Puebla, de los tres estados con más indígenas presos por falta de traductores y violaciones a debido proceso

Puebla, de los tres estados con más indígenas presos por falta de traductores y violaciones a debido proceso
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Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del grupo parlamentario del PRD mencionó que Puebla se ha convertido en uno de los tres estados del país con más indígenas presos. En la mayoría de los casos se violó el debido proceso.
La diputada expuso que estos procedimientos están llenos de irregularidades, por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados. También porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos.
A esta problemática se unen los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Ante esto, la legisladora comentó: “Estas conductas motivarían forzosamente la reposición del procedimiento”.
Según Barón, las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia justifican estas violaciones por la falta de presupuesto, ya que, en promedio, se invierten 40 mil pesos en el juicio contra una persona indígena. Estos datos son proporcionados por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet).
“Pero no han entendido que están violando la norma” y ante esto, la diputada lamenta que ninguna autoridad se encargue de sancionar “esta evidente ilegalidad”.
Dicha violación se comete al primer párrafo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2 de la Constitución del país. En este se estipula que las comunidades tienen derecho al pleno acceso a la justicia, y por lo tanto deben ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Sobre el presupuesto para las labores de procuración e impartición de justicia, la diputada del PRD aseguró que este está debidamente diseñado para solventar todas las erogaciones que resulten de su aplicación, “por ende, están mintiendo los que argumentan falta de recursos para garantizar a los indígenas un debido proceso”.
Barón opina que, si el presupuesto de verdad es insuficiente para atender los casos de indígenas, se debe entonces bajar los sueldos de los altos mandos y recortar personal en las áreas donde exista un exceso de burócratas.
Insiste en que “la autoridad competente realice las acciones necesarias para destinar los recursos que garanticen el debido proceso de las y los indígenas en lo que hace a su derecho de contar un con traductor o interprete durante lo que dure su procedimiento penal”.
Si la situación continua de la misma manera, la perredista advierte que indígenas seguirán pagando condenas por homicidio, violencia intrafamiliar, violación y secuestro al firmar sentencias que no pueden leer ni entender, ya que no cuentan con un traductor o intérprete.

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