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(24 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- A inicio de esta semana la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, nombró como su titular a Luis Camacho Mancilla, un hecho que para el centro de Derechos Humanos Tlachinollan, “se da en un contexto estatal en donde la violencia se ha enseñoreado, dejando en un estado de indefensión a las familias que a diario dan la batalla para dar con el paradero de sus hijos”.
Así, la organización señala que es un nombramiento que nace muerto porque no cuenta con el respaldo de las personas que son directamente afectadas, y porque estos nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso diario con las personas que sufren el flagelo de la violencia.
“Si bien la Ley de Atención a Víctimas establece que por única ocasión el Comisionado puede ser propuesto por el Gobernador al Congreso Local, y para el siguiente periodo deberá enviar una terna previa consulta a las y los familiares de las víctimas; ni el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ni el Congreso Local tuvieron a bien incluir en el proceso a quienes se han visto directamente afectados por las omisiones del estado, la violencia y la impunidad”, se ha denunciado.
A su vez, se menciona que el nombramiento se ha hecho de forma unilateral y dejando de lado los planteamientos de los colectivos de víctimas se impuso la titularidad de Camacho Mancilla, “de quien se desconoce una trayectoria a favor de los derechos humanos y no cuenta con antecedentes de trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino más bien su trabajo se reduce a haber sido parte de la Comisión para la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado”.
Por otra parte, Tlachinollan señala que es preocupante el incremento de los desplazamientos forzados, los feminicidios, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de fosas clandestinas, lo que sin duda implica un reto en el que las víctimas deben ser tratadas con profesionalidad, sensibilidad y eficacia y no con acciones supeditadas al Gobierno Estatal, como se prevé con el reciente nombramiento.
“Es indispensable que el titular de esta institución tenga un verdadero compromiso con las víctimas, sensibilidad humana, experiencia en ese tipo de atención, autonomía de decisión y los recursos necesarios para demostrar una atención profesional y con compromiso ético a favor de las víctimas y para dar una buena atención a las demandas de sus familias, pues ante la falta de estas características la población en general no confía en los elementos de seguridad ni en las autoridades”.
El Centro de Derechos Humanos ha mencionado que a diferencia de la burocracia que persiste en Guerrero, este cargo debe de cimentarse en la confianza y cercanía de la gente que ha sido ignorada y revictimizada en su lucha por defender su derecho a ser atendidos con respeto y dignidad.
“Es preocupante que tanto el Gobernador de Guerrero como el Congreso Estatal, no hayan tomado en cuenta los criterios que han planteado los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la atención a víctimas y que hayan prevalecido más los intereses de grupo, una actitud irresponsable, insensible y autoritaria frente al dolor y las necesidades urgentes de las víctimas”.
En ese sentido, las organizaciones civiles se solidarizaron e hicieron eco de esa demanda dolida de las víctimas, por no sentirse representados y escuchados ante las instancias gubernamentales, por lo que pugnaran, han anunciado, para que el centro de la acción gubernamental sean las víctimas y sus familias y para que no se denigre ni se trivialice su lucha. “Son ellos y ellas, las que hoy marcan el derrotero de lo que representa un cambio en el sistema de justicia y en la defensa de los derechos humanos”.
Finalmente, mencionaron que es importante señalar que ante la ausencia de soluciones reales a las problemáticas que incrementan la violencia e impunidad en el estado, el número de víctimas continúa en aumento, sin que hasta la fecha se garantice su acceso a la justicia, la debida reparación del daño y mucho menos existen garantías de no repetición, por lo que desde los tres niveles de gobierno, de manera autónoma y de acuerdo a su competencia, por lo que es urgente que se tomen acciones que se encaminen hacia ese objetivo.
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