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En Coahuila, el saldo del Ejecutivo estatal con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) asciende a mil 184.5 millones de pesos en las cuentas públicas de 2012 a 2015, correspondientes al gobernador Rubén Moreira.
Entre los recursos que se aún no se acreditan se encuentran los pagos irregulares a maestros con licencias sindicales por casi 100 millones de pesos, subejercicios en programas prioritarios de seguridad e inconsistencias en inversiones.
Ante esto, la ASF no ha procedido penalmente en ninguna de las auditorias que corresponden al presente sexenio, ya que las 3 denuncias penales existentes en la Procuraduría General de la República (PGR) son correspondientes a la administración de Humberto Moreira (2005 – 2011). Esto aun y cuando la mayor parte de las irregularidades no solventadas corresponden a los ejercicios de 2014 y 2015.
Al momento que la ASF revisó el gasto de programas federalizados en Coahuila, se pudo detectar la transferencia fuera de norma de una partida de 365.7 millones de pesos que habían sido canalizados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades, la cual el gobierno de Coahuila mandó a otras cuentas sin acreditar dicho gasto durante 2015. La operación se encuentra en periodo para ser solventada.
Existen también auditorias relacionadas con el sector educativo, entre las cuales se encuentra el pago indebido por un monto acumulado de 94.6 millones de pesos de la nómina de la Secretaría de Educación del gobierno de Coahuila hacia personal de centros de empleados los cuales en realidad estaban comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recursos provenían del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
La ASF también encontró recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, los cuales fueron asignados a programas prioritarios. El gobierno estatal transfirió, de forma irregular, 229 millones de pesos a cuentas del gobierno del estado. Esto causó que la administración, al momento de auditarse el dinero, no pudiera acreditar el paradero de 48.3 millones.
De igual manera, el gobierno estatal dispuso que se dejaran de ejercer recursos que fueron reportados como ahorros presupuestarios, sin autorización por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de que no se aplicaran en el cumplimiento de los programas para los cuales fueron asignados.
En relación al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, la ASF se encargó de auditar los recursos transferidos al estado por esta vía, los cuales sumaban 55 millones de pesos. Así se detectó que, al cierre de la auditoría, el Ejecutivo estatal había empleado solamente 35.3 por ciento del dinero.
De igual manera de reportó la partida de 53.4 millones de pesos enviados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, los cuales, al cierre de la fiscalización del gasto, no fueron aplicados e incluso se transfirieron a otra cuenta de forma irregular, sin que se haya procedido a su reintegración.
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