“Inaudito” que en Palmarito se pretenda encubrir a un militar que ejecutó de manera arbitraria a un civil: organizaciones

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El caso de Palmarito Tochapa, Puebla, es considerado como “inaudito” por diversas organizaciones y colectivos de derechos humanos, pues ahora se pretende encubrir a un militar que ejecutó de manera arbitraria a un civil y se protege al mando que presuntamente dio una orden ilegal.
Las 84 organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) mencionaron que funcionarios de los tres niveles de gobierno quieren evitar su responsabilidad en la crisis de derechos humanos al minimizar los hechos, cuestionando evidencias y responsabilizando a las víctimas en la política de propaganda, así como lo hacen en este caso.
Realizaron un pronunciamiento colectivo, en donde consideraron que las más de 23 mil muertes violentas que ocurrieron en 2016, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, son causa de las políticas erróneas que implican responsabilidades legales para personas concretas, y no de errores metodológicos del gobierno.
Las organizaciones de la Red TDT consideran como ‘‘doloroso botón de muestra’’ el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ‘‘valiente activista sobre desaparecidos’’, quien en 2012 encontró a su hija secuestrada en una fosa clandestina y, gracias a sus investigaciones, se pudo detener a 13 presuntos responsables.
Con esto, piden que la sociedad no se confunda, ya que los hechos no responden al infortunio o a la fatalidad; de estas muertes y desapariciones, indican, existen responsables que trascienden a quienes cometen esos delitos de manera material e intelectual.
Aseguran que los funcionarios públicos, también responsables, no han podido cumplir sus compromisos ni aprobar una ley sobre los distintos tipos de desapariciones que cumpla con las exigencias de las familias y con los compromisos internacionales del Estado mexicano.
El pronunciamiento añade que, asimismo, “es consecuencia de políticas públicas que han permitido que esto ocurra, pues han sido diseñadas e instrumentadas por funcionarios que tienen nombre y apellido, que existen y que deben tener responsabilidades políticas, pero también penales”.
‘‘Es inaceptable la crisis en la que estamos sumidos, pero lo es aún más el cinismo y la incapacidad de los funcionarios del Estado que miran a otro lado. Ante la barbarie y la violencia, parece cada vez más claro que sólo la sociedad civil puede impulsar una paz con justicia y dignidad, aunque dicha responsabilidad sea del Estado y sus funcionarios’’, dice.

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