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“No emplear el sistema de espionaje Pegasus o cualquier otro que tengan y sea empleado para intervenir comunicaciones, para espiar a periodistas, ONG y defensores de los derechos humanos”, pidió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Dicho llamado fue para las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
El organismo, a través de un comunicado explicó que la medida “es en respuesta a un escrito de queja presentado por periodistas y defensores de derechos humanos en el que solicitan medidas cautelares y acusan violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados por parte de las dependencias mencionadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)”.
“Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, SIN PREJUZGAR sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a la SEDENA, SEMAR, SEGOB y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema ‘Pegasus’ o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, señala la CNDH en su comunicado.
Además refiere que “también pidió a las dependencias de gobierno mencionadas que, en caso de haber obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes”.
También pidió instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a “garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”.
En el caso de la PGR, señaló que “además le requirió instruir al personal ministerial para que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, a fin de que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia”.
Lo anterior sucede, después del reportaje en el diario The New York Times: Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México, actividad que ya había sido reportada por Proceso desde julio de 2015.
La CNDH indicó en su boletín que, “si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado”, subrayó.
En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipo de informática, tras la denuncia que presentaron periodistas y activistas pelícanos.
A través de un Comunicado la institución señala que “con relación a las notas publicadas en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició la investigación correspondiente”.
En relación con la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, la FEADLE garantiza “el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes”.
La PGR informa que “como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos”.
A su vez, investigará “los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención”.
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