En BC se llegó a torturar en cuarteles militares a menores de edad con descargas eléctricas en los genitales

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(08 de junio, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- En junio de 2009, en Baja California, el Ejército arrestó a cuatro hombres y los acusó de secuestro, después los mantuvo en arraigo en una base militar en Tijuana durante 41 días.
Los hombres declararon que fueron víctimas de tortura, puesto que se les asfixió con bolsas de plástico y fueron sometidos a golpizas, simulacros de ejecución y privación del sueño hasta que firmaron confesiones implicándose los unos a otros.
Después de esto, ante los medios de comunicación, el ejército los presentó colocando frente a ellos una colección de armas, argumentando que les fueron decomisadas y fueron acusados por el delito federal de secuestro y cargos relacionados con la posesión de armas de fuego.
Sin embargo, en septiembre de 2015, el Comité contra la Tortura de la ONU determinó que México había incumplido varias de sus obligaciones, entre ellas, la de investigar la presunta tortura.
Una víctima más, declaró a la FIDH, CMDPDH y CCDH: “La voz con acento volvió y comentó: métanlo al baño, estando dentro me dijo: mira hijo de tu puta madre harás lo que te diga. Dándome golpes a puño cerrado en el estómago y a los costados a lo que caí al piso porque uno de los golpes me saco el aire.
Decía también: solo tienes que firmar y no hacer preguntas de nada si te dicen algo dices que si ok? policía de mierda, yo le dije que ya no me golpeara por favor por último me dio un puntapié sobre la pierna izquierda, me levante como pude.”
En Baja California, a partir del año 2009, distintos casos evidenciaron un incremento alarmante de civiles víctimas de tortura. Tan sólo en 2008, la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California recibió 26 denuncias por tortura.
En 2013, las denuncias por tortura llegaron a 110. Por lo que organizaciones de derechos humanos dieron inicio a documentar la participación directa de elementos de seguridad en casos calificados como emblemáticos, donde los protagonistas principalmente eran las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California, como lo demuestra el Informe sobre presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Baja California.
Los hechos que se describen en los casos que se documentaron durante el trabajo en Baja California y aquellos señalados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California revelan que la tortura tiene una naturaleza organizada y no azarosa.
Incluso se han llegado a perpetrar asesinatos como consecuencia de la tortura y las privaciones graves ilegales a la libertad de las personas. Sobre esto, la directora de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que actualmente las averiguaciones previas que se encuentran abiertas en diferentes sedes de la Procuraduría General de la República que investiga estos casos de tortura, indican que los hechos han sido “muy bien planeados. Todas las víctimas fueron vendadas y trasladadas al interior de cuarteles militares completamente atados. Lo cual limita mucho lo que ellos pudieron ver”.
Es así como se identifican estos sitios como centros de tortura, ya que “se sabe que fueron cuarteles militares porque incluso las órdenes de arraigo liberadas dan cuenta que los períodos de arraigo se llevaron acabo al interior de los diferentes cuarteles militares”, señala.
A su vez, menciona que los testimonios que pueden brindar las víctimas son limitados porque ellos en todo momento se encontraban vendados, atados y completamente inmovilizados al interior de estos cuarteles. “Lo que sí sabíamos es que había una perfecta planeación al interior de cuarteles militares”.
López, detalla que la organización detrás de estas actuaciones criminales se evidencia por el uso de recursos humanos y materiales –incluidas las instalaciones militares-, las acciones concertadas entre los propios agentes de seguridad y entre estos y otras instituciones del Estado.
“Habían lugares específicos en los cuales se practicó tortura, otros que servían de espacios donde los mantenían en el piso. Hay narraciones específicas que cuentan que eran vendados como en una especie de momificación y posteriormente golpeados en colchonetas, expuestos a toques eléctricos o sumergirlos en agua para asfixiarlos. También eran cubiertos del rostro. Así existieron una serie de métodos de tortura que fueron utilizados en muchos de estos casos”, apunta la abogada Nancy López.
Además, señala que es así como se da cuenta que existe en los centros de tortura áreas específicamente destinadas para cometer estos diferentes actos. Por lo tanto “también creemos que esto no era una acción que se llevara acabo por un militar que ese momento se lo ocurrió cometer un acto de tortura.
Sino que era parte de una misma estructura en donde se sabía en qué cuarto se utilizaban diferentes métodos de tortura. En ese cuarto se iban a quedar las personas detenidas y también se conocía cómo es que se iban dividiendo las diferentes funciones al interior de los cuarteles militares.
