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Este jueves, abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dieron a conocer que se identificó alteraciones en las escenas en torno a 19 de los 22 cuerpos de las personas abatidas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.
Como defensa de Clara Gómez, sobreviviente a la masacre, abogadas del Centro Prodh tuvieron en su poder fotografías del caso contenidas en el expediente militar 338/2014, las cuales fueron cotejadas con las que tenía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dichas imágenes no se encuentran dentro de la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que “la dependencia no pidió la integración del expediente militar”.
“La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH.
Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico'”, reclamó el colectivo Seguridad sin Guerra.
A tres años de la masacre en Tlatlaya, el colectivo, también criticó que la PGR “no ha investigado la cadena de mando que ordenó abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.
Refirieron que “sólo se ha llamado a declarar al Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un ‘machote’ y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones”.
“De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho ‘machote’ o del mando que debió supervisar tales órdenes”, señalaron los integrantes de Seguridad sin Guerra, que se oponen a la Ley de Seguridad Interior, que faculta al Ejército para realizar labores de seguridad propias de fuerzas civiles.
La falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos”, plantearon.
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