Ante alza de violencia contra periodistas en México, ONG’S instan a gobierno federal a frenar “tendencia asesina”

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(12 de abril, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Desde que Enrique Peña Nieto asumió el poder en 2012, 30 periodistas han sido asesinados”, dio a conocer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Entre 2010 y 2016, el 99.75% de los asesinatos de periodistas han quedado impunes. Por lo que a la luz de esa alarmante situación, “nosotros, las organizaciones instamos al gobierno de México a tomar medidas que frenen esta tendencia asesina y que lleven a los responsables ante la justicia”, denunciaron un grupo de organizaciones.

Tan sólo en el mes de marzo de 2017, tres periodistas fueron víctimas de asesinatos selectivos. Esto plantea serias dudas no sólo sobre la capacidad del Estado mexicano para controlar la violencia contra los periodistas, sino también sobre la efectividad de los mecanismos de protección existentes, ya que uno de los asesinatos se llevó a cabo después de que se considerara que la protección estatal ya no era necesaria, denunciaron.

“Los nombres de las víctimas y las circunstancias de sus asesinatos son los siguientes: Miroslava Breach, Colaborador de La Jornada y El Norte de Juárez, entre otros medios de noticias. Breach abarcaba principalmente las historias sobre política y seguridad y había encabezado recientemente una investigación de corrupción que condujo al despido del Secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez.

También escribió ampliamente sobre la corrupción en la administración del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez. Breach fue baleado y asesinado por un hombre armado no identificado en la mañana del 23 de marzo de 2017 cuando abandonó su casa en Chihuahua”.

Se menciona que, Ricardo Monlui Cabera, Director del periódico impreso El Politico. Monlui escribió principalmente sobre la producción de caña de azúcar y fue también presidente de una asociación de periodistas en el Estado de Veracruz. Monlui fue baleado y asesinado en un restaurante en Yanga, Veracruz mientras desayunaba con miembros de su familia.

En tanto, Cecilio Pineda, Director de La Voz de la Tierra Caliente informó ampliamente sobre la corrupción dentro de las autoridades estatales en Guerrero. Había criticado recientemente al Gobierno del Estado de Guerrero por carecer de la voluntad política y de la capacidad necesaria para tratar con el Cártel Tequileros.

El 2 de marzo de 2017, Pineda fue asesinado a tiros por dos hombres en una motocicleta en un lavadero de autos en la ciudad de Altamirano. De estos tres trágicos asesinatos, “el de Cecilio Pineda es quizás el que mejor ejemplifica la incapacidad del Estado mexicano para detener la violencia contra los periodistas en el país”, se denunció.

Después de un fallido intento de asesinato en septiembre de 2015, Pineda recibió medidas de protección a través de un programa del Ministerio del Interior para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas amenazados (también conocido por su acrónimo SEGOB).

El 14 de octubre de 2016, SEGOB retiró esas medidas considerando como bajo el riesgo corrido por Pineda, una decisión que tuvo consecuencias mortales. SEGOB ha proporcionado muy poca información sobre cómo llegaron a esta evaluación.

“Estamos profundamente preocupados por esta reciente oleada de violencia contra periodistas en México y los niveles de impunidad asociados con estos crímenes. Una tasa cercana al 100% de impunidad es indicativa de graves problemas con la administración de justicia en México.

Además, denunciamos enérgicamente la decisión del Ministerio del Interior de retirar las medidas cautelares de Pineda y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que:

Investiguen inmediatamente, de manera exhaustiva e imparcial, los asesinatos de Miroslava Breach, Ricardo Monlui Cabrera y Cecilio Pineda y que lleven a los responsables ante la justicia.

Investiguen la decisión equivocada del Ministerio del Interior de negarle a Cecilio Pineda las protecciones garantizadas bajo el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y que proporcionen transparencia acerca de por qué su caso fue considerado de bajo riesgo”.

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