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La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, fue la responsable de la masacre que se vivió en Allende en marzo de 2011.
Aquel año, sicarios del cártel de Los Zetas irrumpieron en el municipio y secuestraron a todos los que llevaban el apellido de un presunto traidor, incluidos mujeres y niños, quienes después de ser asesinados, fueron quemados. Revela una investigación de Ginger Thompson, ganadora Premio Pulitzer.
De acuerdo con el artículo “Anatomía de una masacre”, “lo que pasó en Allende no se originó en México. Comenzó en Estados Unidos, cuando la DEA logró un triunfo inesperado”, pues un agente persuadió a un importante miembro de Los Zetas “para que le entregara los números de identificación rastreables de los teléfonos celulares que pertenecían a dos de los capos más buscados del cartel, Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar”, explica.
En la investigación dada a conocer a inicio de semana, por ProPublica y en National Geographic, se detalla que “tras el testimonio del miembro delator del cártel, la agencia estadounidense compartió información con una unidad de la policía mexicana y casi de inmediato los Treviño se enteraron de que habían sido traicionados.
Luego de conocer esta información los hermanos planearon vengarse de los presuntos delatores, de sus familias y de cualquiera que tuviera un vínculo remoto con ellos”, destacó Thompson.
De acuerdo con la periodista, “años después de la matanza de Allende las autoridades mexicanas solamente hicieron esfuerzos inconsistentes para investigar y erigieron un monumento para honrar a las víctimas, sin determinar por completo lo que había sido de ellas ni castigar a los responsables”.
Cabe señalar que, aunque las autoridades estadounidenses ayudaron a México a capturar a los Treviño, nunca reconocieron el costo devastador de sus acciones, se puntualiza.
En la investigación se observan testimonios que aparecen en el artículo, lo cual es raro ya que la gente de Allende estaba muy asustada para hablar sobre lo sucedido.
“Cuando le preguntaron durante una entrevista sobre su papel en el caso, el agente, Richard Martinez se desplomó en su silla, con lágrimas en los ojos. ‘¿Cómo me hizo sentir el hecho de que la información se hubiera filtrado? Prefiero no decirlo, para ser honesto con usted. Me gustaría dejarlo así. Prefiero no decirlo’”, dice un fragmento de la investigación “Anatomía de una masacre”.
A principios de 2011, en las afueras de Dallas, Estados Unidos, la DEA había lanzado el operativo Too Legit to Quit [Demasiado Legítimo para Rendirse], después de unas redadas que tuvieron resultados sorprendentes. “En una, la policía había encontrado 802 mil dólares en efectivo, empacados al vacío y escondidos en el tanque de gasolina de una camioneta. El conductor dijo que trabajaba para un tipo al que solo conocía como ‘El Diablo’.
Después de más detenciones, el agente Richard Martinez, de la DEA, y el fiscal federal adjunto Ernest Gonzalez identificaron a “El Diablo” como Jose Vasquez, Jr., de 30 años, un nativo de Dallas que entonces era el distribuidor de cocaína más importante de Los Zetas en el este de Texas, donde movía camiones llenos de drogas, armas y dinero cada mes”, se publica.
Martinez y Gonzalez vieron en su huida una oportunidad, querían “los PIN (números de identificación personal) rastreables de los teléfonos Blackberry de los Treviño”, Vasquez había dejado Texas y había huido hacia Allende pero su mujer y su madre todavía vivían en Texas.
De acuerdo con Thompson, “para evitar la captura, Los Zetas hicieron que su lugarteniente más cercano en Coahuila, Mario Alfonso ‘Poncho’ Cuéllar, les diera celulares nuevos cada tres o cuatro semanas. Cuéllar le asignó la tarea de comprar teléfonos nuevos a su mano derecha, Héctor Moreno.
Ante la presión de obtener los PIN de los teléfonos, Vasquez recurrió a Moreno, utilizando información que él manejaba. Fue Gilberto, hermano de Moreno, quien había sido sorprendido al volante del camión con 802 mil dólares en el tanque de gasolina. Con 20 años de prisión por delante, Gilberto había confesado que trabajaba para Los Zetas y que el efectivo pertenecía a los hermanos Treviño”.
Se explica que Vasquez organizó que su abogado en Dallas representara a Gilberto y le prometió que no dejaría que nadie en el cártel supiera de las declaraciones incriminadoras de Gilberto.
Teniendo esto en cuenta, Moreno le devolvió el favor a Vasquez al aceptar conseguirle los números. Pero, llegado el momento, Moreno lo reconsideró, y tres semanas después de que Vasquez le diera los números PIN a la DEA, los jefes del cártel recibieron la noticia que “uno de los suyos los había traicionado y lanzaron una ola de venganza”.
Un oficial de la unidad fue el responsable de la filtración. “No fue difícil para Los Zetas reducir la lista de delatores bajo sospecha, porque muy poca gente tenía acceso a sus números PIN. Entre ellos estaban Mario Alfonso “Poncho” Cuéllar, el lugarteniente más importante de los Treviño en Coahuila, y Héctor Moreno, mano derecha de Cuéllar”.
Se menciona en la investigación, que Vasquez, Moreno, Cuéllar y Garza huyeron a Estados Unidos cuando empezó la masacre y accedieron a cooperar con las fuerzas de la ley estadounidenses a cambio de clemencia.
Los números de muertos y desaparecidos varían enormemente entre la cifra oficial, que habla de 28, y la de las asociaciones de las víctimas, alrededor de 300.
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