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Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, admitió que, aunque la tortura persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad, ésta se ha reducido.
“No puede negarse que ha habido avances en nuestro País, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado su erradicación.
“Este reconocimiento no sólo se sustenta en las recomendaciones de los organismos internacionales, sino también de manera muy importante en los diagnósticos de organismos nacionales” – apuntó.
El subsecretario señaló que tras los diagnósticos de la CNDH y la CEAV, todas las corporaciones se han proclamado en contra de los actos de tortura y se han unido al compromiso de prevenirla y sancionarla.
En este contexto, el representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, declaró que “para estos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye protocolos de actuación y de fortalecimiento institucional”.
Roberto Campa indicó que la aprobación por parte del Congreso de la Unión a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura es el paso más relevante en la materia.
“Estamos convencidos que este proceso para llegar a esta ley es un proceso que nos permite decir a todos quienes participamos en él, que cumplió con la tarea, que llegamos a un articulado que responde a las expectativas de todos”.
“Todavía hay algunas corporaciones que consideran que la tortura es un instrumento de investigación, tenemos que reiterar que no lo es, que tenemos que erradicar la tortura; estamos ciertos que esta ley constituye un avance sólido”.
Campa admitió que México necesita mejorar los mecanismos para poder prevenir todo acto de tortura y, si éste se comete, pueda ser identificado y ejemplarmente sancionado.
“Estamos ante una oportunidad, con el marco de la nueva ley general y el nuevo sistema de justicia penal, para eliminar los incentivos a la tortura y garantizar el derecho al debido proceso”, apuntó durante un seminario en la sede de Gobernación.
El subsecretario aseguró que el gobierno de la República se encuentra comprometido en la erradicación de la práctica de la tortura en cualquiera de sus expresiones.
“La tortura no le conviene a nadie, la tortura provoca graves consecuencias en todos sentidos, constituye un factor detonador de violencia y no de seguridad; una investigación basada en la tortura carece de valor jurídico y no garantiza llegar a la verdad.
Añadió que, “por ello, todos los países que han logrado fortalecer su estado de derecho han adoptado como premisa apartarse definitivamente de esta práctica. La instrucción del Presidente de la República (…) es la de priorizar este tema en la política de derechos humanos”.
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