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Finalmente y después de varias solicitudes, un juez federal ordenó la tarde de este viernes la aprehensión de César Duarte “por descontar de nómina a empleados del Gobierno de Chihuahua y desviar al PRI un total de 14 millones de pesos para el proceso electoral de 2015”, se informó.
Fue Amílcar Asael Estrada Sánchez, juez de control del referido Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, quien instruyó el mandato de captura en contra del ex Gobernador “por el delito de peculado electoral, el cual no amerita la prisión preventiva oficiosa”.
El impartidor de justicia consideró que, “después de tres audiencias privadas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ofreció los datos mínimos suficientes para sustentar el mandato judicial en contra de Duarte”.
Cabe señalar que el jueves, el juez había rechazado autorizar la aprehensión porque Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, acusó “al ex priista por esos desvíos, sin que estuviera presente su abogado”.
La Fepade volvió a pedir la captura, pero presentando evidencias que “Herrera sí tuvo asistencia legal durante su testimonio, lo que finalmente convenció al juez de instruir el mandato”.
De acuerdo a los datos de la investigación, “mensualmente la Secretaría de Hacienda del Estado descontaba entre el 5 y 10 por ciento de su salario a los empleados de las secretarías estatales y generaba un cheque de 1.2 a 1.7 millones de pesos, el día 20 de cada mes.
El cheque salía a nombre de Hacienda y se depositaba a nombre de una cuenta del Servicio Panamericano, que les regresaba el dinero en efectivo y luego se entregaba a Pedro Mauli Romero, ex tesorero estatal del PRI. Según la imputación, durante todo el sexenio de Duarte se desviaron un total de 79 millones de pesos al partido tricolor, sin embargo, por ahora la Fiscalía sólo imputó la suma de 14 millones de pesos que está vinculada a las elecciones intermedias”.
La Fepade, según informes judiciales, “intentará en el mediano plazo que el ex Mandatario también sea procesado por los otros 65 millones de pesos, bajo la figura legal del ‘delito continuado’, ya que para la parte acusadora los desvíos al tricolor fueron una práctica habitual en su Gobierno”.
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