Militares me apuntaron con una pistola a la cabeza y me dijeron que me callara o que me volarían los sesos: Miriam López

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(15 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Miriam López fue secuestrada a la entrada de una escuela por dos hombres con pasamontañas, torturada y recluida durante meses.
Madre de cuatro menores de edad, y con 30 años, Miriam estaba a las afueras de una escuela de Ensenada. De repente aparecieron dos hombres con el rostro cubierto por pasamontañas que la obligaron a subir a una furgoneta blanca y se la llevaron.
“No sabía quiénes eran y, cuando les pregunté, me apuntaron con una pistola a la cabeza y me dijeron que me callase o que me volarían los sesos”, contó Miriam posteriormente, de acuerdo a Amnistía Internacional. 
“Los hombres resultaron ser soldados vestidos de civil. Llevaron a Miriam a un cuartel militar situado en una ciudad cercana, Tijuana. Miriam describió lo que pasó a continuación como los siete peores días de su vida”, se da a conocer.
Ella declaró: “Me torturaron. Me ponían una y otra vez paños mojados en la cara y me echaban agua para que no pudiera respirar. Me aplicaron descargas eléctricas”.
Los soldados intentaban obligar a Miriam a “confesar” que traficaba con drogas a través de un puesto de control militar. Sin embargo, Miriam recorría ese trayecto habitual para visitar a su madre, que vive a 45 km, señala AI.
La víctima describió, “tenía dos personas encima de mí y de la desesperación o por la fuerza me incorpore, rompí la cuerda que tenía en las manos. Él me empezó a jalar la ropa, yo le decía que no, el me decía que no me hiciera, que eso era lo que yo quería, después me desvistió y abusó de mí, cuando se quitó le habló a otro”.
Tras una semana de tortura, Miriam fue trasladada a un centro de detención de Ciudad de México. Pasó allí 80 días antes que se presentaran contra ella cargos de narcotráfico y la transfirieran a una prisión de Ensenada. Quedó por fin en libertad el 2 de septiembre de 2011, después de que su caso fuese desestimado por falta de pruebas.
Hoy en Baja California, existe un favoritismo por parte de autoridades y un sector de la población para que la seguridad pública de la entidad sea tomada en manos de las fuerzas armadas. 
Sobre el hecho, el licenciado Raúl Ramírez Baena, Director ejecutivo y presidente de la mesa directiva del Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), señala aRevolución TRESPUNTOCERO que “la militarización no es solamente la presencia de elementos militares en labores de prevención e investigación de los delitos que son propias de la seguridad pública, y que de acuerdo al mandato constitucional y a los estándares internacionales son acciones que competen exclusivamente al autoridad civil.
Sin embargo, aquí en México, el gobierno recurre a la militarización de manera emergente y por la incapacidad para plantear una estrategia de fondo para corregir realmente las deficiencias, omisiones y excesos que se cometen y que dan lugar al incremento del crimen y la inseguridad”.
A esto, comenta, se suma el componente de la corrupción, que la militarización no viene a resolver y tampoco el fondo que es de carácter social, lo cual es un caldo de cultivo para que se incremente la inseguridad y el crimen en el Estado mexicano. 
Es por eso que, “es evidente como el gobierno no va al fondo y recurre a estas medidas pragmáticas, superficiales, frívolas de militarizar la seguridad pública. En gran parte por una presión social de sectores como los empresariales. Aquí en Baja California sucede porque ellos tienen su propia agenda de seguridad, muy desvinculada con las necesidades del grueso de la población”.
Ramírez Bahena, asegura que la solución no es la militarización, porque tiene otra perspectiva, otra visión y otra formación profesional. “No solamente se trata de militares en la calle haciendo estas labores, sino que también fijan las estrategias en los grupos de coordinación en los estados en materia de seguridad pública.
Ahí también concurren autoridades de los tres órganos del gobierno y los exmilitares qué tienen que ver con la seguridad pública. En estos grupos de coordinación es la milicia la que impone de alguna manera su visión de la seguridad y que es una visión obviamente de seguridad nacional, de aniquilación del enemigo, de una guerra convencional, cuando no lo es que tenemos, aunque Calderón la haya caracterizado como tal”.
Al militarizar a la entidad, también serán elementos de esta dependencia  quienes se encarguen de ser los titulares de las áreas de seguridad pública tanto estatales,  como municipales. Es evidente, señala Ramírez Bahena, que los militares desconocen la materia de seguridad pública, desconocen que la seguridad pública es un derecho humano y por lo tanto, las estrategias no se fijan con enfoque de derechos humanos. “Y por otro lado, no hay voz de los ciudadanos solamente se simula a través de los consejos y comités estatales ciudadanos”.
Los cuales, de acuerdo al representante de la CCDH, están copados por empresarios de Baja California, por lo tanto, comenta, no tienen visión integral y humanista. “Si sumamos corrupción en toda la línea de autoridad desde lo más más alto lo más bajo, el asunto se complica extraordinariamente porque los elementos policiacos se ven obligados por la circunstancia o mandato de los superiores a dar protección tanto a los narcomenudistas como a los miembros del crimen organizado.
Y esto no se va a resolver con militares, porque ellos también son susceptibles de ser corrompidos, además ellos están entrenados para la guerra, para aniquilar al enemigo”.
Es por ello, argumenta, que se da pie a las violaciones graves a derechos humanos por parte de militares. Ya que ellos reciben un tratamiento especial, una protección del gobierno, obviamente de la autoridad militar superior para tratar de minimizar el impacto sobre sus excesos, declara.
La CCDH, ha registrado casos como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, los cuales son principalmente los allanamientos sin órdenes, detenciones arbitrarias e ilegales, violaciones al debido proceso, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, así como violaciones a la seguridad jurídica e integridad personal.
“Todo este cúmulo de violaciones a derechos humanos que cometen las policías se potencializan con esta visión de militarización de la seguridad pública”, señala el defensor de Derechos Humanos.
Quien a su vez lamenta que la situación se complica con el impulso de la Ley de Seguridad Interior, “porque con ésta se legitima todas estas violaciones a derechos humanos este es el punto culminante de la militarización”. Dicha ley, señala es altamente probable que sea una realidad, puesto que es ya un acuerdo entre gobierno federal y fuerzas armadas, con gran soporte de partidos como el Acción Nacional.
Cabe señalar que durante 2016, en Baja California, al menos 38 personas sufrieron de algún tipo de tortura durante el proceso de su detención, de acuerdo al Servicio Médico Forense (Semefo) de la entidad.

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