Ciudades donde se ha privatizado el agua sufren mala calidad del líquido, excesivas tarifas y cortes del servicio

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El documento elaborado por la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, Agua para todos Agua para la Vida, entre otras organizaciones, destaca que en las ciudades donde se ha privatizado el servicio (Aguascalientes, Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Navojoa, Saltillo, Ramos Arizpe, Puebla, Veracruz y Medellín) sufren de mala calidad del líquido, aumentos excesivos de tarifas, cortes del servicio y falta de transparencia.

Esto demuestra que en México domina un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible el cual favorece a los negocios privados. Se puede observar que las zonas que cuentan con más agua y mayor población indígena son las que se encuentran en mayor carencia, no tienen voluntad política para atender su abastecimiento.

Los datos oficiales revelan que la cobertura de agua potable es de 92.3 por ciento de la población y de 91 por ciento en alcantarillado, aunque lo cierto es que estos miden únicamente la infraestructura, y dejan de fuera el acceso real, continuo, suficiente, de buena calidad y asequible.

Uno de estos casos, ejemplifica, es el de Iztapalapa, en donde las tomas domiciliarias a las que llega agua insalubre se contabilizan como acceso al líquido.

De esta manera, las políticas públicas que se basa en estos datos no atienden realmente los problemas, ya que se dice que el derecho está cubierto y no existen pendientes, mientras que la realidad es que millones de mexicanos no gozan de él.

También se menciona la opacidad e ineficiencia por parte de los organismos operadores de agua potable, razón por la cual se podría impulsar su privatización. Aun y cuando la importancia de la conservación de los recursos hídricos es reconocida, se continúa fomentado la sobreexplotación y contaminación con el otorgamiento de miles de concesiones a industrias extractivas, y en favor a los megadesarrollos, se fomenta la construcción de presas y acueductos.

Respecto al saneamiento, establece que en la mayor parte de las localidades la población tiene contacto con las aguas residuales, cuando éstas deberían llegar a plantas de tratamiento. Señala que, según los datos, entre 70 y 90 por ciento del agua superficial se encuentra contaminada, como en el caso del río Santiago en Jalisco.

Advierte que los acuerdos de privatización del servicio que ha promovido el Banco Mundial, resultaron injustos para los municipios y los usuarios, dañaron el medio ambiente y no aseguran el respeto a los derechos humanos al agua y al saneamiento.

Asegura que las autoridades municipales no han mostrado preocupación durante la gestión de las empresas privatizadas, aunque el derecho humano al agua haya sido violado. La respuesta a las quejas y demandas de la ciudadanía ha sido nula y no se han aplicado sanciones a las empresas privadas.

Recordó los ataques que, entre 2010 y 2016, se dieron contra defensores ambientales, principalmente en los estados de México y Sonora, los cuales tuvieron12 casos, seguidos de Oaxaca con seis, Puebla cinco, Colima y Campeche, con cuatro casos, etc. Las amenazas, intimidación, criminalización y agresiones físicas fueron los principales.

Por último, indica que los factores que propician dichas agresiones son la corrupción y la impunidad, también, el incremento de los conflictos socioambientales por los intereses económicos implicados, el desequilibrio del poder entre los estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos.

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