Lo anterior para asegurar que después que se cometieron estos actos se presentarían frente a un médico que no iba a certificar las lesiones y después los presentaban ante el ministerio público para que tomará sus primeras declaraciones”.
Una víctima relata haber sido detenida ilegalmente, mantenida desaparecida y haber sufrido torturas en aquellos sitios. En tanto, las organizaciones sustentan en su informe que “los recursos no se limitan a la existencia de instalaciones para mantener a los detenidos ilegalmente y realizar las torturas en cuarteles militares. Quienes cometen estas acciones cuentan con armas del ejército y paquetes de droga para las detenciones y plantarlas a las víctimas”.
Es por esto que, a decir por Nancy López, tienen todo un aparato perfectamente instalado para propiciar estos actos de tortura y como consecuencia obtener confesiones autoinculpatorias que permitirá que haya un alto número de personas detenidas, por temas de delincuencia organizada y que permanecían en reclusión un par de años para después salir por no haber pruebas en su contra”.
En tanto el Director ejecutivo y presidente de la mesa directiva del Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Raúl Ramírez Baena, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que en el cuartel militar el Aguaje de la tuna, los militares tenían cuartos especiales donde torturaba a las personas detenidas y en otro los tenían recluidos.
También menciona que en aquel cuartel, de acuerdo a los testimonios de las víctimas, mencionan la comandancia de la policía en Tijuana, que refieren que en el tercer piso de aquella oficina que ahora ya no existe, había un búnker donde se cometía tortura. Asfixia con la bolsas de plástico en la cabeza, descargas eléctricas y golpes en el cuerpo después de ser envueltos en cobijas.
De acuerdo a la información del informe, los hechos siguen un patrón claro: se detiene al sujeto sin orden judicial, por lo general por militares y/o policías vestidos de civiles y encapuchados, muy probablemente durante un allanamiento sin orden judicial en su casa, y una detención sin orden de un juez.
Se les traslada a una instalación militar donde se le tortura, con técnicas que se repiten en el conjunto de casos. Al mismo tiempo se niega su paradero a familiares y amigos, y no se les presenta a una autoridad judicial ni se les permite el contacto con un abogado. Se les obliga a firmar confesiones, o se les planta droga y armas de uso privativo del ejército, y se les presenta a la autoridad judicial y, en muchos casos, a la prensa (o se informa a los periodistas de la detención).
“Se da también un esfuerzo de encubrimiento del crimen, mediante partes falsos en los que se declara que las detenciones se realizaron en flagrancia o en retenes. Los exámenes médicos que se realizan a los detenidos son meros cuestionarios y no incluyen un examen físico o psicológico de la persona detenida”, se informa.
“Las técnicas de tortura se repiten en todos los casos. A todas las víctimas las golpeaban con una bolsa de plástico cubriéndoles la cabeza, a muchas les lanzaban agua sobre un trapo que les colocaban sobre la boca –waterboarding-, les aplicaban descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, incluso en los genitales. Estas técnicas se aplicaron, incluso, a dos menores de edad.
En uno de los casos, la tortura fue tal que a la víctima debieron trasladarle al hospital. Según una familiar, ‘dice que le golpeaban mucho, le pusieron la bolsa, una toalla mojada y dice le dijeron que nunca nadie había aguantado tanto’. Una víctima fue atacada sexualmente por militares, por largos lapsos de tiempo y durante dos de los días que permaneció en el cuartel militar”.
Dentro de los cuarteles militares, las víctimas también eran sometidas a tortura psicológica. Los diferentes testimonios relatan puestas en escena donde les hacían creer que los iban a matar, que ya habían matado o que iban a matar a miembros de su familia a cambio de que declararan lo que ellos querían.
“Los familiares también sufren un calvario, pues les niegan el paradero de sus familiares, constituyéndose así el delito de desaparición forzada según el artículo 7 del Estatuto de Roma y los elementos de los crímenes”, señalan las organizaciones que documentan el informe.
Existen testimonios y otros informes de distintas organizaciones de derechos humanos que se refieren a los hechos de tortura en el ámbito federal que demuestran que en Baja California, y a nivel nacional, no se trata de actos aislados, “sino de una práctica que se insertó en el marco de una ‘política de seguridad nacional’”.
Es importante señalar que muchos de estos casos fueron presentados a la prensa como logros de dicha política, a pesar que, posteriormente, la mayoría de los detenidos ilegalmente fueron liberados por falta de prueba para sustentar los cargos que se le imputaban, pero además de las graves secuelas físicas y psicológicas, socialmente quedaron estigmatizados.

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