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(09 de julio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Estoy acá en la cárcel, enfermo, porque no tengo dinero”, expresa en una carta desde el penal de Playas de Catazajá, el indígena tzeltal Santiago Moreno, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, preso desde hace ocho años en Chiapas.
La detención de Santiago se dio en el contexto de una resistencia del ejido San Sebastián Bachajón de donde es originario. Ahí se ubican las turísticas cascadas de Agua Azul, las cuales son parte de un plan integral mega turístico que incluye proyectos como hoteles de lujo, un aeropuerto y campos de golf.
En aquella región las detenciones arbitrarias contra indígenas se han convertido en un recurso utilizado por los tres niveles de gobierno de manera frecuente, han dado a conocer las organizaciones civiles y activistas que se encuentran en desacuerdo con la construcción de dicho proyecto.
Detenido en febrero de 2009, Moreno Pérez, dentro de su organización formaba parte del consejo de vigilancia autónoma y llevaba más de 10 años dentro de la resistencia en defensa de la tierra y el territorio, del ejido Bachajón, pronunciándose contra los megaproyectos, “que el gobierno quiere implementar en la región”, se ha mencionado.
Aquella noche de febrero, fueron señalados y acusados, tanto él como su hijo Sebastián, por un grupo de partidistas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como responsables de la muerte de una persona de la comunidad de la Pimienta.
“Los partidistas de la comunidad se juntaron para lincharlo, pero se evitó su muerte entregándolo a la cárcel a cambio de quitarle todas sus propiedades”, ha informado el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (GTNET).
“Los últimos meses han sido especialmente duros para Santiago, el pasado diciembre se dio a conocer el fallecimiento de su esposa, situación que ya de por sí es de extrema dureza para el compañero preso al no poder despedirse de ella ni abrazar a su familia en estos momentos, sumado a la dificultad que conlleva no poder realizar el duelo implícito de la despedida”, compartió el GTNET.
A su vez se mencionó, “compartimos la preocupación por la situación de orfandad obligatoria que la sociedad carcelaria impone a sus hijos, alejándolo de ellos de una manera totalmente injusta y arbitraria”.
Lo anterior, debido a que los hijos de Santiago, también tienen órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar por el mismo delito que ha condenado a su padre. “Una de las irregularidades más graves de las que Santiago fue víctima al inicio del proceso jurídico, fue que se le adjudicó un traductor que tenía vínculos familiares con los denunciantes que lo señalaron como autor del crimen”, se informó.
“Las cárceles de Chiapas están llenas de indígenas y pobres que por no hablar español y no tener dinero para costearse un abogado de confianza, no tuvieron acceso al debido proceso y fueron obligados a través de torturas y engaños a firmar declaraciones auto-inculpatorias. El caso de Santiago es uno más de ellos, con el agravante de que existen motivos claramente políticos para encerrarlo”, afirma el GTNET.
En tanto, Santiago pide ayuda para salir de prisión y tener un proceso jurídico limpio y sin obstáculos de las mismas autoridades de Chiapas. Aunque el caso se ha dado a conocer a los tres niveles de gobierno, el hecho “les es indiferente, porque están más ocupados en entregar las tierras de los pueblos originarios, y con ellas su forma de vida, a un proyecto turístico de élite destinado al supuesto disfrute de unos pocos”, asegura el GTNET.
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