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(06 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- El pasado 28 de marzo de 2017, después de 35 días de encarcelamiento arbitrario, obtuvo su libertad Silvia Juárez Juárez (Silvia Juárez), indígena zoque, defensora comunitaria de derechos humanos, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio Zoque, en resistencia civil y pacífica en contra de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos y de minería en el municipio de Tecpatán, Chiapas y la región.
Ella fue detenida el pasado 21 de febrero de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14, El Amate, en el municipio Cintalapa de Figueroa. El Juzgado de Control y Enjuiciamiento, con sede en Cintalapa de Figueroa, ordenó la libertad de Silvia Juárez, después de que Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, se desistió de la acción penal por los delitos de secuestro, daños y motín, por considerar que al Ministerio Público le faltaron elementos para acreditar los mencionados delitos.
Sin embargo, Silvia Juárez aún está sujeta a proceso, con la obligación de firmar ante Juzgado cada quince días, porque César Rodríguez Robles, Juez de Control, consideró que “existen elementos para acreditar el delito de daños”. “Ante las amenazas de riesgo a su integridad y el hostigamiento reiterado en contra de las y los defensores del territorio zoque, Silvia Juárez no puede regresar a su hogar con su familia”, menciona el Centro de Derechos Humanos Frayba.
Además, se señala que horas antes que Silvia Juárez quedara en libertad, el presidente municipal de Tecpatán Armando Pastrana Jiménez promovió un amparo por el desistimiento de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE), “para evitar que la defensora comunitaria obtuviera su libertad. Además de mantener denuncia en contra de 29 personas defensoras comunitarias, ante el Fiscal del Ministerio Público en Chiapa de Corzo, de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa”.
Debido al hostigamiento judicial y ante el temor de ser privados arbitrariamente de su libertad, el pasado 23 de febrero, los defensores comunitarios Sergio Cruz Escobar y Lucas Nañes Castellanos solicitaron amparo y protección por orden de aprehensión en su contra, señala Frayba.
El dos de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas les requirió la cantidad de 19 mil pesos a cada uno, como fianza para obtener la suspensión de la orden de aprehensión. “Ante la imposibilidad de que los defensores comunitarios realicen el depósito requerido su libertad se encuentra en riesgo”.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C, la privación arbitraria de la libertad de Silvia Juárez y el mantenerla bajo proceso, así como las órdenes de aprehensión en contra de otras 29 personas, “son acciones de criminalización por su defensa de derechos humanos, como cuidadoras de la Madre Tierra, en contra de los intereses generados por la industria extractiva en la región zoque de Chiapas”.
Frayba advierte con preocupación que a pesar de los cambios en el sistema de justicia penal, en Chiapas se mantienen las prácticas de violaciones a garantías judiciales y protección judicial así como a la presunción de inocencia, que generan privaciones arbitrarias a la libertad.
“Especialmente, el sistema de procuración y administración de justicia se usa para criminalizar y reprimir a defensores y defensoras de derechos humanos, en un contexto de cada vez mayor riesgo de quienes enfrentan hostigamiento, amenazas, desprestigio, entre otras agresiones. Situación de vulnerabilidad en el país, tal y como lo refiere Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos”.
“La situación de quienes defienden derechos humanos en México está condicionada por la criminalización de sus actividades. Esto se realiza a través del mal uso deliberado del derecho penal y de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de agentes estatales y no estatales, para obstaculizar e incluso impedir el legítimo derecho del defensor o la defensora de derechos humanos a promover y proteger los derechos humanos.
Generalmente la criminalización se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias infundadas o de querellas basadas en delitos penales, los cuales pueden no estar en conformidad con el principio de legalidad ni cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a las defensoras y los defensores a largos procesos legales es claramente un instrumento para intimidarlos y subyugar su defensa de los derechos humanos”, se informa.
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