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Tras ejecución extrajudicial de joven indígena, Estado ha mantenido investigación estancada y dado respuestas tibias: Frayba
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(23 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Rodrigo Guadalupe fue víctima de ejecución extrajudicial, aunque la bala llegó directo a su cabeza, se ha mencionado que pudo haberse salvado de haber recibido atención medica inmediata, ya que su agonía tardó poco más de una hora.
Pero él no tuvo acceso a los paramédicos, puesto que el mismo grupo armado que le disparó, ni siquiera tuvo miedo por el contrario esperaron a las ambulancias para impedirles el paso, a fin que Rodrigo perdiera la vida.
Cruzton, Chiapas, es una comunidad que ha sido asediada durante poco más de dos años, por un grupo armado que no solamente los ha intimidado, sino también les ha quitado sus tierras a fin de sembrar en ellas mariguana, han denunciando los pobladores.
Sobre la problemática el Director del Centro de Derechos Humanos Frayba, Pedro Faro Navarro, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que la comunidad ha pedido medidas de seguridad por la situación violenta que padecen por parte del grupo armado, sin que el Estado haya dado respuesta positiva a su favor.
Cabe señalar que, aun cuando ya hubo una ejecución extrajudicial, al grupo armado no le ha preocupado y mantienen el hostigamiento en contra de las familias que habitan aquella comunidad, quienes son adherentes a la Sexta Declaración.
El grupo armado pertenece al ejido Guadalupe Victoria y llegó a esa población para despojar a los campesinos pobres de sus tierras, señala Pedro Faro. Dentro de los terrenos, menciona, fue tomado el panteón y la primera acción violenta fue la quema de cruces y vandalismo de tumbas.
Por lo que un grupo de habitantes decidieron montar una guardia para resguardar las tumbas y mantener a salvo el panteón, ya que consideraron los hechos violentos un acto de profanación. Dentro de la comisión nombrada se encontraba Rodrigo.
Quien estaba en el momento que se perpetró la emboscada a los campesinos que cuidaban del cementerio. “Los disparos comenzaron a escucharse cada vez más constantes y se mencionó que era con armas de alto poder.
Es por ello que los cuidadores del panteón comenzaron a resguardarse y cuando bajo la intensidad de los disparos Rodrigo Guadalupe se asomó para ver si todavía están por ahí sus agresores”, señala Faro.
Fue justo en ese momento cuando un disparo llegó justo a su cabeza. “Lo que hace pensar que quien le disparó fue alguien que sabe y tiene entrenamiento en el uso de las armas ya que fue un disparo certero”, agrega Faro.
Aunque los hechos han sido denunciados, se mantiene detenida la investigación. “La acción por parte del Estado ha sido parsimoniosa. No hay una protección e implementación de medidas a la seguridad e integridad personal de los pobladores, a pesar de las demandas penales que ya existen”, explica Pedro Faro.
Añade que también se han pedido medidas cautelares pero no se ha hecho nada. “El Estado ha tenido respuestas muy tibias y aunque Frayba avisó que haría documentación del caso en el lugar de los hechos, no existió ninguna actividad de acompañamiento por parte de las autoridades”.
Como tampoco la hubo, remarca, cuando falleció Rodrigo, a quien además de impedirse se le atendiera, a llegada de las policías no hicieron ningún tipo de investigación.
“Si hubiera habido una atención inmediata Rodrigo podría haberse salvado porque estuvo agonizando durante una hora. El ministerio público entra por el cuerpo pero no realiza investigaciones exhaustivas; siendo que este hecho es grave porque fue un asesinato derivado de una emboscada”.
De acuerdo con los habitantes de Cruzton, los hechos violentos de los cuales son víctimas y la impunidad del Estado, podrían explicarse, ya que sus tierras son camino directo a una supuesta mina de oro que existe, de acuerdo a estudios, en lo alto de aquella región.
Por lo que, de ser cierto, menciona Faro, dicha comunidad sería el camino para que las empresas lleguen hasta ahí y exploren la mina. “Posiblemente esa podría ser una situación por la cual existe impunidad en este tipo de casos.
Por lo que ahora estamos pidiendo medidas cautelares a la Comisión Interamericana, sabemos que ya están enterados y también le hicimos llegar esta información a la ONU porque nos preocupa la no intervención del Estado en cuanto a lo que se ha declarado sobre dicho grupo armado que amenaza y hostiga a una población”, concluye Pedro Faro.
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