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La Red por los derechos de la infancia en México, expresó preocupación ante la violación a la privacidad de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas quienes son víctimas de espionaje por su trabajo, y en especial por el espionaje en contra de un adolescente de 16 años, debido a la labor periodísticas de su madre, Carmen Aristegui.
“Llamamos a investigar y sancionar a las autoridades que resulten responsables de este hecho que atenta, una vez más, contra la libertad de expresión y la vida democrática del país.
El intento de instalación del software espía en el teléfono del adolescente viola el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que señala que: “no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”, se dio a conocer.
Además, informaron que consideran priotario asumir como sociedad que el #GobiernoEspía ha cruzado una frontera ética en términos de la legalidad, pero sobre todo por violar el Interés Superior de la Niñez establecido en el Art. 4° Constitucional. Es totalmente inaceptable que la persecución política de periodistas o defensores de derechos humanos alcance a sus hijas e hijos.
A raíz de la investigación de la organización internacional Artículo 19, se demostró que el Gobierno mexicano espía a periodistas y defensores de los derechos humanos en México. La información muestra que al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje.
El software creado por una compañía israelí, conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes para monitorear la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
“Pese a que en el marco del 47 Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el Secretario de Relaciones Exteriores y el Presidente de la República destacaron que México es un Estado de Derecho donde se respeta la libertad de expresión es claro que el Estado mexicano presenta una gran fragilidad para garantizar los Derechos Humanos de activistas y periodistas”, se dijo.
“Consideramos totalmente ilegal y éticamente cuestionable el espionaje realizado por autoridades y fuerzas de seguridad del Estado mexicano hacia el adolescente; esta práctica lo coloca en mayor riesgo y demuestra la pérdida de claridad en los objetivos en quienes están a cargo de los servicios de inteligencia”.
Datos del INEGI señalan que de la población de seis a 17 años en México, seis de cada 10 utilizan dispositivos de cómputo (computadora, laptop o tableta) para diversas actividades y de ese universo, 88.5% los usa para acceder a Internet, lo que les convierte en presa fácil de mecanismos de intervención ilegal.
En este sentido, “cuestionamos al Estado mexicano sobre ¿Cuántas niñas, niños o adolescentes están espiando en estos momentos? ¿Cuántas familias son espiadas por ser consideradas opositoras políticas? Si bien, el Gobierno mexicano se deslindó de los actos de espionaje, la empresa fabricante del software ha señalado que éste solamente se vende a los gobiernos que lo solicitan”.
Frente a los hechos descritos, exigieron: Al Gobierno Federal, que se lleven a cabo acciones inmediatas de investigación del espionaje político a la vida privada del adolescente, así como de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Al Presidente de la República Mexicana a deslindarse de los hechos no solo con palabras, sino con iniciativa explícita de no tolerar que se use en contra de la ciudadanía los recursos de Estado.
Acompañamiento internacional en las investigaciones, ante la desconfianza de que las instituciones espías se investiguen a sí mismas. Un énfasis específico de la investigación tendrá que derivar en mecanismos de protección a la vida privada de niñas, niños y adolescentes.
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