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Los convenios realizados por los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc y Tlaltenango que dieron pie a la privatización del agua en 2014 fueron clasificados como información reservada por parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).
La única información que dio a conocer fue que la mayoría de los ayuntamientos renunciaron por tiempo “indefinido” a su facultad de administrar el líquido.
Los acuerdos de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc se firmaron el 13 de septiembre de 2013, 24 horas después de que el Congreso local aprobó una reforma a la ley del agua que anticipó la privatización del servicio hídrico, pues en ésta se determinaba que la empresa concesionaria establecería las tarifas de esa prestación.
En los cinco convenios se estipula que “el municipio ratifica la entrega en favor del SOAPAP del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales que actualmente presta el SOAPAP en el municipio y el SOAPAP ratifica la asunción de dicha prestación”.
El convenio de Tlaltenango vino poco después, el 21 de noviembre de 2013, mientras el de Puebla capital se signó el 29 de mayo de ese mismo año.
Aunque el 12 de septiembre de 2013 el cabildo de Puebla dejó entrever que la privatización del servicio se ampliaría a Juan C. Bonilla, San Miguel Xoxtla, Santa Clara Ocoyucan y Coronango, con la firma de los convenios respectivos de esos municipios, estos no se han celebrado.
La vigencia del acuerdo en la capital del estado se venció desde el 14 de febrero de 2014 y no se realizó algún otro para reemplazarlo. Sin embargo, el servicio del agua de este lugar sigue siendo contralado por el sector privado.
Concesiones integrales, mejor conocida por su nombre comercial Agua de Puebla para Todos, fue el principal beneficiado con la firma de los convenios, ya que recibió del SOAPAP la concesión para hacerse cargo de sus actividades en las seis demarcaciones ya mencionadas.
El principal fundamento de la SOAPAP para no proporcionar la documentación solicitada por la Jornada de Oriente, la cual se supone que es pública, fue que la privatización del agua se encuentra controvertida mediante juicios de amparo, los cuales promovieron habitantes del estado inconformes con las actividades de Concesiones Integrales.
“Si bien es cierto que del procedimiento licitatorio resultó un participante adjudicado por parte de este organismo, también lo es que derivado de dicho procedimiento existen inconformidades con esa determinación, lo que originó que diversas personas, aun siendo ajenas al procedimiento de licitación, tramitaran juicios de amparo, mismos que a la fecha se encuentran pendientes de resolverse por la autoridad federal”.
También mencionó que los documentos solicitados son “parte y fondo de los juicios en cita”, y que por esta razón permanecerán reservados “hasta que se dicte la sentencia correspondiente en los medios de defensa”, recalcando que: “bajo ese tenor, nos encontramos imposibilitados en entregar lo solicitado.”
Por su parte, San Pedro Cholula es el único municipio que lleva una lucha jurídica contra el sector privado y su participación en el manejo del agua potable. Así, decidió no corroborar el convenio que Dolores Parra Jiménez firmó con Concesiones Integrales.
José Juan Espinosa Torres, actual alcalde de la demarcación, informó que el próximo 1 de mayo, su ayuntamiento tendrá de nuevo la potestad de la administración del recurso hídrico y que la empresa deberá entregar las 10 mil cuentas que cobró por el servicio en las juntas auxiliares de Santiago Momoxpan y Manantiales, por haberlas realizado de manera irregular.
Según el edil, su lucha por recuperar el control sobre el servicio de agua es para hacer valer la Constitución del país, la cual señala como responsables del servicio a los gobiernos municipales.
Sobre las declaraciones de Héctor Durán Díaz, el director de Concesiones Integrales, respecto a que San Pedro Cholula no cuenta con infraestructura para otorgar el servicio del agua en la localidad, Espinosa declaró:
“Es una aberración jurídica el que quiera decir que el SOAPAP invirtió en la infraestructura hidráulica; entonces la empresa se va a llevar los tubos, la red y los pozos; la obra se hizo con dinero público y Concesiones no puso un solo peso”.
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