Golpeadores ligados a Graco amagan con desalojar a habitantes de Tepoztlán, la mayoría de la tercera edad, que se oponen a autopista

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Habitantes de Tepoztlán, que mantienen detenidas las obras de ampliación de la autopista de cuota La Pera-Oacalco, denunciaron que un grupo de golpeadores ligado al gobierno del perredista Graco Ramírez, se acercó a su plantón con la intención de desalojarlos.
Los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad,  marcharon en demanda de que se cancele la ampliación de la autopista en 27 kilómetros de su territorio, ya que afirman que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no cuenta con el  permiso de la asamblea comunal para realizar dichas obras.
Luego de que llegaran los camiones y los choferes comenzaron a rodearlos, los manifestantes decidieron retirar el plantón, llevándose algunas pertenencias, pero dejando carpas y mantas, las cuales fueron desmanteladas por los transportistas quienes abrieron el acceso de la autopista La Pera-Cuautla a Tepoztlán.
Continuaron su camino hacia la alcaldía, en donde tocaron las campanas para llamar al resto de los habitantes a unirse en contra el grupo de choque que supuestamente fue enviado por el gobierno del estado o por la SCT.
Una vez que la gente se concentró frente al palacio municipal, los presuntos golpeadores enviaron un camión y una camioneta con unas 50 personas encabezadas por el ex alcalde priísta Gabino Ríos. Llegaron al centro del pueblo para insultar a los manifestantes, quienes exigían audiencia pública con el alcalde Lauro Salazar, de Movimiento Ciudadano.
Entre gritos y empujones, el grupo de choque salió huyendo en sus vehículos.
A los pocos minutos, el alcalde Lauro Salazar bajó para ofrecer a los inconformes dialogar con el gobierno del estado y la SCT.
Salazar, que también ha apoyado la exigencia de suspender los trabajos, insistió en que la reunión sea abierta y reiteró que su administración no ha dado permiso ambiental ni de obra para este proyecto.
Consideró lamentable que la SCT y el gobierno estatal mostraron, hasta que paró la obra, un documento en donde informaron sobre el sacrificio de 2 mil 700 árboles. Esto fue lo que provocó la instalación del campamento, el bloqueo de los accesos al pueblo y la obstaculización de las obras.
“Que sea ahora el ayuntamiento de Lauro Salazar el que exija a la SCT que las obras sigan detenidas; que el gobierno municipal active todos los mecanismos e interponga todas las demandas contra las ilegalidades cometidas por la SCT. Sabemos que la obra es ilegal” – asentó el movimiento.

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