido hasta que se localice al quejoso con vida o se encuentren sus restos mortales y se deslinden responsabilidades”, refirió Macías.
“Como ‘Javier’ no ha sido localizado, también ordenó a la PGR publicar los avances de la investigación en su página de internet, pero la sentencia fue recurrida y eso no ha ocurrido”, se menciona.
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